El PP de Aragón acusa a Alegría de "cinismo" por criticar el Bachillerato concertado que implantó el PSOE
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de Aragón, Pilar Alegría.
Marín ha respondido así a la solicitud de un pleno extraordinario en las Cortes para que comparezca el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en relación al anuncio de la concertación del primer curso de Bachillerato a partir de septiembre que ha registrado el PSOE, una decisión «importante» que no puede tomar estando en funciones y además «esconderse», según ha dicho previamente en rueda de prensa Pilar Alegría.
Marín ha recordado en una comparecencia posterior que la concertación del Bachillerato forma parte del sistema educativo, «son dos tipos de gasto público que se complementan», con el que el PP está de acuerdo y que lo creó un gobierno «del PSOE». Y por ello ha preguntado a Alegría si también para esos conciertos va a pedir un pleno extraordinario o «por qué no dice nada» de que los vascos y navarros también tengan concertado el bachiller.
La diputada popular ha ahondado en que el Gobierno de Aragón «garantiza todos los derechos a todas las personas», protege al alumnado y a las familias y ha invertido «más que nunca en educación pública, 143 millones más que cuanto gobernaba Lambán», para garantizar la igualdad y la continuidad educativa del alumnado en sus centros.
La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, por su parte, ha reiterado su oposición a la concertación del Bachillerato, «un cambio total de modelo educativo» contra el que la escuela pública ha anunciado que presentará un recurso y solicitará medidas cautelares para paralizarla, a la que también se sumará el partido como integrante de la plataforma. Así lo ha indicado Alegría tras reunirse en la sede del PSOE en Zaragoza con Fapar y representantes sindicales de UGT y CCOO, en las que ha vuelto a criticar que el Gobierno regional «en funciones» haya anunciado «con alevosía, nocturnidad y por la puerta de atrás» la privatización de la educación.
«Nos parecen absolutamente reprobables tanto las formas como el contenido», ha incidido, toda vez que ha añadido que tienen «serias dudas» de que un gobierno en funciones pueda adoptar una medida de un calado «tan profundo», que es «cambiar el modelo educativo». Además, ha denunciado que «se cojan recursos públicos para privatizar la educación de una etapa que no es obligatoria» y cuando «no hay necesidades educativas en Aragón en estos momentos», ya que hay unas 2.000 plazas públicas sin cubrir.
Alegría ha incidido en que la prioridad de Azcón es «asfixiar lo público» y ha criticado que no se ocupe de las necesidades de la educación pública, como la apertura de un nuevo colegio en Parque Venecia o de un instituto público el Monzón o la instalación de cocinas. La secretaria general del PSOE ha apuntado que este viernes habrá una nueva reunión de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, en la que participará el partido, para avanzar en la presentación de ese recurso con las medidas cautelares y ha recalcado que expertos en Derecho Constitucional aseveran que un gobierno en funciones no puede tomar decisiones de este calado, que genera condicionamientos económicos para muchos años.
También ha recordado además que ayer solicitaron un pleno extraordinario en las Cortes para que el presidente, Jorge Azcón, explique esta medida, porque no puede «esconderse», y que el anuncio de la concertación del Bachillerato puede responder a las negociaciones entre PP y Vox para la configuración del futuro Gobierno. «En este modelo de privatizar lo público se entienden perfectamente PP y Vox», ha dicho Alegría, quien ha añadido que, aunque sean dos partidos políticos diferentes con dos siglas diferentes, «representan lo mismo, el mismo modelo, las mismas políticas, las mismas prioridades y los mismos objetivos» y esto sería «seguramente dar un paso adelante en esas futuras negociaciones».
La presidenta de Fapar, Nieves Burón, por su parte, ha reiterado también este rechazo a la concertación del Bachillerato, una medida «innecesaria» y un «despilfarro de recursos públicos» cuando existen plazas públicas suficientes. Ha criticado además la forma en que se ha anunciado, con un gobierno y una consejera de Educación en funciones y con una cuantía económica que consideran que será mayor a la anunciada, cuando además no hay presupuesto aprobado en la comunidad. Y por ello, ha recordado, Fapar participará en las acciones conjuntas que se emprendan a través de la plataforma y de las organizaciones que defienden la escuela pública, como la presentación de este recurso contencioso-administrativo para intentar parar «este ataque a directo a la escuela pública».