Abad: “El riesgo de prohibir el acceso a las redes es generar una falsa sensación de seguridad en las familias”

La lectura de fondo que hacen los expertos en educación digital es prudente. María José Abad, responsable de investigación de Empantallados, resume el momento con una idea que condensa bien el dilema: «todo suma», pero no todo resuelve. En declaraciones a MAGISTERIO, Abad advierte de que el principal riesgo de este tipo de medidas es generar una falsa sensación de seguridad en las familias, como si una ley pudiera sustituir de forma automática la vigilancia adulta, la educación crítica y el acompañamiento cotidiano.

Para la especialista, el debate no debería centrarse únicamente en si se prohíbe o no se prohíbe, sino en qué arquitectura de protección se construye alrededor de esa decisión. «Prohibir no funciona si no ofrecemos alternativas«, sostiene, al tiempo que insiste en que la protección real exige tiempo, criterio y presencia adulta. Su advertencia encaja con uno de los grandes dilemas que atraviesa toda la discusión europea: una norma puede poner límites, pero no reemplaza la tarea educativa.

Desde el lado de las familias, el mensaje también es de apoyo matizado. María Sánchez, presidenta de Ceapa, considera que el anuncio francés va en la dirección correcta, pero subraya que el problema empieza cuando la medida se presenta como solución cerrada.

en cuanto a la situación en nuestro país, «el Gobierno lo ha anunciado, pero ahí se ha quedado la cosa», señala, en referencia a la distancia que suele existir entre el anuncio político y su aplicación real.

Sánchez insiste en que las familias necesitan mucho más que una norma: necesitan formación, herramientas y acompañamiento. En ese punto, coincide con Empantallados en que la clave no es solo prohibir, sino educar. «Si no formamos a las familias, la ley se queda corta», resume. Para la dirigente de Ceapa, la protección de los menores requiere que madres y padres sepan qué significa usar redes, cómo se gestionan los riesgos y qué papel deben jugar en la vida digital de sus hijos.

La presidenta de la confederación de familias añade además un matiz importante sobre la vida cotidiana en los centros escolares: la prohibición del uso del móvil para fines no educativos no siempre se cumple. «Hay profesores que les dejan el móvil cuando tienen que corregir o hacer alguna otra actividad», explica, una práctica que, según denuncia, revela que la norma existe, pero la supervisión es desigual. Para Ceapa, ese incumplimiento parcial debilita el mensaje de fondo y transmite a los alumnos la idea de que las reglas son flexibles según el contexto.

Francia llega a esta decisión tras varios años de creciente alarma pública sobre el impacto de las pantallas, la presión social de las plataformas y el deterioro del bienestar emocional de niños y adolescentes. El Gobierno francés ha querido situar la medida como una respuesta contundente a una preocupación extendida entre familias, docentes y profesionales sanitarios: la relación entre el uso intensivo de redes y el aumento de problemas de sueño, ansiedad, acoso y dependencia tecnológica.

La norma no se limita a una declaración de intenciones. El texto prevé un calendario para bloquear nuevos registros por debajo de los 15 años y para revisar las cuentas ya existentes. Además, se suma a una política escolar más restrictiva respecto al móvil, que Francia viene desplegando desde etapas anteriores y que ahora se extiende con mayor ambición. El mensaje político es claro: la infancia y la adolescencia deben quedar más protegidas de un ecosistema digital que, en opinión del Ejecutivo galo, ha crecido sin suficientes contrapesos.

Pero el gran problema comienza cuando la ley sale del Parlamento y entra en la infraestructura de internet. ¿Cómo se comprueba con fiabilidad que una persona tiene 14 o 16 años? ¿Qué ocurre con las cuentas ya abiertas? ¿Quién paga el coste de verificar a millones de usuarios? ¿Y cómo se hace sin convertir internet en un espacio de identificación permanente?

Ahí se abre el verdadero campo de batalla. Abad insiste en que la eficacia de la norma dependerá de la verificación real de la edad, porque la ley puede ser contundente en el papel y frágil en la práctica. La propia Comisión Europea trabaja en soluciones de age verification con enfoque privacy-preserving, es decir, sistemas que permitan confirmar la edad sin revelar datos innecesarios, pero admite que ningún método es absolutamente infranqueable y que pueden existir atajos como el uso de VPN o credenciales falsas.

El reto no es menor. En el debate francés se ha reconocido que no basta con impedir nuevos registros: también habrá que localizar y suspender cuentas de menores ya activas, además de imponer controles a las plataformas para que no trasladen la responsabilidad a las familias o a los propios adolescentes. En ese punto, la presión sobre empresas como TikTok, Instagram, Snapchat, X o YouTube será máxima.

La decisión francesa no nace de una intuición política aislada. Se apoya en un clima internacional cada vez más crítico con el uso intensivo de redes sociales por parte de menores. La oficina europea de la OMS señaló en 2024 que el uso problemático se asocia con menos sueño y con acostarse más tarde, dos factores que impactan de forma directa en el rendimiento escolar, el estado de ánimo y la regulación emocional.

A ello se suman revisiones sistemáticas que encuentran asociación entre el uso de redes, la salud mental y los problemas de descanso en población joven. No se trata, por tanto, de un debate ideológico sin base empírica, sino de una conversación cada vez más apoyada en datos que apuntan a una misma dirección: el diseño de las plataformas importa tanto como el tiempo de uso.

En esa línea, Abad subraya que no basta con retrasar la edad de acceso si no se cuestionan también los mecanismos que hacen especialmente adictivo el entorno digital. Habla del scroll infinito, de las notificaciones constantes, de la reproducción automática y de una arquitectura de producto diseñada para retener la atención el mayor tiempo posible. La Comisión Europea, de hecho, ha situado esas dinámicas persuasivas y potencialmente adictivas entre sus prioridades regulatorias para proteger a los menores en línea.

La especialista de Empantallados recuerda que la norma puede ser un primer paso, pero no un sustituto del adulto. Su argumento es directo: la ley ordena, pero la educación acompaña. Y ese acompañamiento no se limita a impedir el acceso a una app, sino que incluye enseñar a gestionar el tiempo, a comprender los riesgos y a desarrollar criterio frente a contenidos manipulativos, deepfakes, chatbots o nuevas formas de presión social digital.

En el terreno familiar, la cuestión es todavía más sensible. Muchas familias viven entre el alivio de ver que el Estado asume parte de la presión y el temor a que una norma demasiado simplificadora les haga bajar la guardia. Abad insiste en que ese alivio no debe traducirse en delegación absoluta. La edad mínima puede ayudar, sí, pero no sustituye a la conversación en casa, al acompañamiento en el uso del móvil ni a la supervisión de los primeros contactos con el universo social digital.

Sánchez, desde Ceapa, coincide en que la formación de las familias es imprescindible para que cualquier medida tenga recorrido real. La presidenta de la confederación defiende que los hogares necesitan saber cómo establecer límites, cómo dialogar con sus hijos y cómo actuar cuando aparecen conflictos de uso. «No basta con decir que no», viene a señalar, si no se ofrecen criterios para actuar después.

Francia no actúa en el vacío. España anunció el 3 de febrero de 2026 que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Australia activó en diciembre de 2025 la primera gran ley del mundo en esta dirección y otros países, como Dinamarca, Grecia o el Reino Unido, exploran fórmulas parecidas. El mapa regulatorio cambia con rapidez, pero la pregunta sigue siendo la misma en todos los casos: cómo aplicar una restricción que los adolescentes conocen de antemano y que, en muchos casos, saben sortear mejor que los adultos.

La respuesta que dibuja Bruselas pasa por un marco común: herramientas de verificación robustas, un diseño digital menos persuasivo y una aplicación coherente en toda la Unión Europea. La Comisión trabaja en una arquitectura de age verification compatible con una futura European Digital Identity Wallet, prevista para finales de 2026, que permitiría acreditar la edad mediante pruebas criptográficas sin revelar más datos de los necesarios.

El problema es que esa solución, aunque prometedora, abre también otra discusión: la de la privacidad. La CNIL y otros organismos de protección de datos advierten de que, si para impedir el acceso de los menores las plataformas deben exigir una identificación demasiado precisa, el coste será una erosión del anonimato funcional que ha caracterizado históricamente a la red. Lo que se plantea, en el fondo, es un intercambio delicado entre protección de la infancia y protección de la intimidad.

Además, la ley francesa puede toparse con la arquitectura jurídica de la Unión Europea. La Digital Services Act otorga a Bruselas competencias clave sobre las grandes plataformas, de modo que cualquier norma nacional debe convivir con ese marco común. Si la verificación de edad europea se retrasa, el riesgo es que la ley francesa entre en una zona de fricción legal y técnica que limite su aplicación real o la convierta en un gesto más simbólico que operativo.

Ninguna de estas dificultades sorprende del todo a los expertos en ciberseguridad y sociología digital. La historia de internet demuestra que los adolescentes suelen ir varios pasos por delante de la regulación. El uso de VPN para simular conexiones desde otros países, la creación de cuentas con datos falsos o la migración hacia aplicaciones menos reguladas forman parte del repertorio de evasión que ya se da por descontado.

También existe otro riesgo: que la prohibición no elimine la socialización digital de los jóvenes, sino que la desplaze hacia espacios con menor supervisión y más opacos, como canales de mensajería cifrada, foros no moderados o comunidades cerradas. En ese caso, el efecto paradójico sería claro: menos visibilidad para los adultos y más vulnerabilidad para los menores.

La advertencia de María José Abad resume bien la conclusión de fondo. La ley francesa puede ser un paso relevante y un mensaje político de gran alcance, pero no resolverá por sí sola el problema de los menores en redes. Lo que sí puede hacer, si se aplica bien, es abrir una nueva etapa de corresponsabilidad entre legisladores, plataformas, familias y escuela.

Ese es, precisamente, el punto en el que se juega la eficacia real de la norma. Si la verificación de edad funciona, si las plataformas asumen su responsabilidad, si la escuela acompaña con educación digital y si las familias no interpretan la ley como una solución mágica, Francia habrá conseguido algo más que una portada histórica. Si no, la medida corre el riesgo de convertirse en una foto poderosa y una protección frágil.

En palabras de Abad, todo suma. Pero la verdadera protección llegará solo cuando norma, tecnología, escuela y familia empujen en la misma dirección. Sin esa convergencia, advierte, el mayor peligro será instalar en la sociedad una falsa sensación de seguridad.