El Gobierno vasco impulsa una Ley de Educación sin el apoyo total del PSE

El proyecto legislativo será remitido en los próximos días al Parlamento, donde los grupos podrán presentar las enmiendas que consideren, aunque algunos ya han hecho este martes las primeras valoraciones a falta de estudiar en profundidad la propuesta.

El consejero de Educación, el nacionalista Jokin Bildarratz, ha asegurado que el Gobierno al completo, es decir, los consejeros del PNV y del PSE, respaldan el texto. Sin embargo, tras la presentación de la norma, los socialistas vascos han advertido en un comunicado de que no responde a todos los objetivos marcados por este partido.

El PSE ha reconocido que el proyecto ha contado con el voto favorable de los consejeros socialistas para no «obstaculizar» su tramitación ni la búsqueda de consensos más amplios, pero ha dejado claro que para que cuente con su apoyo «deberá resolver determinados aspectos». Y ha argumentado que la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (Cojua) plantea varias objeciones jurídicas al texto que «no han sido suficientemente atendidas» por el Departamento de Educación como algunos elementos que pueden invadir competencias de la legislación básica.

PSE-PSOE: De los tres modelos lingüísticos a uno

La Cojua, según el PSE, aunque no lo señala expresamente, entiende que el proyecto cambia el sistema de modelos lingüísticos vigente por «un modelo único», sin más criterios ni precisiones que las que se deriven del proyecto de centro. «El PSE no comparte que puedan relegarse los modelos lingüísticos actuales, amparados legalmente por un consenso político muy amplio», subraya.

En este aspecto, el consejero Bildarratz ha afirmado que el proyecto mantiene el sistema de modelos lingüísticos aunque cada colegio los adaptará a su «realidad sociolingüística» para cumplir el objetivo de que el alumnado tenga un nivel B2 tanto en castellano como en euskera al acabar Secundaria. La ley no cita los modelos lingüísticos (A castellano, B bilingüe y D euskera) en ninguno de sus 101 artículos pero estos «no desaparecen» del sistema educativo. Lo que ocurre, ha explicado el consejero, es que los modelos no competen a esta norma sino que están regulados en un decreto de 1983 que desarrolla la Ley del Euskera. «Cada familia va a poder elegir modelo. La única exigencia es que haya un número mínimo para conformar un grupo» de un determinado modelo, ha expuesto.

PNV: Recoge el pacto educativo

Desde el PNV, la parlamentaria Leixuri Arrizabalaga ha defendido que el proyecto «recoge tanto el contenido como el espíritu» del pacto educativo alcanzado hace un año por su partido y por su socio en el Gobierno Vasco, el PSE, con EH Bildu y Elkarrrekin Podemos, y ha pedido a los grupos que «arrimen el hombro» y propongan «posibles mejoras».

Los grupos de la oposición firmantes de ese pacto no han avanzado sus posiciones hasta estudiar el contenido. EH Bildu ha señalado que si la norma recoge lo acordado no habrá problema en avalarla, mientras que Elkarrekin Podemos-IU analizará el texto esta tarde antes de dar su opinión.

Desde el PP vasco, la secretaria general, Laura Garrido, ha hablado del proyecto esta mañana antes de que se aprobara, sin conocer su contenido, y ha denunciado la decisión del PNV de «eliminar» los actuales modelos lingüísticos para «priorizar el euskera y arrinconar el castellano.

Kontseilua, organización que reúne a los principales agentes de apoyo al euskera, ha asegurado que el anteproyecto de la nueva la Ley de Educación aprobado le genera una sensación agridulce porque aunque contiene aspectos positivos, necesita garantizar una mayor presencia de esta lengua.

Desde el ámbito sindical, ELA considera que el texto «perpetúa» el actual sistema educativo con pequeños cambios «superficiales» y no plantea la transición hacia «una única red pública y soberana». LAB ha reconocido que se recogen algunas de sus aportaciones pero echa en falta, por ejemplo, la superación de los modelos lingüísticos e implantar progresivamente un modelo de aprendizaje del euskera «generalizado e inclusivo» así como medidas para poner en el centro la escuela pública y luchar contra la segregación.

Más contundente ha sido CCOO, para quien el proyecto de ley es una «amenaza» para la escuela pública al equipararla con la red privada concertada.