El Ministerio propone cuatro niños por educadora en aulas con menores de un año, seis en las de 1 a 2 y ocho en las de 2 a 3

DOCUMENTOS: Borrador de propuestas de modificación (PDF)

Así se desprende del borrador de un nuevo decreto que el Ministerio ha trasladado a los sindicatos para regular las ratios en el ciclo de 0 a 3 años y que contempla cuatro bebés por educadora en las aulas con menores de un año, seis en las de 1 a 2 años y ocho en las clases de 2 a 3 años. El texto del decreto señala que «serán de aplicación desde el curso escolar 2027-28 para el primer curso del primer ciclo de la etapa y con aplicación progresiva en los siguientes cursos escolares a los cursos segundo y tercero, con el fin de que su plena aplicación sea al comienzo del curso académico 2029-30».

La ministra de Educación, Milagros Tolón, se compromete así con las demandas de las educadoras de primer ciclo de Infantil que se han manifestado en los últimos meses por toda España en contra de aulas masificadas y en favor de la pareja educativa y de una reducción de niños por clase. El Ministerio ha hecho esta propuesta en el marco de la revisión del decreto de 2010 sobre requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria y después de que las educadoras infantiles denunciaran ratios de hasta ocho bebés menores de un año por profesional, 13 niños en aulas de uno a 2 años, y hasta 20 en las de 2 a 3 años.

El decreto, que no necesita ser convalidado por las Cortes y podría entrar en vigor tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, también regula que los centros de 0 a 3 años deben tener un mínimo de tres unidades. Un aula por cada unidad con un mínimo de dos metros cuadrados por puesto escolar y las clases para niños menores de 2 años deberán disponer de áreas diferenciadas para el descanso y la higiene. El texto señala otros requisitos como disponer de una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados, que en su caso, podrá ser usada de comedor. También un patio de juegos de uso exclusivo del centro con una superficie nunca inferior a 75 metros cuadrados, y con horarios diferenciados para las diferentes edades. Un aseo por sala, destinada a niños de 2 a 3 años, que deberá ser visible y accesible desde la misma y que contará con dos lavabos y dos inodoros y otro aseo para el personal, separado de las unidades y de los servicios de los niños, son otras medidas a cumplir.

20 alumnos máximo en segundo ciclo de Infantil, 22 en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato

El Ministerio también ha propuesto un tope de 20 alumnos por docente en el segundo ciclo de Infantil, de 3 a 6 años, para que sea de aplicación en el curso 2027-28 en el primer curso de esta etapa. Además, este decreto ya contempla la bajada de ratios en Primaria y Secundaria, a un máximo de 22 alumnos y 25 por clase (frente a 25 y 30 actuales), que regulará el proyecto de ley que tramita el Congreso y recuerda que su entrada en vigor será progresiva a partir del curso 2027-28 para Primaria y 2028-29 para la ESO. Asimismo, regula la ratio en Bachillerato para establecer un máximo de 30 alumnos por clase a partir del curso 2029-30 frente a los 35 actuales.

Los sindicatos CCOO, UGT, STE-I y CSIF aplauden la medida vinculada a las escuelas infantiles, que calmará los ánimos en el sector, dicen, pero piden bajar más las ratios de segundo ciclo de Infantil y de Bachillerato. Coinciden en que son medidas positivas pero que deben implementarse cuanto antes y no de forma progresiva.

Por su parte, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), como organización empresarial mayoritaria del sector de la Educación Infantil privada, manifiesta en un comunicado su «profunda preocupación ante las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación relativas a una posible reducción de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) impulsada por el Ministerio de Educación».

A falta de información oficial y de un traslado formal al sector, ACADE «lamenta que, de confirmarse estas propuestas en los términos conocidos, se habrían elaborado sin diálogo ni consulta previa, ignorando a los titulares de los centros que sostienen una parte esencial de la oferta educativa en esta etapa». «Esta forma de proceder supondría una grave falta de interlocución institucional y evidenciaría una preocupante desconexión con la realidad económica y operativa del sector», señala la organización.

Un escenario de inviabilidad y desaparición del sector

De acuerdo con los datos oficiales, y siempre bajo el supuesto de que las ratios planteadas se implantaran sin medidas compensatorias suficientes, el impacto podría ser extremadamente grave:

• Podrían verse abocados al cierre los 5.345 centros privados de Infantil existentes.
• Más de 224.000 alumnos, cerca del 50% del total escolarizado en esta etapa en el conjunto de la red pública y privada, podrían quedarse sin plaza.
• Las familias no podrían asumir el incremento de costes derivado de la medida, lo que haría inviable su aplicación sin un sistema adecuado de financiación pública
• Se produciría, en la práctica, la desaparición de la red privada como elemento esencial de cobertura y acceso.

ACADE subraya que una reducción de ratios de esta magnitud, en el contexto actual, resultaría incompatible con la sostenibilidad económica de los centros. Y las consecuencias en el ámbito laboral serían igualmente críticas: se perderían más de 60.000 puestos de trabajo; se vería gravemente afectado un sector altamente feminizado y con gran presencia de profesionales jóvenes; se desmantelaría un tejido empresarial clave en la atención educativa temprana

Exigencia de información, diálogo y rigor

Ante esta situación, ACADE considera imprescindible que el Ministerio proporcione información oficial clara, completa y transparente sobre cualquier propuesta en estudio; la apertura inmediata de un proceso real de diálogo con el sector y que cualquier reforma se diseñe desde criterios de viabilidad económica, sostenibilidad y corresponsabilidad público-privad

 La eventual desaparición o reducción drástica de la red privada tendría un impacto directo sobre el sistema público ya que no dispondría de capacidad real para absorber la demanda existente. Además, podría producirse una pérdida masiva de plazas, afectando hasta al 50% del alumnado del conjunto de las infraestructuras y recursos actuales resultaríanclaramente insuficientes para cubrir la demanda generada. En este escenario, ACADE advierte de que «podría producirse un colapso sin precedentes en la atención educativa de 0 a 3 años, comprometiendo gravemente el acceso de miles de familias».

Por ello, ACADE alerta de que, de confirmarse en los términos conocidos, la reducción de ratios podría tener efectos devastadores sobre el sistema educativo, poniendo en riesgo la continuidad de los centros, el empleo y la escolarización de cientos de miles de niños. La organización reitera su disposición al diálogo, pero advierte de que no puede aceptarse ninguna reforma que ignore la realidad del sector y comprometa su propia supervivencia, así como la estabilidad del sistema educativo en su conjunto.