Plataformas de universidades se reúnen con los rectores para frenar la "infrafinanciación"
Tras el cese del exconsejero Emilio Viciana y el fracaso de su ley de universidades (Lesuc) que suscitó el rechazo generalizado de la comunidad educativa con huelgas y protestas, las plataformas solicitaron reunirse con los seis miembros de la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid (CRUMA). «Las asambleas por la Universidad Pública plantearemos un marco de coordinación y unidad a los rectores contra la infrafinanciación», ha dicho a EFE Jorge Pérez, que representará a la Complutense en la cita, a la que acudirán seis personas (una por universidad), tres de ellas pertenecientes al colectivo de personal docente e investigador (PDI) y tres representantes del estudiantado.
Esta reunión con la Cruma se produce un día después de la cita a la que estaban convocados este lunes los rectores con las consejerías de Educación y Hacienda, para reiniciar la negociación del modelo de financiación plurianual tras decaer la Lesuc. La última propuesta de Educación a los rectores, según distintas fuentes, recoge un incremento de la financiación a 1.600 millones de euros para cinco años, frente a los 1.239 millones presupuestados para 2026, una cantidad «insuficiente» y que «terminará de desguazar la universidad pública en favor de las privadas».
Si se estima en un 3% el crecimiento del PIB en los próximos años, estos 1.600 millones supondrán «en 2030 un 0,4% del PIB regional», por debajo del 1% previsto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), añaden las plataformas en un comunicado. Con una subida anual de 72 millones para seis universidades, «cada universidad recibiría en torno a 12 millones anuales, una cuantía claramente insuficiente para paliar la asfixia» que sufren desde 2012, ya que ni siquiera revierte el volumen del plan de recortes de 33 millones de la Complutense o el déficit de 76 millones de URJC.
Por tanto, «no aceptaremos nada que no pase por empezar a revertir las tendencias de fondo» que situaron Madrid como la comunidad que más privatiza y que tiene «los peores indicadores» en trasvase de estudiantes y personal a las privadas, salarios, caída de oferta de plazas y cierre de grados, inversión autonómica por estudiante y precios públicos de matrícula. «No nos contentamos con sobrevivir con meras migajas, la educación universitaria y la producción de conocimiento deben volver a ser servicios públicos, y dejar de ser negocios basados en el lucro», añaden.
En conclusión, si los rectores y gobernantes hacen anuncios oficiales que vayan contra el objetivo del 1% del PIB regional, las Plataformas convocarán «movilizaciones, acciones y huelgas tan intensas como sea necesario hasta que se cumplan los mínimos señalados», concluyen en un comunicado. Las plataformas acordaron en una asamblea el 14 de febrero retomar las movilizaciones «si no se cumple una financiación suficiente y estable» y se declararon contrarias a la financiación por objetivos que busca la Comunidad: «la consejería pondrá los objetivos y, si no se cumplen, no aportará el dinero», según la Coordinadora interuniversitaria.