CCOO recurre el decreto del Gobierno de Ayuso sobre la jornada partida en los colegios

El recurso de CCOO se suma al interpuesto por CSIF contra esta medida del Gobierno regional, mientras que los otros dos sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación, ANPE y UGT, estudian impugnar el decreto. Según la organización sindical, el texto carece de informes técnicos que avalen la necesidad de este cambio de modelo y se publicó durante el periodo vacacional de Navidad.

La secretaria general de la federación madrileña, Aída San Millán, denuncia en un comunicado que la medida se adoptó sin una negociación real en la Mesa Sectorial ni una consulta efectiva al Consejo Escolar. Para CCOO, se trata de una «decisión política» que utiliza el concepto de interés superior del menor sin evidencias que lo respalden.

Entre los puntos más controvertidos del decreto, el sindicato destaca que establece la jornada partida como norma general, limitando la capacidad de decisión de los centros que actualmente tienen jornada continua. CCOO subraya que la norma facilita el paso a la jornada partida pero dificulta el retorno al modelo anterior, lo que crea una situación «prácticamente irreversible». Además, añade, los centros de nueva creación deberán adoptar el horario partido de forma obligatoria, sin posibilidad de modificación en el futuro.

El recurso también pone el foco en la sustitución del sistema de votación vinculante de la comunidad educativa por una consulta no decisoria. La Administración asume la competencia final sobre los horarios, lo que para el sindicato supone un ataque a la participación democrática.

En el plano laboral, la organización alerta sobre el impacto negativo de la medida en la conciliación del profesorado, las jornadas parciales el aumento de los desplazamientos y la aparición de tiempos muertos entre sesiones. CCOO advierte de que la norma genera una «inseguridad jurídica» que afecta tanto a la planificación educativa como a las condiciones de trabajo de los docentes. Esta acción judicial es el último paso en la estrategia de oposición del sindicato, que defiende la autonomía de los centros, la participación democrática y el respeto a la negociación colectiva frente a lo que califica como una imposición del Ejecutivo regional.

Unos doscientos trabajadores de centros concertados se han concentrado este jueves frente a la Consejería de Educación de Madrid para protestar por el incumplimiento del Gobierno regional sobre la financiación de la jubilación parcial y la cobertura de sustituciones desde el primer día de este curso escolar. Las organizaciones sindicales FSIE, USO, UGT y CCOO han convocado esta movilización bajo el lema «Concertada, el personal olvidado» ante el estancamiento de las negociaciones con el departamento que dirige Emilio Viciana y para exigir que la Administración revierta finalmente los recortes de derechos laborales aplicados desde el año 2010.

El secretario de Acción Sindical de FSIE Madrid, José Manuel Martín, ha explicado que estas protestas forman parte de una campaña para recuperar las condiciones laborales previas a la crisis económica y ha destacado que quieren «recuperar la jubilación parcial con contrato de relevo y que los sustitutos vuelvan a cobrar su sueldo completo». En la actualidad, las personas sustitutas sufren una reducción salarial de un 30 % cuando pasan a engrosar las listas del paro durante el periodo estival. Martín ha señalado que la situación del personal de administración y servicios resulta preocupante por la precariedad salarial ligada al incremento del coste de vida en la capital y ha agregado que «muchos trabajadores del sector tienen hoy un sueldo base que se sitúa incluso por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)».

Respecto a la parálisis del acuerdo, el representante sindical ha subrayado que la Consejería de Educación les pidió paciencia para recuperar derechos de forma progresiva, pero ha denunciado que «no es justo que un profesor enfermo deba esperar quince días para que un sustituto ocupe su lugar en el aula durante el curso». El portavoz de FSIE Madrid ha expresado su confianza en alcanzar una pronta solución para las más de 30.000 personas afectadas en la región y ha asegurado que tienen «esperanzas de firmar en febrero el acuerdo sobre la jubilación parcial y las sustituciones».

Martín ha subrayado que el personal de la enseñanza concertada «no puede seguir siendo ignorado y tratado como un colectivo de segunda», a la vez que ha pedido «una negociación real» con la Consejería de Educación.