Plataforma universitaria considera "un engaño" el compromiso de 14.800 millones de Ayuso
El Ejecutivo regional ha dado este miércoles estructura jurídica al acuerdo suscrito en marzo por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos, un texto que ha recibido críticas de la comunidad universitaria. Una de las portavoces de UCM por la Pública, la catedrática de la Complutense Eva Aladro, explica a Efe que con este nuevo plan la Administración autonómica no llega al 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), una cifra que incumple la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece que la aportación pública debería situarse en el 1%.
Según Aladro, las partidas presupuestarias anunciadas por el Gobierno regional son insuficientes porque solo cubren el 70% de los gastos estructurales de los centros, como las nóminas del personal, los suministros o el mantenimiento de los edificios. Además, señala, el sistema de asignación es «inestable» y está sujeto a decisiones puntuales sobre infraestructuras o proyectos de modernización, lo que vulnera el mandato de estabilidad financiera de la LOSU.
La docente argumenta que el importe publicitado de 14.800 millones es «un engaño» porque en ella están incluidas las matrículas que pagan las familias, y dinero que tienen que poner las universidades, de forma que el presupuesto real de la Comunidad de Madrid se reduce a la mitad de lo anunciado. Un informe elaborado por la plataforma Universidad Politécnica por la Pública reconoce que el acuerdo plurianual introduce recursos adicionales y alivia parcialmente la situación, pero no corrige la infrafinanciación crónica acumulada durante años.
El documento concluye que las universidades públicas madrileñas están limitadas por la financiación que da el Gobierno de la Comunidad de Madrid y no pueden dar el servicio que la sociedad demanda, de manera que «crece» el negocio de las universidades privadas a costa de las «ataduras» impuestas a los centros públicos.
Por su parte, los sindicatos CCOO, UGT y CGT consideran que el nuevo modelo de financiación. Estas organizaciones sostienen que el instrumento normativo validado este miércoles por el Consejo de Gobierno regional consolida «el ahogo económico estructural» de los campus públicos y «maquilla» las cifras reales de la aportación autonómica hasta el año 2031. Los 14.800 millones de euros no equivalen a financiación autonómica directa, puesto que la aportación comprometida por la Administración regional se sitúa en torno a los 8.959 millones de euros para el periodo 2026-2031, mientras que los restantes 5.800 millones de euros corresponden a fondos competitivos externos, ingresos propios de las universidades y otras fuentes, según UGT.
El secretario de Enseñanza de UGT Madrid, Javier Becerra, explica que una parte significativa de los recursos está ligada a indicadores de rendimiento que todavía no están completamente definidos y muestra su preocupación por las exigencias presupuestarias que sufrirán los campus hasta 2028, sin que el nuevo modelo aporte «un alivio real». «La situación financiera de las universidades Complutense y Rey Juan Carlos es especialmente delicada y producto del ahogo económico al que se ven sometidas por parte de la Comunidad de Madrid y su política presupuestaria», afirma el representante sindical. Becerra censura que el acceso a los fondos de convergencia dependa de planes de recortes que afectarán al capítulo de personal, lo que se traducirá en una presión directa sobre los trabajadores de las universidades.
Por su parte, el secretario de Universidades de CCOO Madrid, Jesús Escribano, considera «insuficiente» el plan del Ejecutivo autonómico para revertir los problemas crónicos de infrafinanciación del sistema educativo superior regional. Escribano lamenta la «desfachatez» del Gobierno madrileño al reconocer que no van a financiar el cien por cien de los 14.800 millones en el desglose del presupuesto. El representante de CCOO recuerda que la Comunidad de Madrid cuenta con las universidades peor financiadas de toda España y que este modelo «publicitario» no soluciona el día a día de los centros ni se acerca al objetivo del 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
Desde el sindicato CGT, Álvaro Briales tilda el acuerdo plurianual de «estafa» y afirma que «mientras Isabel Díaz Ayuso habla de garantizar la suficiencia económica de las universidades públicas madrileñas, la Universidad Complutense sigue, de cara al año 2031, sin cubrir sus gastos básicos para mantenerse a flote». Briales advierte sobre el riesgo de falta de liquidez y el horizonte de insolvencia de la Complutense, donde la transferencia anual media propuesta ni siquiera cubre el gasto corriente de personal auditado.
Los sindicatos lamentan también el posicionamiento de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) por agradecer una norma que desoye las movilizaciones y la huelga del pasado noviembre. Las organizaciones sindicales continuarán con la exigencia de una financiación adecuada y prometen mantener la lucha en las calles para evitar que la solución a la infrafinanciación recaiga sobre los empleados públicos.