Educación plantea rebajar requisitos en especialidades con dificultad para cubrir vacantes

Así, propone que, tal y como se ha hecho en otras comunidades autónomas, puedan acceder a las plazas los profesores que aún no tengan el máster obligatorio pero que estén matriculados y se comprometan a sacárselo, informa la Conselleria de Educación. Además, contempla que cuando en el orden de elección de los participantes en la bolsa no existan solicitantes que cumplan el requisito lingüístico se podrá prescindir de él, según la Resolución de 27 de octubre de 2020.

La directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, ha explicado que esta propuesta se planteará mañana en la mesa técnica, ante las dificultades de cubrir estas plazas en especialidades como Informática o servicios a la comunidad. «Los requisitos son los mismos que para cualquier especialidad: estar en posesión del máster en educación y el nivel de valenciano C1. Sin embargo, hay especialidades en las que nos encontramos con una falta de profesores, por lo que no se pueden cubrir las plazas», señala Sancho. Según ha precisado, la propuesta contempla que puedan acceder a las plazas aquellos profesores que estén matriculados en el máster «pese a que no lo hayan terminado y que se comprometan a sacárselo».

La Dirección General de Personal Docente ha señalado que ya se exceptúa la obligación del valenciano en zonas castellanoparlantes en determinadas especialidades. Ha explicado asimismo que, ante la complejidad para cubrir las plazas, se recuerda que la Resolución del 27 de octubre de 2020 ya permite que cuando en el orden de elección de los participantes en la bolsa no existan solicitantes que cumplan el requisito lingüístico se podrá prescindir de este elemento.

La Dirección General de Personal Docente indica que el trabajo de campo con las universidades está encauzado y se trabaja en colaboración con la Dirección General de Universidades, añaden desde la Generalitat. «Se está informando a todas las personas que han finalizado el máster de especialización didáctica sobre la posibilidad de formar parte de las bolsas», ha añadido Sancho.

Por otro lado, el sindicato STEPV ha presentado alegaciones a la modificación de la Ley de Plurilingüismo al considerar ilegal que se elimine el derecho a estudiar materias en valenciano en las comarcas castellanohablantes.

La Conselleria de Hacienda publicó en el DOGV del 21 de septiembre el anuncio de 20 de septiembre de 2023 de la apertura a audiencia ciudadana del anteproyecto de ley de medidas fiscales, gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, que modifica la Ley de Plurilingüismo, ha informado el sindicato. Esta modificación eliminaba el derecho del alumnado de comarcas castellanohablantes a estudiar en valenciano asignaturas no lingüísticas, como regula la citada ley y como regulaba el decreto de plurilingüismo anterior de 2012, elaborado por la exconsellera de Educación y actual alcaldesa de València, María José Catalá (PP).

Para STEPV es una «anomalía modificar la norma sin ningún informe o estudio sobre la aplicación del plurilingüismo en estas comarcas y que justifique esta decisión y, a su juicio, introduce un trato diferenciado entre el alumnado de los territorios de predominio lingüístico valenciano y los de castellano, fijados por la Ley 48/1983, de 23 de noviembre, d’Ús i Ensenyament del valencià, prohibido expresamente por el artículo 14 de la Constitución, y el artículo 6 del Estatuto de Autonomía. Esto ha sido considerado por el sindicato «una ilegalidad si finalmente se aprueba esta modificación de la Ley del Plurilingüismo».

STEPV ha recordado que ya presentaron alegaciones a la Ley de Plurilingüismo de 2018 para garantizar la continuidad de la enseñanza en valenciano y, en función del contexto sociolingüístico y de los resultados de las evaluaciones de los centros educativos, el porcentaje mínimo de contenidos curriculares en valenciano debería ser del 50%. El sindicato ha reiterado que hace falta una Ley de Igualdad Lingüística y no una modificación de la Ley de Plurilingüismo y ha incidido en que «la ley actual no establece la lengua minorizada como la vehicular del sistema educativo ni garantiza su dominio real por parte del alumnado».

Tampoco pone fin a la discriminación del alumnado de las comarcas castellanohblantes, ha insistido y ha reivindicado que para lograrlo, hace falta una planificación lingüística que incluya, entre otras, medidas oraganizativas, pedagógicas y de personal. También debe incluir planes específicos de formación del profesorado, reducción de ratios, dotación de docentes de valenciano y eliminación de exenciones, que son «una evidente discriminación sobre el alumnado de estas comarcas». Por ello, el sindicato ha instado al Gobierno valenciano a hacer una «apuesta clara para negociar una Ley de Igualdad Lingüística».