Plataforma Escuelas Infantiles ve la huelga estatal del 7 de mayo como una "fecha histórica"
La huelga nacional convocada por la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI) busca denunciar «la falta de atención institucional» hacia esta etapa educativa y reivindicar condiciones laborales «dignas» para sus profesionales, que en la región afrontan ratios «inasumibles» de niños por grupo cobrando un salario mínimo interprofesional, que les impide «llegar a fin de mes». El 7 de mayo es «una fecha histórica» para el ciclo 0-3. Tras años de «reivindicaciones individuales y colectivas» a nivel de escuelas, municipios y regiones, y tras «agotar todas las vías institucionales, salimos a las calles todas las plataformas de todos los territorios unidas en una plataforma estatal a denunciar la violencia institucional que vive el ciclo», indica PLEI en un comunicado.
Las principales demandas son un marco normativo de regulación estatal, la reducción de ratios por educadora y una mayor inversión pública que garantice «una educación de calidad y el acceso gratuito y universal», indica en un comunicado la plataforma madrileña que cumple un mes de huelga indefinida con el apoyo de la CGT. «Son muchas las carencias que vive el ciclo en estos momentos ya que no existe marco legal que lo regule dignamente», ya que a nivel estatal existen «hasta 10 modelos de gestión diferentes dónde se generan desigualdades y segregación», y tanto la atención que reciben los niños como las condiciones de las trabajadoras «dependen más del código postal que de la garantía de derechos».
La huelga nacional, convocada inicialmente por CCOO y a la que se sumaron otros sindicatos en apoyo de las huelguistas madrileñas, reivindica «ratios europeas» de niños por grupo y pareja educativa (dos cuidadoras por grupo) en todas las aulas. También piden reconocimiento profesional y salarios acordes con la categoría y el trabajo que realizan. Asimismo, reclaman más recursos para atender a niños con necesidades educativas especiales y un calendario laboral como el resto de las etapas educativas: «nuestra infancia y las trabajadoras que la atienden también merecen descanso».
Las ratios actuales son «inasumibles», con ocho bebés por cuidadora, grupos de 14 niños de 1-2 años y de veinte niños de 2-3 años, salvo las escuelas del Ayuntamiento de Madrid que tienen pareja educativa gracias al modelo instaurado por Manuela Carmena. Las movilizaciones en Madrid ya han dado sus primeros frutos. La ministra de Educación, Milagros Tolón, tras reunirse con la plataforma madrileña, ha anunciado que ya han empezado a trabajar en el decreto que regulará el número de alumnos que deben tener las aulas de 0 a 3 años. Las educadoras madrileñas, que reclaman una reunión con la consejera Mercedes Zarzalejo, advirtieron ayer en la Asamblea que con las actuales condiciones «no volverán a las aulas».
La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) ha pedido a la Junta de Andalucía que concrete las medidas para garantizar la viabilidad de las mismas. En un comunicado, la CEI-A ha explicado que la Consejería de Desarrollo Educativo ha planteado tres medidas para la viabilidad de los centros que pasan por la actualización del precio/plaza para el curso 2026-27; la implantación de un sistema de revisión automática a partir del curso 2027-28 y la búsqueda de soluciones al problema de liquidez que afecta a las escuelas infantiles al inicio del curso escolar.
El presidente de CEI-A, José Luis Victorio, ha considerado que estas propuestas son «un paso en la dirección correcta», pero, sin embargo, ha señalado que «dichas medidas resultan insuficientes si no vienen acompañadas de una concreción real y cuantificable». En relación a la actualización del precio público para el próximo curso, «es imprescindible conocer el porcentaje o subida exacta que la Administración está dispuesta a aplicar porque no es lo mismo una subida que se aproxime al 20% o superior que planteamientos inferiores, que en ningún caso resolverían la situación de asfixia económica que sufren actualmente los centros», según Victorio.
Respecto al sistema de revisión automática del precio/plaza a partir del curso 2027-28, CEI-A ha insistido en la necesidad de definir el índice de referencia: si será conforme a la actualización igual a los conciertos o conforme al IPC. En cuanto al problema de liquidez que sufren las escuelas en septiembre, José Luis Victorio ha explicado que en la reunión con la Consejería se ha planteado pagar un porcentaje de la liquidación que se cobra a finales de octubre a principios de septiembre, para que la falta de liquidez no suponga la inviabilidad de los centros.
«La gratuidad implica que los centros dependen totalmente de los pagos de la Consejería, pero sin un adelanto de los mismos, se ven obligados a asumir los gastos de septiembre y principios de octubre sin ingresos», ha recordado el presidente de Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, que ha reiterado su voluntad de diálogo, pero ha advertido que «el sector no puede seguir sosteniéndose sobre medidas sin terminar de definir», por lo que es «el momento de concretar, de actuar y de dar respuestas reales a una situación que ya no admite más demora y que parece que esta Administración no lo comprende del todo aún».