Sindicatos piden acelerar la ley que bajará las ratios pese a que es "poco ambiciosa"

La Mesa de Negociación del Personal Docente no universitario, en la que participan los sindicatos y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se ha reunido este jueves para analizar el último borrador del anteproyecto de ley que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta. Un anteproyecto que contempla un máximo de 22 estudiantes por aula en segundo ciclo de Infantil y Primaria y de hasta 25 en Secundaria.

Todos los sindicatos, ANPE, CCOO, STES-Intersindical, UGT, CSIF, CIG y ELA han recordado al Ministerio que las negociaciones deben continuar para lograr un Estatuto Docente que mejore condiciones salariales, de jubilación o ayude a reducir la burocracia. «Tibias mejoras a coste cero», señala STES-Intersindical en un comunicado en el que incide en que la propuesta es «insuficiente» y recuerda que «el descenso de ratios planteado no responde a una apuesta por la calidad, sino a la inercia del descenso de natalidad».

«Se aplica de forma progresiva y sin incremento presupuestario, limitándose a seguir una hoja de ruta que las comunidades autónomas ya están ejecutando por necesidad demográfica para mantener puestos de trabajo sin invertir dinero», critica este sindicato, mientras CCOO señala a EFE que la ley debería incluir las mejoras que propone de forma urgente el Consejo Escolar del Estado (CEE), como que todo el alumnado con necesidades educativas de cualquier tipo cuente doble. El anteproyecto solo contempla como doble plaza el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

El sector de la Enseñanza de UGT valora, en otro comunicado, que la norma «continúe su tramitación para consolidar estos avances» pero advierte de que «debe ser solo el primer paso» por lo que reclama que la negociación en los diferentes grupos de trabajo sigan «hasta culminar un Estatuto del Docente» que regule competencias, derechos y responsabilidades del profesorado. UGT ha mostrado su preocupación por la «parálisis» de algunos grupos de trabajo, como los relativos al sistema de acceso a la profesión docente, el periodo de prácticas y la formación permanente.

«Sin un aumento real de las plantillas (cupos extra), cualquier mejora en las condiciones laborales se hace a costa de la atención a la diversidad», incide STES-Intersindical. En torno al calendario de implantación de bajada de ratios progresiva y que culmina en el curso 2031-2032, todos los sindicatos reclaman una aplicación más inmediata.

El sindicato ANPE ha pedido que el grupo de trabajo que se ha constituido con las comunidades autónomas para mejorar la norma no suponga problemas en cuanto a su financiación. «No queremos que con esta norma ocurra como con la integración del profesorado de FP y que en cada territorio se vaya a un ritmo distinto o se retrase la norma. Esperamos que con el grupo de trabajo que se ha acordado en la Conferencia Sectorial sobre la memoria económica esta pueda mejorar y no haya problemas en la aplicación de la norma en todos los territorios», ha señalado ANPE en un comunicado. CSIF, por su parte ha exigido otra norma con ratios máximas para la atención a la diversidad.

Fuentes sindicales señalan a Efe que el Ejecutivo tiene la intención de que la norma pase por el Consejo de Ministros «lo antes posible, ya que quieren tramitarla cuanto antes para elevarla a las Cortes». No obstante, el debate parlamentario se prevé tenso, ya que las comunidades autónomas del PP han avisado de que no comparten el calendario de entrada en vigor de la ley que comenzaría a implantarse el curso que viene, 2026-27. La mayoría de las comunidades inciden en la necesidad de conocer el coste que supondrá rebajar la jornada del profesorado hasta un máximo de 23 horas semanales en Primaria y de 18 horas en Secundaria.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza concertada (FSIE) también insiste en que la reducción de la jornada docente debe extenderse al profesorado de los centros concertados, tal como ha solicitado el Consejo Escolar del Estado. Los sindicatos de la concertada han trasladado esta reivindicación a los consejeros de Educación de las distintas comunidades autónomas.

Por otra parte, los sindicatos de la enseñanza pública advierten de que seguirán presionando para que el texto final «blinde» la ley y las comunidades se comprometan a cumplirla sin ningún tipo de excepcionalidad. Instan a reducir ratios también en el primer ciclo de Educación Infantil, en Educación especial, en Educación de personas adultas, en la escuela rural, en FP y en el resto de enseñanzas. Asimismo piden incrementos en la Red de Orientación, en apoyos especialistas y mayores reducciones horarias para el profesorado mayor de 55 años.

Todos los sindicatos señalan que hay que acelerar las otras mesas de trabajo para la integración de todo el profesorado en el A1, para que haya compensaciones justas por sobrecarga horaria cuando se superen las horas lectivas ordinarias, para avanzar en la desburocratización y para que se trate la salud laboral y la prevención de riesgos psicosociales.