Marea amarilla y marea verde diseñan sus movilizaciones para el inicio de curso
La escuela privada y concertada prepara un frente común para salir a la calle después del verano y sumarse a unas movilizaciones que, según el sector, recorrerán toda España. La protesta nacerá de sindicatos del profesorado, patronales de enseñanza y asociaciones de familias, unidos por la defensa de la libertad de enseñanza y por la voluntad de responder con una sola voz al nuevo escenario educativo.
Las organizaciones quieren, además, presentarse como una reacción coordinada frente a una reforma que consideran diseñada sin diálogo suficiente con todas las redes. En ese marco, buscan activar su propia agenda de presión y sumar la marea amarilla a la marea verde ya anunciada por la escuela pública, en un otoño que prevén especialmente intenso en el debate educativo.
Los convocantes sostienen que la nueva ley de ratios se está planteando sin atender a las necesidades del conjunto de la red concertada y privada. Su principal crítica es que la reducción de ratios en Infantil, y en particular en el tramo de 0 a 3 años, se impulsa sin una planificación clara ni una dotación económica suficiente para aplicarla con garantías.
A su juicio, el debate no es solo técnico, sino también ideológico. Entienden que la reforma puede alterar el equilibrio del sistema educativo y abrir un nuevo frente entre quienes defienden reforzar la enseñanza pública y quienes reclaman que cualquier cambio tenga en cuenta también a la concertada y la privada. «No se puede hablar de mejora del sistema si se legisla de espaldas a una parte del alumnado y de los centros», señalan fuentes del sector.
A esa queja se suma otra que ha irritado especialmente a sindicatos: la exclusión del profesorado de la enseñanza concertada de la reducción de la jornada directiva de la que sí se beneficiarán los docentes de la pública. «Se está generando un trato desigual que no entendemos», lamentan fuentes de los convocantes.
Según esas mismas fuentes, la medida refuerza la sensación de que la reforma «vuelve a dejar fuera a la concertada» y de que se impulsa una mejora laboral para unos profesionales mientras otros quedan al margen. «Si se habla de igualdad de condiciones, la norma no puede discriminar entre redes», insisten.
Uno de los principales puntos de fricción está en la etapa de 0 a 3 años, donde el sector teme que la bajada de ratios se utilice para reordenar el mapa escolar sin una memoria económica suficiente. A juicio de los convocantes, el resultado podría ser una presión añadida sobre centros y familias si la medida no llega acompañada de recursos estables.
Las organizaciones ponen el acento en que la reforma afectaría de forma especial a una etapa en la que la oferta depende en gran medida de la planificación administrativa y de la viabilidad económica de cada centro. Por eso, insisten en que cualquier cambio debe negociarse con el conjunto del sector y con garantías presupuestarias. «No basta con anunciar ratios más bajas; hace falta financiación real para que eso sea posible», subrayan.
La movilización no apunta solo al Gobierno central. Los convocantes también dirigen sus críticas al Partido Popular y, en concreto, a la Comunidad de Madrid, a la que acusan de defender «de boquilla» la libertad de enseñanza mientras en la práctica apuesta «exclusivamente por la creación de plazas públicas de cero a tres años».
Según denuncian, esa estrategia «rompe el equilibrio» dentro del sistema y limita la libertad de elección de las familias. Fuentes del sector aseguran que el mensaje de Madrid contradice el discurso político de defensa de la pluralidad educativa. «Hablan de libertad de enseñanza, pero los hechos van en otra dirección», resumen.
En ese contexto, las organizaciones convocantes afirman sentirse desamparadas. «Nos sentimos solos», admiten fuentes consultadas, que afean al PP que no quiera significarse en este debate y al Ejecutivo que, a su juicio, «quiere cargarse la privada y la concertada».
Las protestas, explican, buscan poner de manifiesto que la defensa de la escuela concertada y privada no es solo una cuestión corporativa, sino un elemento central del modelo educativo. «Si no se defiende la pluralidad, se debilita la libertad de enseñanza», sostienen.
Otra de las denuncias se centra en la falta de financiación específica para acompañar la reforma. El sector afirma que no se puede pedir una bajada generalizada de ratios, o una mejora de condiciones para el profesorado, sin dotación económica suficiente, y acusa al Ejecutivo de impulsar cambios que no llegan al conjunto del sistema con criterios de equidad.
Las organizaciones sostienen que, sin recursos adicionales, la medida acabará trasladando costes a los centros y a las familias. También alertan de que la incertidumbre presupuestaria puede complicar la planificación del próximo curso y dejar en el aire la aplicación real de la norma en determinados territorios.
En las próximas semanas, las organizaciones convocantes harán público su calendario de movilizaciones y buscarán sumar a profesorado, equipos directivos y familias en una misma estrategia de presión. La idea es convertir la marea verde de la escuela pública y la marea amarilla de la concertada y la privada en dos símbolos de un otoño caliente en el debate educativo español.
Ese calendario, avanzan, combinará actos, concentraciones y otras iniciativas todavía por concretar. La intención es mantener la presión durante todo el inicio del curso y situar la negociación de la nueva ley de ratios en el centro de la agenda política y mediática.