La Asamblea rechaza generalizar la gestión pública en escuelas infantiles, como pedía PSOE
La proposición no de ley (PNL, no vinculante) del PSOE-M se ha debatido en plena huelga de educadoras infantiles del ciclo de 0 a 3 años, una movilización que se inició el pasado 7 de abril y que lidera la Plataforma de Escuelas Infantiles madrileñas (PLEI). La moción pedía «iniciar la conversión progresiva de las escuelas infantiles públicas de gestión indirecta en centros de gestión directa» y «evaluar y reordenar progresivamente el sistema de cheques-copago a centros privados».
Sugería asimismo «un plan de incorporación progresiva de plantilla», con 3.000 en los próximos cuatro años, que permita a su vez reducir las ratios en las aulas, y a la ver homologar progresivamente las condiciones laborales y retributivas del conjunto del personal del primer ciclo de Educación Infantil. También planteaba, a modo de diagnóstico, realizar un «mapa escolar» para «ordenar la oferta existente» y «detectar déficits territoriales», de modo que, a partir de ahí, la Comunidad planificara «la construcción de nuevos centros».
Por último, el PSOE-M abogaba por impedir que el acceso a la Educación Infantil de 0 a 3 años «dependa de la capacidad económica o de la voluntad política de cada ayuntamiento», avanzando «hacia un modelo de accesibilidad económica real para las familias». El diputado socialista Esteban Álvarez ha asegurado que este plan «no es una utopía», sino una iniciativa «perfectamente asumible» que costaría 160 millones de euros en los próximos cuatro años.
El PSOE-M solo ha encontrado apoyo en Más Madrid, cuya diputada María Pastor ha clamado contra un modelo «privado y precarizado» y ha aprovechado para recriminar a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que no «escuche» a las educadoras en huelga. A ello ha replicado Eva María Gallego (PP) que la iniciativa no perseguía «reforzar» la red sino «eliminar progresivamente cualquier modelo distinto al suyo», y ha esgrimido que el modelo de la Comunidad de Madrid «funciona» y ofrece más «oportunidades» que uno centralizado en el sector público.
Vox, por su parte, había presentado una enmienda de sustitución con un texto alternativo que, si bien recogía algunas de las peticiones socialistas, como hacer un diagnóstico de situación o reducir ratios, rechazaba «imponer un modelo único de gestión directa» o «expulsar del sistema a cooperativas, entidades sociales» o «centros privados autorizados».