Madrid y otras cuatro comunidades estudian recurrir la Ley de Universidades al Constitucional
El vicepresidente y consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio.
Se trata de la tercera reforma universitaria de la democracia y que ha entrado en vigor este miércoles tras su aprobación el pasado 9 de marzo en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PSOE, PNV, ERC y Unidas Podemos. La ley incorpora medidas que pretenden acabar con la precariedad dentro del personal docente, que pasan por fijar un tope del 8% para los contratos temporales –de media en la actualidad suponen el 40%–, reducir el número de profesores asociados y visitantes convirtiendo esas plazas en indefinidas y poner fin a la endogamia universitaria.
«No nos parece que lo que plantea sea favorable para el sistema universitario madrileño ni para el español», ha dicho Ossorio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha recordado la celebración de una reunión entre Madrid, Murcia, Galicia, Castilla y León y Andalucía, donde acordaron que analizarían un recurso de inconstitucionalidad una vez publicada la ley.
El consejero de Educación ha señalado que esta reforma es «contradictoria» porque provoca que haya tantos sistemas universitarios como universidades públicas hay y coarta «en algunos extremos» la autonomía de las universidades. Para Ossorio, también provoca la «ruptura» del sistema universitario único español como consecuencia de las enmiendas de los socios del Gobierno que han apoyado la ley y causa que los estudiantes vayan «a distintas velocidades» según la región donde estudien. A su juicio, «desprestigia» al profesor asociado, que en el caso de que tengan doctorado pasan a «profesor adjunto doctor», lo que genera un coste adicional de 44,6 millones en las universidades madrileñas según unos primeros cálculos de la Comunidad de Madrid.
Ossorio ha sido muy crítico con el tema financiero. Ha dicho que la reducción del número de horas de docencia de 180 a 120 obliga a que haya 9.200 docentes para cubrir las horas que dejan de dar los 6.000 que hay actualmente, lo que supone un coste adicional de 41 millones de euros. Para el consejero, esta ley también compromete la «calidad» de las universidades, no avanza en gobernanza e internalización y «llena» de ideología los campus.