Pérez Llorca garantiza que "ningún profesor va a ser perseguido"

Pérez Llorca ha hecho estas declaraciones durante una visita al hospital Doctor Peset de Valencia, donde se le ha preguntado por las críticas de colectivos educativos a la modificación de las funciones de la Inspección educativa en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat.

El president ha negado esas acusaciones y ha afirmado que «ninguna ley» propuesta por el Consell pretende «perseguir a ningún profesor, ni mucho menos». Según ha explicado, cree en una educación en la que prime la libertad educativa y en la que los padres puedan elegir centro y la lengua cooficial en la que quieren que aprendan sus hijos.

Pérez Llorca ha destacado que la «libertad educativa» era el proyecto estrella con el que el PPCV se presentó a las pasadas elecciones, en las que fue «el partido más votado» en la Comunitat Valenciana, entre otras cosas porque «la sociedad valenciana quería la libertad educativa».

Asimismo, ha apelado a ser capaces de mejorar la educación todos juntos, sin utilizar a los alumnos para generar polémicas ni problemas. Ha considerado que lo que hay que hacer es coordinarse bien y mejorar los problemas que existen en la educación y en otras materias, además de asegurar que en el Consell hay voluntad de «hacerlo mejor» cada día.

Pérez Llorca se refería a las declaraciones, entre otros, de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres Gonzalo Anaya en relación a la llamada ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat que modifica las funciones de la Inspección educativa.

«Las familias no necesitamos herramientas de control sobre la tarea docente ni sobre los proyectos educativos. Necesitamos confianza en los profesionales de la educación y una Administración que garantice los recursos para que los centros puedan hacer bien su trabajo», destacó Vicent Gumbau, presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, en un comunicado a principios de semana.

La Confederación considera que la Inspección educativa debería «centrar sus esfuerzos en garantizar que todo el alumnado reciba una educación de calidad y que los centros dispongan de los recursos necesarios».

Esas prioridades deberían ser «más profesorado y reducción de ratios, supervisar que la atención a la diversidad y la inclusión se garanticen con los recursos necesarios, garantizar instalaciones dignas y seguras, exigir a la Administración las inversiones necesarias y garantizar el derecho de las familias a una educación pública de calidad y a las plazas de enseñanza en valenciano que han sido suprimidas».

Para la Confederación, esta reforma «deslegitima la labor de los centros y transmite un mensaje de sospecha permanente hacia el profesorado». «Es una falta de respeto a maestras y profesores, pero también a las familias, que formamos parte de los órganos de participación de los centros».

«Una escuela vigilada es el mayor retroceso en una sociedad democrática. Es querer imponer un modelo educativo obsoleto de una Conselleria que empezó persiguiendo el valenciano en lugar de garantizar su promoción, que ha eliminado de las normas la coeducación y la igualdad y que ahora quiere convertir la Inspección en censores de la docencia», lamentaron.