IU de Aragón denuncia que las normas de escolarización perjudican a la escuela pública
Una normativa que «segrega», para IU, con un «falso apoyo» al alumnado con necesidades especiales con una propuesta «engañosa» que establece que los centros con más del 15% de alumnado matriculado con esas necesidades no ofertarán plazas vacantes con la intención de que no aumente cuando en Aragón no hay ningún centro con ese porcentaje.
Un centro-tipo, con 450 alumnos, debería tener 68 alumnos o más con necesidades para que no siguiera entrando alumnado ACNEAE y sin embargo, advierte IU, hay unos 30 colegios cuyo alumnado ACNEAE supone entre el 7 y el 15%, entre 31 y 67 alumnos, un número suficiente para que se vaya distribuyendo entre otros centros, mayoritariamente concertados, que tienen porcentajes de menos del 2%. «Es necesario garantizar una educación de calidad a este alumnado y distribuirlo con los centros que tienen sólo 5 alumnos con necesidades de apoyo y no entre los centros que ya tienen 60, para atender a todo el alumnado en óptimas condiciones», subraya la formación, que insiste en que son medidas que perjudican a la escuela pública, que escolariza al 72% del alumnado ACNEAE, mientras la concertada sólo al 28%.
IU critica igualmente que en muchos centros de Aragón se rompe el criterio de equidad, con ratios diferenciadas que no responden a criterios pedagógicos, sino economicistas. Pone como ejemplo las zonas escolares con ratio más baja (20 Huesca; 21 Teruel; 21 Zaragoza provincia) y que en Zaragoza ciudad empeora: en seis zonas la ratio es 21 aunque 11 centros de esas zonas la tienen de 24 o 25 porque son centros con mucha diversidad. Además, asegura que los centros privados concertados llenan sus vacantes y las vacantes sin cubrir quedan en los centros públicos, a los que va a parar el alumnado fuera de plazo, con dificultades de idioma, retraso escolar o no escolarizado con anterioridad.
Este curso, un centro con 500 alumnos ha recibido hasta febrero otros 50 alumnos, el 10 % del total, algo que sucede igual en los centros concertados 2por una mala planificación y la falta de valentía de DGA». Ante esta situación, IU propone un «cambio radical» de estos criterios al considerarlos «dañinos para la escuela pública» y que, a su juicio, suponen «una privatización encubierta del sistema educativo aragonés que es «muy difícil de entender» viniendo de un Gobierno cuatripartito progresista.