IU de Aragón denuncia que las normas de escolarización perjudican a la escuela pública
Izquierda Unida de Aragón ha denunciado este martes que el proceso de escolarización para el curso 2023-24 está basado en normas que provocan el cierre de numerosas aulas públicas mientras se mantienen e incentivan las privadas concertadas y que el resultado de la política de “convivencia pacífica” del cuatripartito «implica poner alfombra roja a la privada-concertada en detrimento de la escuela pública».
Una normativa que «segrega», para IU, con un «falso apoyo» al alumnado con necesidades especiales con una propuesta «engañosa» que establece que los centros con más del 15% de alumnado matriculado con esas necesidades no ofertarán plazas vacantes con la intención de que no aumente cuando en Aragón no hay ningún centro con ese porcentaje.
Un centro-tipo, con 450 alumnos, debería tener 68 alumnos o más con necesidades para que no siguiera entrando alumnado ACNEAE y sin embargo, advierte IU, hay unos 30 colegios cuyo alumnado ACNEAE supone entre el 7 y el 15%, entre 31 y 67 alumnos, un número suficiente para que se vaya distribuyendo entre otros centros, mayoritariamente concertados, que tienen porcentajes de menos del 2%. «Es necesario garantizar una educación de calidad a este alumnado y distribuirlo con los centros que tienen sólo 5 alumnos con necesidades de apoyo y no entre los centros que ya tienen 60, para atender a todo el alumnado en óptimas condiciones», subraya la formación, que insiste en que son medidas que perjudican a la escuela pública, que escolariza al 72% del alumnado ACNEAE, mientras la concertada sólo al 28%.
IU critica igualmente que en muchos centros de Aragón se rompe el criterio de equidad, con ratios diferenciadas que no responden a criterios pedagógicos, sino economicistas. Pone como ejemplo las zonas escolares con ratio más baja (20 Huesca; 21 Teruel; 21 Zaragoza provincia) y que en Zaragoza ciudad empeora: en seis zonas la ratio es 21 aunque 11 centros de esas zonas la tienen de 24 o 25 porque son centros con mucha diversidad. Además, asegura que los centros privados concertados llenan sus vacantes y las vacantes sin cubrir quedan en los centros públicos, a los que va a parar el alumnado fuera de plazo, con dificultades de idioma, retraso escolar o no escolarizado con anterioridad.
Este curso, un centro con 500 alumnos ha recibido hasta febrero otros 50 alumnos, el 10 % del total, algo que sucede igual en los centros concertados 2por una mala planificación y la falta de valentía de DGA». Ante esta situación, IU propone un «cambio radical» de estos criterios al considerarlos «dañinos para la escuela pública» y que, a su juicio, suponen «una privatización encubierta del sistema educativo aragonés que es «muy difícil de entender» viniendo de un Gobierno cuatripartito progresista.