Solo siete territorios han adaptado su normativa sobre infancia tras 11 años de la reforma
La adaptación normativa de la protección a la infancia y la adolescencia avanza a ritmos muy desiguales en España. Según el análisis incorporado al Observatorio de la Desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia, solo siete territorios han completado plenamente la actualización de su legislación al marco derivado de la Ley 26/2015 y la Ley Orgánica 8/2015, aprobadas hace once años.
Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco figuran entre las comunidades que sí han culminado ese proceso. En el resto de territorios, la actualización sigue en marcha o no se ha cerrado todavía, lo que, según la entidad, deja una aplicación desigual de los derechos de niños, niñas y adolescentes en función de dónde vivan.
La responsable de desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia, Sara Toledano, sostiene que no basta con aprobar buenas leyes a nivel estatal si después no se trasladan de forma homogénea a todo el territorio. A su juicio, las diferencias entre comunidades autónomas siguen siendo demasiado grandes y eso dificulta que la infancia cuente con las mismas garantías en cualquier punto de España.
El observatorio no se limita al plano legislativo. También examina el grado de cumplimiento de la normativa sobre acogimiento residencial y los avances en políticas públicas vinculadas a la desinstitucionalización, como la prevención de entradas en el sistema de protección, el impulso del acogimiento familiar, el apoyo a las familias de origen y la transición a la vida adulta de quienes salen de este recurso.
Junto al análisis jurídico, la Plataforma de Infancia ha incorporado nuevos contenidos sobre transparencia y calidad del dato. La organización denuncia que todavía hay grandes lagunas en la información pública disponible, especialmente sobre los centros residenciales de mayor tamaño, la duración de las estancias, las causas de salida del sistema o las rupturas de adopción, aspectos que considera esenciales para evaluar el funcionamiento real del sistema de protección.
La entidad subraya además que persisten notables diferencias entre territorios a la hora de facilitar información. Entre los nuevos datos incorporados figura el caso de Castilla y León, tras una resolución favorable del Consejo de Transparencia, un ejemplo que la Plataforma de Infancia presenta como prueba de que el acceso a la información sigue dependiendo, en muchos casos, de la capacidad de reclamarla.
Para la organización, contar con una legislación actualizada y con un sistema de datos robusto es clave para avanzar hacia un modelo más familiar, comunitario y centrado en los derechos de la infancia y la adolescencia. En su opinión, la ausencia de evidencias y de una adaptación homogénea de las normas puede traducirse en respuestas distintas para situaciones que deberían tener una protección equivalente en todo el país.
Toda la información y los nuevos análisis están disponibles en el Observatorio de la Desinstitucionalización de Hogarizar, el espacio impulsado por la entidad para reunir datos, diagnósticos y recursos sobre el sistema de protección.