Adimad pronostica la desaparición de la enseñanza pública tal y como la conocemos hasta ahora

En una entrevista con Efe, ante el comienzo del curso, Álvarez, director del Instituto «Sierra de Guadarrama» en Soto del Real, sostiene que «la Educación pública en la región no solamente está maltratada, está discriminada», frente a la privada-concertada. «La red pública se deteriora, mientras que la red privada-concertada se amplía», indica Álvarez, quien lamenta la escasez de recursos para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales y la reducción de entre 800 y 1.000 profesores por la supresión de los refuerzos por la pandemia de la covid, lo que suponía dos o tres docentes adicionales por centro.

El presidente de Adimad señala que la Comunidad está «a la cola de Europa» en segregación de los alumnos por centros, solo superada por Rumanía, de manera que la mayoría de los alumnos inmigrantes, con dificultades y con bajo nivel de renta están todos juntos en centros públicos que son «auténticos guetos». «Después de 25 años de políticas neoliberales en la Comunidad, el deterioro de la educación pública es tan grande, que va a haber un punto de no retorno porque volver a la situación de origen va a ser muy difícil y muy costoso», pronostica.

Álvarez se muestra preocupado por la deriva del Gobierno regional, que, a su juicio, «usa la Lomloe como arma política para fidelizar a sus votantes» y lanza «críticas pueriles» como que la ley no incluye los números romanos, no contempla el uso de las comas o habla del ecofeminismo.

En el conjunto del Estado, Álvarez expresa su malestar ante la negativa del Ministerio a regular la bajada de ratios en el decreto de condiciones mínimas y lamenta «la cicatería» del Gobierno a la hora de aportar recursos a las comunidades autónomas para alcanzar este objetivo. Con el número máximo de 30 alumnos en los centros, 33 en algunos cursos de Secundaria o 35 y hasta 38 en Bachillerato, la diversidad de los estudiantes es tan grande que es muy difícil que el profesor pueda atenderlos, asegura. «No vale con recomendaciones», recalca, porque hay comunidades en las que el número de alumnos por aula es más reducido, mientras que en otras como Madrid o Cataluña las ratios están al máximo.

El presidente de Adimad subraya que «cuando se han reducido las ratios a 25 alumnos por clase en 1º y 2º de ESO en la Comunidad de Madrid, con la pandemia, hemos tenidos los mejores resultados de toda la serie histórica». «Es lo de siempre. Hacen grandes discursos y grandes proyectos, pero no ponen los medios para cumplirlos», se queja Álvarez.

Otra de sus preocupaciones es el problema de los intentos suicidio –el curso 2021-22 terminó con más de setecientos alumnos con protocolos de suicidio, algunos de ellos con varias tentativas–. «Una de las consecuencias más nefastas de la pandemia es que la salud mental y psicológica de los estudiantes se ha resentido muchísimo», admite. «¿Qué ha hecho la Administración? Nada concreto. Se ha aprobado la Ley 8/2021, de protección de la infancia que obliga a que todos los centros tengan este año un profesor que se ocupe de estos problemas. Nos ha parecido una burla macabra. Cuando tienen que tomar medidas, prima el criterio económico. No contratan más personal porque esto supondría más gastos, de manera que asignan esta función a un docente que no es un profesional en esta materia», agrega.

Con el inicio del curso escolar, la Marea Verde en defensa de la escuela pública ha vuelto este sábado recorrer las calles del centro de Madrid para reclamar más plazas públicas y una reducción de las ratios en las aulas. La protesta ha comenzado a mediodía en la plaza de Neptuno y ha terminado en la calle de Alcalá, frente a la sede de la Consejería de Educación.

‘No al saqueo de la Educación pública’ y ‘dinero público para la pública’ han sido algunas de las consignas más coreadas durante la marcha, en la que ha vuelto ha destacar el color verde de las camisetas de los manifestantes, entre los que se encontraba la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso. «Estamos aquí porque hay un inicio de curso que está siendo bastante traumático para las familias madrileñas», ha afirmado Alonso en declaraciones a los medios.

«Las familias de la Comunidad de Madrid son las que mas dinero destinan de toda España a la vuelta a las aulas. Y eso es así porque hace falta invertir en educación pública, hacen faltan edificios donde poder impartir las clases, hace falta profesorado al empezar el curso con 2.000 profesores menos y hacen falta plazas públicas», ha enumerado la portavoz de UP.

Según Alonso, el año pasado 25.000 alumnos de Formación Profesional se quedaron sin plazas públicas «y este año vamos por el mismo camino». «Tenemos a una presidenta autonómica que está por degradar los servicios públicos», ha dicho la portavoz de UP, quien ha augurado un «otoño caliente» de movilizaciones.

Sobre la idea de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de plantear el comienzo del curso el 1 de septiembre, ha considerado que adelantar la vuelta a las aulas «al tiempo que recorta personal» no tiene mucho sentido y sostiene que se trata de un anuncio «más efectista» que otra cosa.