El STEC pide a Torres que evite que 1.200 docentes interinos vayan al paro en Canarias

Se trata de profesores que llevan 10, 15, 20 y hasta 25 años impartiendo docencia y que irán a ese concurso de méritos, por el que se cubrirán 4.333 plazas en las islas, con el hándicap de no obtener puntos por no haberse presentado a oposiciones después de 2012, ya que no han sido convocadas por la administración pública, ha explicado en una rueda de prensa el representante sindical Gerardo Rodríguez.

El miembro de este sindicato ha recalcado que, ante la «avalancha» que se prevé de participantes procedentes de otros puntos de España en este concurso de méritos, dado el «efecto llamada» de las plazas que se ofertan en Canarias, cosa que no ocurre en otras comunidades autónomas, su efecto en la estabilidad laboral de los docentes isleños puede ser «impactante, llegando a generar un verdadero problema social». Por ello, este sindicato ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que regula este proceso, dirigido a estabilizar a personal interino, al entender que «vulnera el espíritu» de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a España a rebajar del 30 a 8% el volumen de este colectivo de trabajadores.

Para el sindicato de docentes de la enseñanza no universitaria canaria, este concurso de méritos debería posponerse hasta 2024 en tanto y cuanto se resuelve este recurso, tiempo en el que se podría modificar e incluir medidas como la obligatoriedad de la presencialidad, para que no se pueda participar de forma telemática, o anular la limitación a la antigüedad, establecida en diez años, y que si la hay, sea en centros públicos de Canarias.

En la rueda de prensa de valoración del inicio del curso 2022-22, el STEC-IC también ha exigido que los nombramientos de docentes por vacantes, que aún continúan produciéndose, «sean a curso completo, esto es, hasta el 31 de agosto de 2023, y no hasta el 30 de junio», como asegura que ocurre en algunos casos. De igual forma, el sindicato «no entiende» por qué no se han publicado aún en el BOE los diferentes currículos, lo que genera una «inseguridad jurídica» en los docentes a la hora de diseñar las diversas programaciones.

Respecto a las plazas del máster de Formación del Profesorado que se exige para impartir docencia y que ofertan este curso las universidades públicas del archipiélago, unas 600 entre las dos, el sindicato ha estimado que se necesitarían unas 900 para cubrir las jubilaciones que se producen cada año y absorber con holgura la demanda y evitar que de pagar 700 euros de media, los interesados tengan que abonar más de 5.000 para cursarlos en centros privados. Por esta oferta pública deficiente este año han quedado «en el limbo» un centenar de egresados o profesores de Secundaria, asegura la organización sindical.

Sobre el Personal de Administración y Servicios, conformado por una plantilla de 3.900 trabajadores, el STEC estima que este colectivo debe aumentarse en 1.500 efectivos para cubrir las necesidades que presentan los centros de la red educativa pública canaria.

El sindicato ha exigido que los próximos presupuestos regionales cumplan con lo que establece la ley canaria de Educación, es decir, que se destine el 5% del PIB de la comunidad autónoma a este servicio esencial y también ha llamado la atención sobre la situación de precariedad que, un año después de la erupción volcánica en La Palma, afecta a muchos escolares y docentes de centros del sur de la isla que han desaparecido y se han habilitado en instalaciones como asociaciones de vecinos, que no reúnen las condiciones exigibles.

El STEC-IC rechaza también que la nueva ley de educación, la Lomloe, no haya equiparado a todo el personal técnico de FP a los docentes de Bachillerato, a pesar de que desempeñan las mismas funciones, lo que considera un «castigo a un personal que ha hecho grande» estos estudios.

Sobre la entrada en vigor de las enseñanzas del primer ciclo de Infantil, con un proyecto piloto dirigido a niños de 2 y 3 años implantado en 34 centros de las islas, Laura Pellicer ha valorado este «primer paso significativo» a la hora de cubrir esta demanda, que debe de seguir ampliándose, pero ha criticado que algunas de las obras de adaptación de las aulas seguían en marcha una vez iniciado el curso.