La Confederación Gonzalo Anaya celebra la anulación de la paralización del Plan Edificant
En dichos recursos, la Generalitat pedía declarar lesiva la cesión de competencias de la Administración autonómica en favor de varios ayuntamientos para realizar obras de mantenimiento en centros educativos, en el marco del Plan Edificant. La entidad considera que la resolución judicial es «una victoria para toda la comunidad educativa y para el derecho del alumnado a estudiar en centros dignos, seguros y adecuados».
La Confederación recuerda en un comunicado que, desde el anuncio de la suspensión de numerosas obras el octubre de 2023, denunció reiteradamente las consecuencias que esta decisión tendría sobre miles de alumnos, familias y profesionales de la educación. Asimismo convocó numerosas concentraciones ante escuelas e institutos para protestar contra la retirada de 15 actuaciones del Plan Edificant, valoradas en 65 millones, en los municipios de Petrer, Burjassot, Casinos, Quartell, Villena, Albalat dels Sorells, Senyera, Sagunto, Mislata, Borriol, Betxí y Benicarló, así como por el recorte del presupuesto de dicho plan en las cuentas de 2024.
Este proceso de movilización, recuerda la Confederación, culminó con una concentración ante el Palau de la Generalitat, donde denunció que la paralización afectaba a proyectos de construcción, ampliación y rehabilitación de centros educativos en todo el territorio valenciano, «provocando retrasos innecesarios y manteniendo muchos alumnos en instalaciones provisionales o en edificios con graves deficiencias». Considera que la resolución judicial confirma que «las actuaciones del Plan Edificant respondían a una necesidad de interés público y que su interrupción no estaba debidamente justificada».
Por este motivo, Gonzalo Anaya reclama a la Conselleria de Educación que «ejecute la sentencia con la máxima celeridad, reactive inmediatamente todos los expedientes afectados y garantice que las obras pendientes se lleven a cabo sin más dilaciones». La Confederación reconoce, por último, la tarea desarrollada por las comunidades educativas, las AMPA, los ayuntamientos y los grupos parlamentarios de Compromís y del PSPV-PSOE, así como de todas las personas que «han mantenido viva esta reivindicación participando en las diferentes movilizaciones, incluida la reciente huelga educativa, y exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la escuela pública».
La organización espera que las infraestructuras educativas no vuelvan a convertirse en objeto de confrontación política ya que «cada obra que se pone en marcha es una inversión en el futuro de nuestras hijas e hijos y en la calidad de la educación pública», afirma Vicent Gumbau, presidente de la Confederación Gonzalo Anaya.