INSnovaE respalda la ley de libertad educativa y pide garantizar la elección lingüística
Así se ha expresado su presidenta nacional, Susana Sorribes, quien ha señalado «el acierto» que constituye «devolver a las familias la elección de la lengua en la que estudiarán sus hijos con la consideración a las zonas castellanoparlantes y la recuperación del concepto de exenciones», ha informado la asociación. Para el Consejo de Dirección de INSnovaE, «es necesario que la nueva ley dé garantías a las familias de que su elección lingüística será respetada, haciendo una doble elección: lengua base y los centros donde estudiarla». «No podemos dejar al azar la lengua en la que finalmente sean educados sus hijos porque, de ser así, no se cumpliría el objetivo perseguido: garantizar el derecho y libertad a la elección de lengua», ha afirmado Sorribes.
INSnovaE considera que el proceso de admisión «se puede complicar», por lo que cree necesario «crear unidades, dado que habría que redistribuir a aquellos alumnos que quieran optar a vacantes en centros que sí tengan la opción lingüística elegida por sus familias». Aplicando este criterio, «el proceso de admisión acabaría teniendo dos momentos cruciales: el principio de cada etapa educativa (Infantil 3 años, primero de ESO y primero de Bachillerato) y el de asignación de centro con la lengua base elegida para garantizar, ahora sí, la libertad educativa en la elección lingüística».
Desde INSnovaE, han asegurado estar decididos a trabajar con los diferentes grupos parlamentarios para asegurar que se respete esta decisión y a colaborar, como expertos y técnicos en la materia, «con el deseo de que las mejoras refuercen un texto legal que da un paso adelante en la libre elección de las dos lenguas cooficiales y el equilibrio legal en el estudio de estas».
Incorporar el requisito lingüístico
Además, la asociación considera también «de obligada incorporación al texto legal el requisito del conocimiento del valenciano en comisiones de servicio del profesorado y en el ejercicio de inspección». En el primero de los casos, «porque supondría un agravio comparativo respecto a la situación jurídica en la que se encuentra un funcionario de carrera que por no tener el requisito sólo puede optar a puestos del territorio lingüístico castellano». En el segundo, porque «la ausencia de requisito lingüístico para inspectores impediría directamente el ejercicio de sus funciones, pues para ello requiere el conocimiento de ambas lenguas cooficiales y estar en posesión del C1», ha señalado la inspectora de Educación Ester Álvarez, consejera de INSnovaE de la Comunitat Valenciana.
Claro compromiso con la inclusión real
Para la asociación, la nueva ley tiene «un claro compromiso con la inclusión real pues permite que los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) puedan estudiar y evaluarse o expresarse en la lengua materna», ha destacado Sorribes. Asimismo, considera que «es una medida a valorar la realización de los exámenes en el idioma que elija en alumno, en Secundaria y Bachillerato, pero siempre en aquellos casos que esté justificado, como aquellos estudiantes que deban incorporarse tardíamente al sistema educativo de la Comunitat».
Por último, califica de «buena propuesta» que el sistema reconozca los logros lingüísticos de sus alumnos sin tener que obligarles de nuevo a examinarse. «Reconocer con titulaciones los niveles educativos es algo positivo para los propios centros en la Comunitat Valenciana», ha asegurado Susana Sorribes.