La Mesa de Educación negocia protocolos contra el acoso y el STEPV pide fórmulas estables

Todos estos protocolos pasarán ahora por otras Mesas del sector para que hagan propuestas de mejora, como se han hecho en la Sectorial, y después la Conselleria los aprobará. El protocolo negociado de acoso y ciberacoso –hecho público desde el STEPV– incluye como primer punto que cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de este tipo lo comunicará inmediatamente a un profesor del centro o al equipo directivo, que podrá recibir apoyo de las unidades especializadas de orientación. Entonces, la dirección del centro organizará la protección y el acompañamiento de la víctima y organizará un equipo de intervención con un miembro de la dirección, el tutor, una persona de confianza del alumno y el orientador, y registrará el caso mientras se estudia.

Este equipo de intervención hará entrevistas individuales con todo el alumnado implicado, empezando por la víctima, y con las familias de este y, si acredita que hay acoso o ciberacoso pondrá en marcha el procedimiento ordinario previsto en el Decreto 195/2022. De esta investigación saldrá una propuesta de resolución, a la que se podrá presentar alegaciones, y la dirección del centro dictará resolución y determinará las medidas de abordaje educativo. Algunas orientaciones del protocolo incluyen la puesta en marcha de canales de comunicación anónimos en el centro, como un buzón, y directos, como un correo específico, y campañas contra el acoso y considera importante que haya una persona formada en esta materia en el centro.

Desde el STEPV han pedido mayor preparación del profesorado en relación con el acoso y ciberacoso, han considerado que el profesorado «no se encuentra preparado para afrontar estas situaciones» y han pedido flexibilidad horaria del profesorado que se encuentre realizando una intervención cuando se detecte un caso de acoso o ciberacoso.

Violencia machista

En casos de violencia de género, el protocolo inicial es el mismo pero será la dirección del centro quien decida si corresponde una actuación urgente -con riesgo vital para la persona o no es seguro que vuelva a casa- u ordinaria y, si la violencia viene de la pareja, si la víctima es menor se informará telefónicamente a su familia. También se contemplan entrevistas con las alumnas, las familias y, en el caso de que sea el padre quien esté ejerciendo la violencia, con él, y se recomienda «transmitir apoyo y confianza y escuchar de manera empática, evitando la confrontación».

Desde el STEPV han pedido que, para mantener el seguimiento y reducir la burocracia, no se cierren administrativamente las solicitudes comunicadas a la inspección, sino que se cierren cuando la problemática esté resuelta. Asimismo, han reclamado que las actuaciones dejen de centrarse en la víctima, para evitar una victimización involuntaria, y se centren en los agresores «y en esa parte de la comunidad que calla».

Maltrato infantil

En el protocolo de maltrato infantil, se incluye la posibilidad de ejercer medidas ordinarias y urgentes y, entre estas últimas, en los casos más graves, se puede llegar a llamar incluso al 112 o a Policía o Guardia Civil. Además, en situaciones de especial complejidad que conlleven posibles delitos, la dirección del centro los comunicará a la Fiscalía de Menores.

El sindicato ha considerado que se debe formar al profesorado en sensibilización, detección e instrucción, especialmente al equipo directivo y a la persona coordinadora de igualdad y convivencia, y ha lamentado que «recae un exceso de responsabilidad sobre la figura de la dirección del centro, que no es especialista y profesional de este ámbito». Además, han pedido que siempre exista una relación de actores preestablecida en cuanto a la intervención con el alumnado en caso de maltrato infantil, es decir, «que quede muy definido en la norma quién actuará y no se usen fórmulas ambiguas que solo generen incertidumbre».

Agresiones al personal

En cuanto al protocolo en casos de agresiones a profesionales de los centros educativos en el ejercicio de sus funciones, se deben comunicar estos casos a la dirección del centro, prestar auxilio y contener la situación y, si se requiere, reclamar ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad. En caso de daños físicos, se acudirá a los servicios hospitalarios y se solicitará un parte de lesiones. La persona agredida podrá denunciar, acudir a la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito o pedir el cambio de lugar de trabajo por motivos de salud.

Sobre este protocolo, el sindicato ha pedido que el asesoramiento y el acompañamiento de las víctimas se produzca desde el inicio, que Educación se persone en las causas, que sea la propia Conselleria la que ponga la denuncia o que la Abogacía de la Generalitat responda de manera inmediata y por escrito a las personas que piden asistencia jurídica. El STEPV ha agradecido que se negocien estos protocolos que han considerado necesarios en los centros educativos y que ya se llevaba tiempo reclamando.