Suspendida la concertación del Bachillerato en Aragón por impulsarla un gobierno en funciones

El 7 de abril de 2026, el Departamento de Educación de un gobierno en funciones, puesto que todavía no se había formado el ejecutivo tras las elecciones de febrero, informó de que iniciaría en el curso 2026-27 el despliegue de la concertación del Bachillerato en una veintena de centros, con beneficio para unas 1.900 familias. Entonces, 17 entidades (partidos, sindicatos o asociaciones de familias y vecinales) presentaron un recurso contra la orden, que ha derivado en esta pieza de medidas cautelares resuelta ahora por el TSJA, que el Departamento de Educación tiene cinco días para recurrir.

En su auto, el TSJA fundamenta la suspensión en el hecho de que la orden fue aprobada por un gobierno en funciones, una circunstancia que, a juicio de la mayoría de la Sala, quiebra «la presunción de acierto y validez» de la norma al poder generar compromisos económicos futuros sin que se hayan acreditado «razones de extraordinaria y urgente necesidad». En todo caso, el TSJA no cuestiona el fondo de la concertación y reconoce que el hecho de que la orden fuera dada por un gobierno en funciones es «el único motivo de entidad» que encuentran los magistrados para suspender la norma. «La decisión de concertar el Bachillerato es una opción de planificación educativa de competencia autonómica», reconocen.

Las 17 organizaciones en representación de la escuela pública desde diferentes ámbitos consideran que el auto avala lo innecesario de la medida y han recordado en rueda de prensa que existen plazas en la red pública y en los centros que ya tienen concertada esta etapa, además de argumentar el descenso demográfico, unos recursos económicos finitos y las necesidades que persisten en los centros públicos.

El Gobierno de Aragón no recurrirá la cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que ordena la suspensión de la orden para la concertación del Bachillerato el próximo curso para no retrasar el proceso de escolarización, aunque seguirá adelante con la medida, que prevé que se lleve a cabo en el curso 2027-28. Así lo ha anunciado a los medios la consejera de Educación, Carmen Susín, tras reunirse, junto a la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, con el sector de la educación concertada para analizar los pasos a seguir tras el auto del TSJA conocido este jueves, que acepta las cautelares planteadas en el recurso presentado por 17 entidades y asociaciones contra la orden de concertación al haber sido impulsado por un gobierno en funciones.

Susín ha indicado que la concertación del Bachillerato será en el curso 2027-28 y no el 2026-27 como estaba previsto, pero será «con todas las garantías jurídicas» que den certeza a las familias. La consejera, que ha lamentado que «la izquierda ayer celebrara como una victoria» esta decisión «cuando hay 55.000 familias como mínimo que vieron frustradas sus expectativas», ha mostrado su respecto a la decisión judicial. Según datos proporcionados por Escuelas Católicas de Aragón en noviembre de 2025, 52.000 es el número de estudiantes en total en la escuela concertada en todas sus etapas.

Susín no ha aclarado si será una nueva orden la que posibilite la concertación del Bachillerato y ha insistido en que se estudiará «jurídicamente cómo garantizarlo con todas las certezas». «La decisión que ha trasladado la consejera y que ha sido consensuada en esta reunión es precisamente no abrir vías de incertidumbre ni una falta de seguridad jurídica», ha intervenido Vaquero, quien ha agregado que «bastante tienen esas más de 55.000 familias que tienen que agradecer a la izquierda que este año tengan que pagar el Bachillerato de sus hijos mes a mes como para encima incrementar esa incertidumbre abriendo especulaciones».

La vicepresidenta ha recordado que la concertación del Bachillerato es uno de los compromisos del presidente Jorge Azcón para ofrecer un modelo educativo basado «en la libertad de elección de centros», tanto en enseñanzas obligatorias como enseñanzas posobligatorias, por lo que los servicios jurídicos empezarán a trabajar para que se produzca con todas las garantías ,sobre todo teniendo en cuenta que a lo que el auto se refiere al hecho de que el ejecutivo «estuviera en funciones». «Por lo tanto, ha quedado muy reducida esa cuestión al hecho de que el Gobierno de Aragón estuviera en funciones», ha insistido la vicepresidenta, quien ha añadido que ahora «no lo está» y se puede poner en marcha el proceso, por lo que lo importante es que para el curso 2027-28 «las familias aragonesas sepan que sus hijos pueden tener concertado el primer curso de Bachillerato».

Las patronales de la concertada tampoco van a recurrir el auto conocido ayer, que respetan pero no comparten, y seguirán luchando por la concertación del Bachillerato. Así, Miguel Ángel Sarralde, de Fecaparagón, ha reconocido que están «muy decepcionados» por el recurso que interpusieron 17 entidades contra la necesidad «real» del concierto de Bachillerato y que solo han pretendido «perjudicar» a miles de familias cuyos hijos que están cursando 4º de Secundaria en los colegios concertados. A su juicio, el incremento del 1,3 % en el presupuesto de Educación que hubiera supuesto la concertación de 1º y 2º de Bachillerato «no va en detrimento de nada ni de nadie» y ese dinero «no soluciona los problemas de la enseñanza púbica».

También José María Marín, de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Aragón (CECE) ha mostrado su «tristeza» por esta decisión, mientras que José Ignacio Casajús, de Escuelas Católicas de Aragón (ECA) se ha mostrado «desencantado» con el auto, aunque ha recordado que no cuestiona la idoneidad o no de que un gobierno establecido pueda concertar el Bachillerato y los motivos «siguen siendo válidos». Desde la Federación de Sindicatos Independiente de Enseñanza de Aragón (FSIE), Jesús Gil de Bernabé, ha considerado que el auto es una «decisión puntual» y que lo importante es articular «la seguridad jurídica» para los trabajadores, centros y familias, mientras que Pablo Aguilar, en representación de la Federación de Enseñanza USO, ha apuntado que encaja «con resignación» el auto que «retrasa mejoras laborales» para el sector.