Educación revisa el decreto de mínimos y lo actualizará de cara al curso 2027-28

El ‘decret de mínims’ obliga a los centros a impartir, como mínimo, el 50% del horario lectivo en catalán. Vera ha presidido la Mesa de Participación del Sector del Primer Ciclo de Educación Infantil y ha explicado las principales novedades, como que la Conselleria también está trabajando en la tramitación del nuevo decreto de comedores para la etapa 0-3, ha informado el departamento autonómico en una nota. Espera disponer de un primer borrador en julio, que incorporará mejoras tanto en el horario del servicio como en la actividad educativa vinculada al comedor. La voluntad es agilizar su tramitación para que pueda entrar en vigor durante el curso 2026-27.

En el transcurso de la Mesa, el conseller también ha informado del encargo de un informe externo para conocer con detalle el estado de todos los centros públicos de 0-3 años de Baleares, un diagnóstico que permitirá iniciar los trámites para que el Govern pueda asumir progresivamente la gestión de estos centros. Para el curso 2026-27 se prevé alcanzar las 15.300 plazas de 0 a 3, en el marco del objetivo de avanzar hacia la universalización del primer ciclo de Infantil, con acceso equitativo para todas las familias.

La Conselleria refuerza la creación y consolidación de plazas públicas, especialmente las gestionadas directamente por el Govern. Desde septiembre de 2023 hasta la actualidad, el número de centros con gestión directa ha pasado de 4 a 29.

El Pleno del Consell Escolar de Baleares (CEIB) ha expresado su disconformidad con las modificaciones normativas relacionadas con el conocimiento de la lengua catalana incluidas en la reciente Ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos y otras medidas de simplificación administrativa aprobada por el Parlament balear. El órgano consultivo ha denunciado en una nota que dos de las disposiciones finales de la norma modifican aspectos de la Ley de Educación de las islas sin que se haya realizado la consulta preceptiva al CEIB, tal y como establece la legislación autonómica que regula este organismo.

En concreto, el Consell Escolar cuestiona la modificación del artículo 85.2 de la Ley de Educación de 2022 y la incorporación de una nueva disposición adicional a dicha norma. Según recuerda, la legislación vigente obliga a consultar al CEIB los anteproyectos de ley en materia educativa, así como las disposiciones y actuaciones relacionadas con los objetivos lingüísticos del sistema educativo balear. Por ello, la entidad ha acordado rechazar tanto el procedimiento seguido para la tramitación de la ley como al contenido de las modificaciones introducidas en la normativa educativa. El organismo considera que los cambios se han aprobado sin respetar los mecanismos de participación y consulta previstos por la legislación autonómica.

El personal de las ‘escoletas’ de 0 a 3 años de Baleares está convocado a una jornada de huelga el 16 de junio, después de que los sindicatos y la patronal no hayan acercado posiciones en la reunión mantenida este lunes en la sede de la Conselleria de Educación. Los sindicatos CCOO, UGT y STEi exigen un convenio colectivo autonómico propio para toda la etapa 0-3 que iguale al alza los sueldos de los educadores del sector privado, así como otras mejoras laborales, han explicado los representantes sindicales tras una reunión, que ha durado en torno a una hora.

Por su parte, la patronal rechaza un convenio autonómico antes de ordenar el marco de negociación del sector concertado. Además, la entidad defiende que ya existe un convenio estatal vigente y que cualquier mejora debe articularse mediante acuerdos específicos. El Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (Tamib) acogerá este viernes un último intento de mediación para evitar la huelga y acercar posturas, aunque, a tenor de la posición de ambas partes, no parece una opción muy posible. La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha recordado el papel mediador de su departamento en este conflicto y ha pedido a las partes «madurez» y «responsabilidad» para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la situación.