El Defensor del Pueblo de Navarra ve "sobrevaloración" en las notas de dos colegios
Así lo ha manifestado en declaraciones a Efe el titular de Educación, después de que se haya hecho pública una resolución del Defensor del Pueblo en la que, a raíz de la queja presentada por una madre, dice haber detectado indicios de sobrevaloración en los colegios Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, ambos del Opus Dei. «No parece razonable que todos y cada uno de los años, sin excepción, la nota del Bachiller sea la más elevada de todos los centros, y que, llegada la EvAU, ese resultado no tenga el mismo reflejo», sostiene en su resolución el Defensor del Pueblo.
Por ello recomienda a Educación «que vele por que las calificaciones del Bachiller otorgadas por los centros educativos no comprometan los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen en el acceso a la universidad, adoptando las medidas oportunas a tal fin». Y, añade, «a la vista de los resultados registrados, que presentan indicios de sobrevaloración, recomendarle que entre a supervisar lo actuado por los citados colegios».
Gimeno ha explicado que es «absolutamente inviable» establecer un proceso de supervisión como el que plantea «básicamente por cuestiones normativas». El departamento, al que no le constan reclamaciones de este tipo en sus servicios de inspección, está haciendo «un análisis del margen de tolerancia, de discrepancia que hay entre las puntuaciones, pero en ningún caso se puede establecer el proceso de supervisión que se plantea», ha recalcado.
En este sentido ha detallado que la ley educativa establece que «las calificaciones no son otorgadas por los centros, sino por el profesorado competente de las diferentes materias que integran el currículum de bachillerato y así lo establece también el real decreto de mínimos de Bachillerato».
Cuando se hacen reclamaciones en base a calificaciones finales, ha agregado, «hay que tener en cuenta que las pruebas, los ejercicios y los trabajos que se pueden revisar, deben ser conservados por los menos tres meses después de adoptarse las decisiones y formuladas las correspondientes calificaciones finales».
Por lo tanto, aunque los centros hayan cumplimentado la orden foral en lo relativo a la custodia de los citados materiales, «no se puede garantizar» que se disponga de la documentación necesaria para llevar a cabo la revisión retroactiva que se plantea. Además, ha remarcado, las «calificaciones en este momento son inamovibles porque ya se han cumplido todos los plazos de reclamación».
En el caso de que se pudiera llevar a cabo un proceso de supervisión como el que se plantea «habría que hacer un número ingente de registros, hablar de 40.000 no sería en absoluto disparatado», ha sostenido, añadiendo que «estaríamos hablando de unas 2.000 jornadas completas de inspectores, supondría cuatro o cinco meses de los 26 inspectores de la plantilla de forma exclusiva para este proceso de supervisión».
Por su aprte, el colegio Irabia-Izaga ha defendido el rigor con el que sus docentes ponen las calificaciones en Bachillerato y ha lamentado que una resolución del Defensor del Pueblo de Navarra haya puesto «en tela de juicio injustamente» el esfuerzo de su comunidad educativa.
En un comunicado, este colegio señala que es un centro exigente «como demuestran los resultados académicos» y riguroso desde el punto de vista académico. «Nuestro éxito radica, en gran medida, en la implicación personal y profesional de nuestros profesores y en el apoyo de las familias. En el caso de la EVAU este esfuerzo supone que en los últimos cursos hemos presentado al 96,28% de los alumnos matriculados en Bachillerato frente al 73,3% de media en Navarra», agrega.
Además, indica, en este periodo «hemos obtenido los mejores resultados de Navarra en aprobados sobre matriculados en Bachillerato en tres ocasiones y un segundo puesto en una. Es frecuente que los profesores dediquen tiempo, incluso de su descanso personal, a atender a familias y alumnos. Lamentablemente, el informe pone en entredicho no sólo su esfuerzo, sino también su ética profesional».
Para el centro educativo, «llama la atención que una institución jurídica con tanto prestigio en Navarra no haya respetado el principio de audiencia, optando por la divulgación del informe sin escuchar al colegio (ni siquiera le ha sido comunicada su existencia) que habría podido aportar muchos datos relevantes para su elaboración». En ese sentido, censura «que en el estudio no se hayan puesto en contexto los resultados de nuestro colegio con los del resto de Navarra y que se publique un estudio con un impacto tan negativo para los profesores, las familias, los alumnos y la sociedad sin saber siquiera si se trata de un extracto o del informe completo».
El colegio asegura ser consciente de que cuenta «con la confianza de las familias a las que se ha causado una incertidumbre innecesaria. Estas circunstancias nos van a servir de estímulo para seguir creciendo juntos como hemos hecho durante 60 años». «El esfuerzo de nuestros alumnos y alumnas, en una época tan decisiva como el Bachillerato, se ha puesto en tela de juicio injustamente. No obstante, seguiremos trabajando en formarles de manera exigente y rigurosa para que puedan servir con generosidad a la sociedad», concluye.