Azcón carga contra la izquierda por plantear "una cruzada" contra la educación concertada

«Es un error social y político» que perjudica a la familias que optan por la educación concertada, ha argumentado Azcón en su comparecencia en el pleno a petición de Chunta Aragonesista, cuyo portavoz, Jorge Pueyo, le exigido responsabilidades, también a la consejera de Educación, Carmen Susín, por esa la orden «ilegal» con el ejecutivo en funciones. En su intervención, Pueyo ha acusado a Azcón de pensar que por ganar las elecciones «uno tiene razón frente a todo el mundo», pero el TSJA «le ha parado los pies» al dejar «clarísimo» que esa orden, que ha tachado de «ideológica y atemporal», cuestionada por la oposición, la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, la comunidad educativa y los sindicatos, es «ilegal».

El portavoz de CHA ha reclamado que el dinero para esos conciertos se dedique a atender las múltiples necesidades de la escuela pública y ha concluido que la emergencia que había en aprobar esa orden, cuando el gobierno ha reconocido ahora que puede esperar un año, pasaba por «la cuenta de resultados de la privada». Además, ha enfatizado que los que perjudican a las familias aragonesas no son quienes recurrieron el concierto, sino «quienes aprueban una orden «ideológica, atemporal e ilegal».

En su respuesta, Azcón ha arremetido contra Pueyo por exigirle responsabilidades políticas por aprobar una orden con la que el Gobierno perseguía ampliar derechos a las familias y cumplir su programa electoral, y se adoptó por una cuestión de tiempo, para poner en marcha el concierto el próximo curso, y no lo haga con el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez «con lo que está pasando en este país». Además, ha negado que la ampliación del concierto al bachillerato tenga impacto en la cuenta de resultados de sos colegios puesto que ya pagaban las familias la educación de sus hijos y ahora se cubrirá con los presupuestos públicos.

«Usted quiere que las familias paguen la educación, nosotros queremos que se amplíen los derechos con más financiación pública para las familias que optan por un tipo de educación», ha remachado, al tiempo que ha explicado que el Gobierno no recurrió el auto porque imposibilita, desde el punto de vista jurídico, reanudar el procedimiento, y lo importante es la seguridad jurídica de las familias, y el concierto se pondrá en marcha en el curso 2027.

En el turno del resto de la oposición, la socialista Pilar Alegría ha afirmado que el Gobierno de Azcón va de «chapuza en chapuza», que aprobó esa orden «con nocturnidad», y que aún no se conocen los informes obligatorios de la Inspección Educativa, de Intervención y de la Secretaría General Técnica que avalen la extensión del concierto porque «la realidad mata su relato» y porque el objetivo es coger recursos públicos para duplicar la existencia de un servicio que ya existe.

Pilar Buj, de Aragón Teruel Existe, ha insistido en que Azcón «se precipitó y adoptó una decisión que no podía tomar» estando el Gobierno en funciones y en que el TSJA «ha frenado su error». Le ha instado a tomar esta situación como una oportunidad para no repetir el error y apostar por la escuela pública y para potenciar su papel de vertebración territorial, de cohesión social y de institución esencial para abrir oportunidades a todos los aragoneses. Marta Abengochea, de IU, ha reprochado a Azcón que aluda al número de familias a las que beneficiaría esta medida cuando votó en contra de la prórroga del alquiler que afectaba también a unos 50.000 aragoneses y ha lamentado la «hoja de ruta privatizadora» del Ejecutivo PP-Vox.

Por los grupos que sostienen al Gobierno, Santiago Morón, de Vox, ha defendido el concierto en el bachillerato y ha criticado a una parte de los docentes que intentan inculcar «basura ideológica» a los alumnos y los jóvenes están «hartos» de eso y votan a su partido. Ante esta intervención, Alegría ha exigido a Morón mucho más respeto por los docentes de Aragón, por insinuar que están «adoctrinando» a los alumnos en Aragón. Finalmente, Ana Marín, del PP, ha lamentado que los grupos de la izquierda celebren el auto del TSJA porque supone alegrarse de que 1.800 jóvenes no podrán cursar este año bachiller en el centro educativo donde deseaban hacerlo (aunque sí que podrán siempre y cuando sus familias asuman el coste) y les ha instado a explicar a esas familias que «su sectarismo, su incoherencia» han truncado «su futuro y su libertad».