Las universidades temen asumir con recursos propios los costes de la nueva Ley de Ciencia
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.
Después de que las universidades hayan mostrado su preocupación ante la posibilidad de tener que asumir con recursos propios la nueva Ley de Ciencia, Ciudadanos propone la puesta en marcha, junto con las comunidades autónomas, de un mecanismo de financiación extraordinario para los centros puedan costear los contratos indefinidos de los investigadores, la modalidad que la nueva norma fija como general.
A través del registro de una proposición no de ley, el partido liderado por Inés Arrimadas reclama que la implementación de la nueva ley tenga garantizada su financiación y propone estudiar que este coste se cubra con los fondos europeos Next Generation, en concreto, mediante aportaciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El partido naranja reclama, además, un plan para garantizar los presupuestos de centros de investigación y universidades a medio largo y plazo, pactado con las autonomías y que apueste por la investigación y la creación de empleo.
La nueva Ley de Ciencia, que el Congreso aprobó el pasado jueves, limita la contratación temporal de investigadores a los contratos estén relacionados de una forma «estricta» con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE y exclusivamente por el tiempo necesario para la ejecución de los proyectos.
Pese a que una mayoría de la comunidad científica celebra los nuevos contratos indefinidos, universidades y algunos centros temen tener que asumir las indemnizaciones y llegar a un «colapso», tal y como se ha referido la Crue. Rectores y directores auguran no poder asumir los costes y advierten que la ley no soluciona la precariedad, sino que la enmascara, fomentando la creación de falsos contratos indefinidos.
Por su parte, el Gobierno se ha comprometido con ERC a incrementar los costes indirectos desde el actual 21 hasta el 25% en las convocatorias de proyectos de investigación que gestionan la Agencia Estatal de Investigación y el Instituto de Salud Carlos III, lo que permitirá a los centros de investigación y a las universidades hacer frente al aumento de costes de funcionamiento.
