Más de 500 profesores denuncian irregularidades en las oposiciones de julio en Cataluña

En un comunicado de prensa, los afectados han denunciado asimismo que han detectado conflictos de interés entre los participantes y los tribunales –en ocasiones los aspirantes trabajaban en los mismos centros que los miembros que los evaluaban–, en la gestión de las reclamaciones y en la política de protección de datos. Las pruebas se convocaron como un concurso extraordinario, uno de los procesos de estabilización para reducir la tasa de temporalidad en la administración pública, y salieron a concurso 14.243 plazas de docentes.

Entre los pasados 12 y 15 de septiembre se publicaron las notas provisionales y, más allá de la percepción subjetiva de muchos de los opositores de que la calificación obtenida era muy distinta de la esperada, consideran que se han producido irregularidades objetivables. Entre ellas, aseguran haber detectado «tendencias anómalas» en las cuotas de aspirantes aprobados y suspendidos, por ejemplo los valores de aprobados en Infantil (50%) y en Primaria (60%) son muy similares al número de plazas que se ofertaban, por lo que sospechan que los tribunales recibieron «directrices concretas para ajustarse a esas cuotas».

También denuncian diferencias «muy grandes» en las cuotas de aprobados y suspendidos de un tribunal a otro dentro de la misma especialidad, por lo que sospechan que los criterios de corrección no estaban claros, lo que ha creado agravios comparativos entre los aspirantes. Las pruebas se dividían en dos partes: una anónima y otra no anónima, que no eran eliminatorias, pero los opositores han detectado algunos tribunales con un porcentaje muy alto de aspirantes que obtienen puntuaciones «extremadamente bajas» en la primera parte y muy elevadas en la segunda, por lo que sospechan que se podría haber aprobado aspirantes «a discreción».

Los aspirantes consideran también anómalo que el mismo tribunal que corrigió las pruebas sea el que ahora revise las calificaciones, como han pedido 8.400 aspirantes que han presentado una reclamación sobre los resultados, y sostienen que se ha vulnerado la ley de protección de datos, ya que las calificaciones se han publicado en listas de acceso abierto, con los datos personales de los aspirantes.

Los 500 docentes que se han coordinado para denunciar esta situación sostienen asimismo que la oposición de julio «no resuelve la situación irregular de los docentes en fraude de ley, que llevan más de tres años trabajados», ya que consideran que muchos de ellos no conseguirán una plaza de funcionario, a pesar de que «posiblemente quedarán muchas plazas desiertas». Además, denuncian también que no se ha concretado qué pasará con los interinos en situación de fraude de ley que queden fueran de este proceso de estabilización.