La temporalidad entre el profesorado baja del 31 al 21%, aún lejos del objetivo del 8%
Durante su balance de fin de curso, la coordinadora autonómica de CSIF, Isabel Madruga, acompañada por el secretario general, Mario Gutiérrez, ha explicado que al comienzo de este curso 2022-23 había una tasa de interinidad del 30,86% y se han resuelto más de 38.000 plazas por concurso de méritos y 27.000 plazas de estabilización. El total, «unas 66.000, a las que hay que unir 6.000 de tasa de reposición (jubilaciones), con lo que la temporalidad alcanza actualmente un 21%». Sin embargo, a 1 de enero de 2025 la tasa de interinidad «tiene que estar por debajo del 8%», el porcentaje que marca la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. «De no cumplir esta disposición en diciembre de 2024, España se enfrentará previsiblemente a sanciones por parte de las autoridades europeas».
«Desde CSIF –ha destacado Madruga– seguimos insistiendo en la necesidad de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional lidere esta cuestión y en la necesaria lealtad que tienen que tener las comunidades autónomas para cumplir con este objetivo y marcar así con la exigencia de Europa. Y necesitamos una oferta que refuerce las plantillas, reduzca las ratios, realice desdobles y refuerzos…». En su opinión, la última reforma educativa ha significado «un malestar docente tremendo por la sobrecarga que conlleva en la evaluación, una burocracia absurda que la mayor parte del profesorado opina que no ayuda a mejorar el rendimiento académico y el proceso de enseñanza aprendizaje». Por ello, CSIF lanzó una campaña de recogida de firmas en la que se exigía a las Administraciones más ayuda al profesorado y ha recogido 11.568 firmas.
Por su parte, Mario Gutiérrez ha calificado de «descorazonador el nuevo curso escolar porque no salimos del círculo vicioso de estar cambiando las normas educativas para seguir siempre el mismo camino que nos da los pésimos resultados que tiene la educación española informe tras informe y año tras año». «Es absolutamente imposible de entender que la normativa educativa y el estado del sistema educativo tenga una asociación directa con los ciclos políticos; la vida social, la vida civil y por supuesto la educación debe continuar más allá de los cambios políticos; por tanto deberíamos tener una estabilidad en el sistema educativo».
Pese a la convocatoria de elecciones, Gutiérrez ha razonado que el Gobierno sigue trabajando y «hay una legislación básica que tiene que cumplir», como la reforma de la evaluación de bachillerato, que ha quedado en el aire. CSIF defiende que no puede haber diferencias entre las comunidades autónomas «en exigencia y notas» y exige una prueba única para todo el territorio.