Los rectores, en contra del Estatuto del Becario porque disminuirá la oferta de prácticas

En un comunicado, la CRUE valora el último borrador de este proyecto «a punto de culminar con un acuerdo inminente» según indicaron a Efe fuentes de UGT que resaltaron que el texto recogerá «gran parte» de las demandas de los sindicatos, como la «definición clara de las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o un régimen sancionador disuasorio». Un contenido que en su mayor parte rechazan desde CRUE, integrada por 76 universidades públicas y privadas, que defiende que las prácticas de estudiantes universitarios «son un asunto estrictamente académico» del que no se debe pactar su régimen jurídico.

Aunque no cuestionan que el Gobierno y los sindicatos establezcan la frontera entre lo que son prácticas académicas y lo que no lo son, CRUE sí se muestra crítica con la injerencia en aspectos que solo competen al Ministerio de Universidades y en las propias universidades. Entre ellos, rechaza el establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en que pueda incurrir el estudiante en prácticas y augura que este aspecto conllevará «la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas».

Por otro lado, más de 1.150.000 estudiantes universitarios y de Formación Profesional se podrían quedar sin poder realizar prácticas y no podrán finalizar sus estudios si entrara en vigor el Estatuto del Becario, según la red de Fundaciones Universidad Empresa, una organización vinculada institucionalmente a través de sus miembros a 43 universidades y más de 15.000 empresas. Por este motivo, la red se opone frontalmente a la legislación sobre esta materia que quiere aprobar el Ministerio de Trabajo, sin el apoyo de la comunidad educativa ni de los empresarios.

Otros actores relevantes de la comunidad educativa como el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Educación, la Conferencia de Rectores, la Conferencia de Consejos Sociales y el Consejo de Estudiantes también han mostrado su rechazo al texto y lamentan que ni siquiera se haya podido debatir. De aprobarse la normativa anunciada por el Ministerio de Trabajo, 83 universidades y 3.823 centros de FP no podrán cumplir con su plan de estudios.

La Red de Fundaciones Universidad Empresa considera que es un error legislar ‘in extremis’, sin consenso, y sin haber escuchado a la comunidad educativa, a la que no se ha permitido formar parte del diseño de una normativa académica de carácter puramente formativo. Además, la red de Fundaciones Universidad Empresa recuerda que el 65% de las prácticas afectadas por el Estatuto del Becario se realizan en las administraciones públicas y no en las empresas. Será, por tanto, una legislación inaplicable, como lo es ya la legislación sobre cotización de los becarios a la Seguridad Social, que ha visto cómo las universidades, el Ministerio de Universidades y el de Educación están pidiendo una moratoria por la imposibilidad de ponerla en marcha. Desde los propios ministerios ya se han puesto en contacto con las universidades para comunicarles que, si ellas no se hacen cargo del pago a la Seguridad Social y de la gestión de la misma, no acogerán estudiantes en prácticas. Es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Exteriores.

La red de Fundaciones Universidad-Empresa entiende que, «en nuestro ordenamiento, la regulación de las prácticas externas de los estudiantes de formación profesional y las de los estudiantes universitarios ha sido abordada en diferentes ocasiones, por diferentes normas y con diferentes denominaciones. Pero siempre ha sido diseñado desde el ámbito de la formación, nunca desde el ámbito laboral».

«Las prácticas que se realizan en empresas, instituciones, en los propios centros formativos, o en entidades públicas y privadas, en el ámbito nacional o internacional, contribuyen a la formación integral del estudiantado y son una actividad exclusivamente académica de carácter formativo», señala la citada Red, que también recuerda que con la nueva normativa que pretende aprobar el Ministerio de Trabajo no se resuelve el problema de la escasez de oferta de prácticas formativas, ya que el sistema educativo no cuenta con un número suficiente de prácticas externas formativas y de calidad para dar respuesta a la demanda que realizan las universidades y la Formación Profesional.

De hecho, hay dificultades para encontrar prácticas externas formativas y de calidad y, por ello, es imprescindible incrementar el número de entidades colaboradoras (administraciones públicas, empresas y entidades del tercer sector) que estén dispuestas a ofertar prácticas externas donde su colaboración es crítica.

Igualmente, la patronales de la privada Acade, Educación y Gestión y CECE, se han opuesto al futuro Estatuto porque «no afronta el problema de la escasez de prácticas formativas, sino que lo «agudiza» y, además, «pone en riesgo la oferta de puestos formativos en las empresas. Las previsiones del alumnado matriculado en enseñanza de FP para el curso 2023-24 hablan de casi 1.100.000 estudiantes, que con la implantación de la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, tendrán que tener una estancia formativa en las empresas de un mínimo de 500 horas, ya que una de las principales novedades de la norma es la inclusión de la modalidad dual, que combina aula y empresa. Esto supone, según las patronales de la enseñanza privada, que hay que contar con una oferta suficiente de puestos formativos para garantizar la titulación de todo el alumnado.

«El sistema educativo no cuenta con un número suficiente de prácticas externa formativas y de calidad», expresan en un comunicado. Añaden que el pacto del Ministerio de Trabajo con los principales sindicatos para sacar adelante el futuro Estatuto no afronta el problema de la escasez de prácticas formativas, sino que lo «agudiza». Una norma que de entrar en vigor supondría un «freno» al nuevo modelo de formación dual.

Por su parte, el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) ha aprobado un pronunciamiento contrario al acuerdo para poner en marcha el Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa, conocido como «Estatuto del Becario».

La Conferencia –que aglutina a los Consejos Sociales de todas las universidades públicas y a órganos de representación de las privadas– “rechaza el proceso de negociación seguido para la elaboración del Estatuto”, confinado a la Mesa de Diálogo Social y acordado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. “Carece de sentido”, afirma, “que una norma cuyo objeto es regular las prácticas académicas de las enseñanzas universitarias y de Formación Profesional no haya sido promovida por los ministerios más concernidos (Universidades y Educación y Formación Profesional) y haya dejado al margen de la negociación a las universidades, a los consejos sociales como nexo de unión entre las empresas y las instituciones universitarias, y a todo el ámbito educativo”.

También manifiesta “su perplejidad ante el vicio en que incurre la propuesta de normativa en origen. Una actividad académica que tiene finalidad formativa no puede ser tratada desde una óptica puramente laboral por el mero hecho de que se desarrolle en régimen de cooperación educativa en centros de trabajo. De este error de partida”, continúa, “nace la novedad más contradictoria de la propuesta: los estudiantes que las realizan, pese a estar protegidos por el Seguro Escolar, han de ser incluidos en el sistema de la Seguridad Social por empresas, instituciones y entidades del tercer sector con las que no mantienen relación laboral alguna”.

El pronunciamiento, además, expresa “la profunda preocupación por las graves consecuencias que pudiera acarrear la actual propuesta normativa para las prácticas externas que realizan los estudiantes, en las que desarrollan habilidades y competencias fundamentales para su formación. La sobrecarga de esfuerzos y de costes que se les imponen a las prácticas curriculares dificultará su gestión por las universidades y las hará poco atractivas para las empresas, instituciones y entidades del tercer sector que se vienen comprometiendo en programas de cooperación educativa”.

Por último, el Comité Ejecutivo de la CCS afirma que “ofrecemos nuestra colaboración para revisar el actual marco normativo de las prácticas externas con el fin de mejorar su funcionalidad como actividad formativa esencial para la preparación de los futuros profesionales. Esta mejora ha de ser consensuada con participación de la comunidad universitaria y los empleadores, estableciéndose los controles necesarios para evitar situaciones fraudulentas, desde luego, pero sin que por ello se tenga que coartar el desarrollo de esta actividad académica; dificultar la cooperación educativa entre universidades y empresas, instituciones y entidades del tercer sector, y lastrar la formación práctica de los estudiantes de cara al futuro”.