El Ministerio de Educación y FP destina cerca de 980 millones para formación de trabajadores

La Conferencia Sectorial de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo ha validado esta mañana la distribución a las comunidades autónomas de más de 978,8 millones para la formación de trabajadores en 2023. A continuación, se ha celebrado también la Conferencia Sectorial de Educación. En ambas reuniones se abordado el proyecto de Real Decreto de Ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional.

Por una parte, las comunidades han dado luz verde al reparto de cerca de 867,3 millones de euros (867.284.490), procedentes de los presupuestos del Ministerio, para la formación de trabajadores, empleados y desempleados, lo que supone un incremento de casi 21 millones de euros respecto al ejercicio anterior.

También han aprobado la distribución de 111,5 millones de euros (111.542.000 euros) para la cualificación y la recualificación de los trabajadores, casi un 30% más que en el año 2022, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Servirán para acciones formativas basadas en módulos de entre 30 y 60 horas de formación referenciada en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Por otra parte, las comunidades han examinado el borrador de Real Decreto de ordenación de FP que flexibiliza el sistema para facilitar el acceso de toda la población a la FP, con el fin de mejorar la empleabilidad y responder a la alta demanda de profesionales especializados en los distintos sectores productivos. Permitirá así la implantación en su totalidad de la Ley orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobada en marzo de 2022.

El texto da luz verde a la creación de múltiples ofertas formativas de diversas tipologías y duraciones, adaptadas a las necesidades de cada persona. Todas ellas tendrán validez dentro del sistema de FP, serán acreditables, e irán sumando en la trayectoria formativa de los trabajadores. El nuevo sistema garantizará que toda la oferta formativa pueda ofertarse también por módulos individuales o agrupados, abriéndose así múltiples posibilidades de formación.

En el caso de los ciclos formativos de Grado Medio y Superior (grado D), la parte troncal obligatoria estará formada por módulos profesionales, módulos asociados y por el proyecto intermodular. Entre los módulos asociados, se incorpora, por primera vez, dos módulos de Itinerario personal para la empleabilidad, uno en cada curso, otro de Digitalización aplicada al sistema productivo, un módulo de Sostenibilidad y, por último, un módulo de Inglés técnico. El objetivo es adaptar la formación a las necesidades reales de la nueva economía.

También contempla el diseño de itinerarios integrados en los que se podrán combinar ciclos de diferentes grados, así como dobles titulaciones de grado medio, de grado superior o de dos cursos de especialización. Además, promueve las ofertas de doble titulación internacional.

La norma asegura el carácter dual de la nueva Formación Profesional: todo el alumnado recibirá formación en el centro y en la empresa con periodos de mayor duración y de más calidad. El texto define las funciones que asumirán el tutor dual de centro y el tutor dual de empresa, dos figuras esenciales para garantizar la calidad de la formación en ambos espacios.

Asimismo, el texto incorpora al sistema de FP nuevos perfiles como los expertos de empresa, que podrán impartir docencia en caso de que sea necesario; los expertos senior de empresa, que podrán incorporarse a los equipos docentes cuando así se requiera para cubrir necesidades de formación o garantizar la actualización permanente de los currículos; el experto senior docente, que podrá desempeñar tareas de mentoría; y el prospector de empresas, que facilitará el contacto entre el centro y las empresas del entorno.

Por otra parte, los centros contarán con un responsable de innovación, otro de internacionalización y un coordinador del servicio de orientación profesional, emprendimiento y del procedimiento de acreditación de competencias profesionales.

Estas figuras responden a un nuevo tipo de centro de Formación Profesional propio de la realidad actual. Los centros tenderán a un modelo especializado e integral con ofertas tanto para jóvenes como para trabajadores. Además, impulsarán proyectos de internacionalización, de innovación e investigación aplicada, favorecerán la conectividad entre ellos, y contarán con un servicio de orientación profesional y de acreditación de competencias. Se incluirán progresivamente en ellos aulas de innovación, recursos tecnológicos aplicados, simuladores y de realidad inmersiva, así como aulas de emprendimiento.

Antes de llegar a ambas sectoriales, el proyecto de Real Decreto ha sido debatido en cerca de una veintena de reuniones mantenidas con las distintas comunidades, los interlocutores sociales, en el marco de la Mesa de Diálogo Social por la FP, en el Consejo Escolar del Estado y en la Comisión General de Formación Profesional.

La Xunta de Galicia ha señalado que el nuevo real decreto «no supone una gran novedad» y además reclama una «memoria económica» y «más facilidades» para la incorporación de expertos de los sectores productivos como docentes. Así lo ha señalado el Gobierno gallego en una nota de prensa tras la participación del conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, en la Sectorial de Educación.

Según ha advertido Rodríguez, el proyecto del Ministerio no realiza verdaderos cambios, dado que la mayoría de las medidas que contempla «ya se aplican desde hace tiempo». Señala el titular de Educación de la Xunta que en Galicia ya se incorporó un módulo inglés en los currículos implantados en los últimos cursos, que ya hay dobles grados, que la FP Dual ya está diseñada para adaptarse a empresas y que los centros educativos ya ofrecen acciones formativas para desempleados.

En todo caso, el conselleiro sí que lamentó la «prisa» del Gobierno central por «agilizar un proceso normativo» poniendo la vista en las próximas elecciones estatales, lo que ha dificultado «el análisis de los textos, el debate y la reflexión serena». «El último documento corrige varias cuestiones e incorpora sugerencias de otras comunidades que aún no hemos podido estudiar», ha explicado Rodríguez.

Sin embargo, la mayoría de sus críticas respecto al decreto de la FP tienen que ver con la falta de un informe económico, puesto que determinadas medidas como la reducción de ratios, los cursos de formación específicos preparatorios para el acceso a la FP de grado superior o el aumento en ayudas para viajes de estudiantes «supondrán un coste adicional» que desde el Ministerio de Educación no aclaran cómo se va a financiar.

«Volvemos a estar, como ya viene siendo habitual, con un ejemplo de normativa en la que el Gobierno central impone medidas que deben sufragar, sin apoyo, las comunidades autónomas», ha declarado. En este sentido, pone como ejemplo la equiparación salarial de los profesores técnicos de FP, que en Galicia supone una inversión anual de 3,5 millones de euros y que la Xunta asume.

Por último, en relación a la docencia, Rodríguez ha condenado que el proyecto normativo sólo permita la contratación de estas expertos del sector productivo «si no hubiera otro docente disponible». «Esto limita la posible incorporación a la docencia de esta figura clave para la formación profesional», ha lamentado el conselleiro, que ha añadido los expertos «mantienen una conexión directa con los sectores empresariales, garantiza la formación óptima de los alumnos en determinados módulos profesionales y contribuye a la actualización de los planes de estudios formativos».