El TSJPV obliga a aplicar la reducción de la hora lectiva en los centros concertados
La sentencia, dada a conocer este jueves por el alto tribunal vasco y contra la que cabe interponer recurso de casación, contiene el voto particular de uno de los magistrados. Los sindicatos Steilas, CCOO, LAB y UGT, por un lado, y ELA por otro, interpusieron sendas demandas –que posteriormente fueron acumuladas– ante la sala de los social del TSJPV para reclamar el cumplimiento de la reducción lectiva a la que se comprometieron las patronales en febrero de 2024 en el acuerdo fin de huelga.
Desde la patronal se argumentaba que debía mantenerse el mismo número de horas lectivas y complementarias al no existir financiación por parte del Departamento de Educación para aplicar la reducción de jornada. En el fallo, la sala de lo social del TSJPV estima la pretensión sindical y declara el derecho de los docentes a que a partir del presente curso dispongan de una hora lectiva semanal en cada etapa educativa, excepto en el primer ciclo de Infantil, y la implementación de una hora complementaria semanal de trabajo personal en todas las etapas educativas, excepto Infantil.
La resolución cuenta con el voto particular de uno de los magistrados que entiende que los convenios colectivos participan de la naturaleza de los contratos, por lo que la interpretación de la cláusula controvertida se encontraría en la normativa civil y no laboral. No ve por ello admisible que los sindicatos pretendan privar de relevancia a la cita expresa al Departamento de Educación a la vez que las patronales han demostrado la existencia de «razones económicas insalvables» para cumplir la reducción.
Por otro lado, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha reclamado la paralización de las fusiones de colegios públicos que no se hayan consensuado entre toda la comunidad educativa y ha pedido al Gobierno vasco que elabore una nueva planificación escolar. Estas demandas se recogen en una proposición no de ley que Hernández ha registrado en el Parlamento vasco relativa a las fusiones de centros anunciadas por el Departamento de Educación.
«No se puede hablar de pacto educativo ni de diálogo mientras se imponen cierres y fusiones de manera unilateral y sin contar con la comunidad educativa», ha denunciado el parlamentario de Sumar. Por ello, en su iniciativa se insta al Gobierno vasco a paralizar los cierres y fusiones no consensuados, a elaborar una planificación escolar acordada con los agentes educativos, especialmente con los sindicatos, y a reorganizar el mapa escolar para identificar las necesidades reales de los centros públicos.
Hernández ha denunciado que en lugar de garantizar que todas las familias que quieran una plaza en la escuela pública la obtengan, Educación con las fusiones «está haciendo exactamente lo contrario». En este sentido, ha opinado que las fusiones anunciados responden a una «política estructural de debilitamiento de la escuela pública» encaminada a «sostener artificialmente la red privada concertada con dinero público».
En una nota Sumar también ha reiterado sus críticas a Osakidetza por la administración de vacunas caducadas y ha insistido en que «no se trata de errores puntuales, sino de un problema grave del sistema». «Cuando adelgazas lo público, aumentan la rotación y la carga de trabajo, y los errores se multiplican. Eso tiene consecuencias», ha advertido. Asimismo, se ha referido a la investigación judicial abierta por el derribo del Palacete de Getxo (Bizkaia), y ha exigido la dimisión de la alcaldesa, Amaia Agirre, porque no se trata de «un simple error administrativo, sino ante un conflicto de intereses intolerable y un escándalo político de primer nivel».