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Las universidades públicas advierten a Escrivá de los problemas de cotizar las prácticas

Los 84 vicerrectores con competencias en asuntos estudiantiles de las universidades españolas han enviado una carta al ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá, para advertir sobre posibles problemas de gestión de prácticas no remuneradas si se obliga a las empresas a cotizar por los alumnos en formación.
EfeMartes, 27 de junio de 2023
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El ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá.

Según ha informado este lunes la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en un comunicado, la carga señala que las universidades se verán en la dificultad de afrontar la cotización de estas prácticas académicas, en caso de que las empresas no asuman dicha obligación. Esta situación se debe a que las entidades públicas, donde se lleva a cabo el 60% de las prácticas, están solicitando que se firme una cláusula en las adendas que establece que es la universidad la responsable de la gestión y el gasto correspondiente. Además, los centros educativos superiores temen que las empresas privadas también exijan lo mismo.

En respuesta a esta problemática, las universidades han solicitado el desarrollo de una plataforma que permita realizar la carga de datos necesaria para el proceso de cotización de manera masiva, lo que ayudaría a reducir la carga burocrática. Asimismo, consideran necesario implementar una metodología simplificada para dar de alta y baja a los estudiantes en prácticas, basada en los estándares de los planes de estudio oficiales.

Los vicerrectorados involucrados también han destacado la necesidad de contar con los recursos adecuados para gestionar las altas, bajas y el control de los días de prácticas, así como asignar un presupuesto económico destinado a este fin en los próximos cursos académicos, ya que no se dispuso de tales recursos en 2023.

Por otra parte, les preocupa que desde la publicación del Real Decreto-Ley 2/2023 no han recibido ninguna comunicación ni instrucciones claras por parte del Ministerio sobre el procedimiento que deben seguir. Ante este contexto, solicitan con urgencia que se implementen los instrumentos jurídicos necesarios para posponer un año la entrada en vigor de dicha norma. Además, durante este período, se deberían tomar las medidas apropiadas para garantizar que la bonificación cubra el 100% de la cuota de forma permanente o, en su defecto, que dicho coste sea asumido por las entidades correspondientes, expone la nota.

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