Las familias y los trabajadores de la privada serán los perjudicados por la subida de impuestos

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) cuestiona en un comunicado la petición que ha hecho la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de subir al 21% el IVA para la educación y la sanidad privadas, lo que supondría, según la vicepresidenta segunda del Gobierno, un ahorro de unos 3.000 millones de euros para las arcas públicas.

FSIE considera que esta decisión «perjudicaría enormemente a las familias españolas que pagan este servicio, puesto que ya viven una situación económica bastante complicada ante el aumento del coste de vida». Jesús Pueyo, secretario general del sindicato, argumenta que “es lícito buscar financiación, pero no a costa de golpear aún más a los centros educativos privados”.

La organización rechaza esta medida, ya que la considera «contraproducente», pues «en lugar de lograr el efecto deseado a medio plazo», supondría «un perjuicio inmenso para los trabajadores, los ciudadanos y la viabilidad de los centros». En el caso de la enseñanza, muchas familias verían «reducido su poder adquisitivo y se verían abocadas a matricular a sus hijos en otro tipo de centros, provocando el cierre de unidades en los centros privados e incluso de todo el centro». Todo ello ocasionaría la «pérdida de muchos puestos de trabajo que dejarían de tributar el IRPF y de ser una fuente más de recaudación para el Estado», añade el comunicado.

Actualmente, según datos del Ministerio, hay 9.800 centros privados y concertados, en los que trabajan más de 210.000 profesionales que atienden a más de 2.2749.603 de alumnos. En la etapa universitaria, hay 34 universidades privadas, con más de 21.000 profesionales y 1.722.247 entre grado y ciclo, máster y doctorado.

FSIE advierte que este tipo de medidas «no son las adecuadas si lo que se pretende es conseguir financiación». Sobre todo, cuando afectan a sectores esenciales y tan importantes como son la educación y la salud, puesto que, al dificultar a los ciudadanos el acceso a los mismos se puede generar un “efecto rebote”, tensionando aún más los centros públicos. El sindicato insiste en que «este no es el camino» y que hay «muchos otros sitios donde poder recortar en gasto» para obtener la financiación que desean. “Recaudar a costa de perjudicar a los profesionales, las familias y a los centros no es la solución que consideramos adecuada y justa”, lamenta Jesús Pueyo. Asimismo, FSIE señala que es «un nuevo ataque a la libertad de elección de las familias y a la creación de centros educativos», recogidos en el artículo 27 de la Constitución Española.

Según una encuesta realizada este curso por la OCU a más de 1.000 familias, el coste medio de un alumno en un centro privado es de 7.030 euros y de 1.060 euros de un alumno en un centro público, siendo las familias de la Comunidad Madrid y Cataluña las que más pagan. Sobre cuáles son los fines de estos costes, la mayor partida se destina a la matrícula y las cuotas (5.106 euros de media, el 73%), después al comedor (146 euros) y a las actividades extraescolares (89 euros de media). También se dedican a libros de texto (266 euros de media) y al uniforme de clase o deportivo. Por último, el resto de los gastos corresponden a las excursiones (viajes, visitas culturales), 141 euros de media a lo largo del año; al material escolar, 106 euros aproximadamente, y a las cuotas del AMPA (28 euros).