Los alumnos gallegos tendrán desde 5º de Primaria una cuenta de correo electrónico oficial

Así lo ha avanzado este jueves el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, que ha presentado a los medios las principales medidas de una ley «pionera» a nivel estatal que contempla «el abordaje integral» de la educación en entornos digitales. El anteproyecto inicia ahora su periodo de exposición pública como paso previo a su aprobación en el Consello de la Xunta y su trámite parlamentario, con el objetivo de que esté aprobada «antes de finalizar el año» y pueda desarrollarse plenamente en el curso 2027-28.

Entre las novedades de esta normativa estará la dotación de identidad digital corporativa «a casi 190.000 alumnos», desde el curso de quinto de Primaria en adelante en los centros públicos, con un correo electrónico que tendrá «fines exclusivamente educativos» y no tendrá «carácter privado». El objetivo es que, en aquellas situaciones formativas en los centros en las que sea precisa una identidad digital, los estudiantes puedan usar una corporativa bajo parámetros de seguridad y privacidad, además de para canalizar las comunicaciones e interacciones con el centro y los docentes. De hecho, la Consellería de Educción aprobará los correspondientes protocolos de uso, las condiciones de acceso y los derechos y deberes asociados a estas cuentas, así como las medidas de supervisión y control necesarias para garantizar su uso adecuado y el bienestar digital del alumnado, así como posibles sanciones.

Según ha afirmado Rodríguez, la Xunta velará por el adecuado cumplimiento con una evaluación «permanente» y un «seguimiento sistemático» del desarrollo de esta nueva ley, dado que se trata de «un proceso vivo y en permanente cambio». El conselleiro ha señalado la necesidad de «afrontar con seguridad los retos de la transformación digital social y tecnológica que se están produciendo en este ámbito» y que también atañen a la educación, por lo que ha defendido una ley «inédita» que regulará «los derechos y deberes del conjunto de la comunidad escolar para favorecer un modelo de enseñanza de calidad, equidad y más personalizado».

La ley pone el foco en aspectos como el bienestar digital, la privacidad, la protección de datos, el derecho a la identidad digital y a la intimidad o la accesibilidad universal. Entre sus principales medidas están la adecuación del uso de la tecnología en las aulas en función de la etapa educativa y la madurez del alumnado, de manera que, con carácter general, el uso de los medios digitales en Infantil y en los dos primeros ciclos de Primaria estará limitado a un uso colectivo y el uso individual comenzará a partir de 5º de Primaria.

Además, la comunicación entre los centros educativos y las familias solo se podrá realizar por medios autorizados por la Xunta, descartando redes sociales como WhatsApp; y los centros educativos solo podrán emplear herramientas digitales autorizadas por la Consellería de Educación, ya que la autonomía pedagógica y la creatividad digital «deben estar aparejadas a la protección de datos y la seguridad». La ley también contempla la prohibición de grabar las clases, tanto presenciales como virtuales, por parte de alumnado y familias, salvo autorización previa; y el profesorado no podrá difundir actividades y exámenes del alumnado a través de redes sociales. Además, el alumnado está obligado a hacer un uso «seguro y responsable» de todos los contenidos, imágenes y vídeos y debe abstenerse de la difusión no autorizada de los mismos a través de redes sociales.

Derecho a la «desconexión»

Con esta nueva norma, Galicia se convierte en la primera comunidad autónoma en regular el derecho a la desconexión digital del alumnado fuera de la jornada escolar. Según han explicado desde la Consellería, el ámbito de desconexión «será común» y se reconocerá este derecho «tanto para el profesorado como para el alumnado y las familias», puesto que de lo que se trata es de evitar «horarios intempestivos o inadecuados», a través de un protocolo en el que se establecerán «horarios adecuados y canales oficiales de comunicación».

El anteproyecto contempla también la regulación de los exámenes virtuales, donde podrán emplearse sistemas biométricos para la identificación y control del alumnado; mientras que la autoridad pública del profesorado se extenderá al contorno digital. Asimismo, se refuerza la prohibición de los teléfonos móviles -se acota su uso pedagógico a partir de 3º de la ESO- y se crea un protocolo de custodia de los teléfonos móviles del alumnado por parte del centro.

Por último, el anteproyecto regula los usos permitidos y prohibidos de la inteligencia artificial en la educación; y contempla derechos y responsabilidades en materia digital tanto para alumnos como para profesores; así como corresponsabilidad para las familias, con actividades y cursos de formación y sensibilización sobre el uso de tecnologías para profesores y familias.