Las Cortes piden a la Junta que reduzca la burocracia de la Lomloe
Una propuesta en que ha defendido la procuradora popular Carmen Sánchez Bellota, quien ha cargado contra una norma a su juicio «partidista e ideológica», que ha levantado las quejas de los profesores y del resto de personal docente al incrementar «sin precedentes» los trámites administrativos de los docentes. «La implementación de la Lomloe ha provocado un incremento de trámites adminsitrativos sin precedentes y con una amalgama de excesiva de competencias específicas, que ha llevado a que los docentes tengan que evaluar hasta 700 items por alumno», ha lamentado.
La parlamentaria de Vox Ana Rosa Hernando ha sostenido que «la burocracia lastra la labor docente y la eficacia y la eficiencia» y ha afirmado que en su formación se sienten cansados «de que el gobierno social-comunista se dedique a cambiar las leyes educativas, no para mejorar el nivel cultural de nuestros jóvenes, sino para adoctrinar y satisfacer a sus socios separatistas». Hernando ha señalado que con estas medidas se «asfixia» a los docentes y ha acusado al Partido Socialista del «desprestigio» y la «desmotivación» a la que se ven sometidos los profesores y el resto del personal educativo con procedimientos «tediosos e irrelevantes».
Por su parte, el procurador socialista Fernando Pablos ha recordado que la Lomloe surgió para «cubrir las carencias» de la Lomce aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy y ha recordado que en el Congreso se aprobó una PNL por unanimidad con el fin de mejorar esta norma que, aunque tenga ámbito estatal, aplican las comunidades autónomas. Con ese espíritu, Pablos ha anunciado el apoyo a esta medida, aunque también ha reprochado «los bulos vertidos por la derecha y la extrema derecha» sobre el cierre de los centros de educación especial» y ha recordado la obligación de la Junta de cumplir la ley en todos los aspectos, en particular, «la prohibición de financiar a centros que segregan a niños y niñas». «La carga ha sido más excesiva en Castilla y León que en otras autonomías», ha señalado, así como ha destacado que «si la Consejería que no vuelva locos a los profesores con el boletín de calificaciones de este curso, nos irá bastante mejor a todos».
Los procuradores de Ciudadanos y de Soria Ya, Francisco Igea y Antonio Palomar, han apoyado esta propuesta, pero también han criticado que cada nuevo gobierno central cambie la máxima normal educativa –»ocho leyes en 43 años»– lo que han calificado como «indignante» y «un punto negativo» para el conjunto de la sociedad.