El Gobierno estudia recurrir al TC el cambio de las funciones de inspección educativa

Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras reunirse con sindicatos de docentes, directores de centros y asociaciones de inspectores, que según ha dicho, han pedido «amparo al Gobierno frente a las políticas restrictivas y de indefensión de la Generalitat».

Bernabé ha denunciado que los cambios introducidos afectan al trabajo de los profesores y profesoras, a la educación del alumnado y a los valores constitucionales como la igualdad, el respeto, la convivencia o la libertad y están provocando incluso «una autocensura» por parte de los docentes. Esta autocensura, según ella, deriva del hecho de que el Consell se ha «preocupado mucho» por poner «cierta ambigüedad en la ley» sobre qué es «un adoctrinamiento ideológico» de forma que los inspectores educativos se encuentran en una situación de «mucha inseguridad jurídica».

La delegada ha destacado que la Generalitat ya presentó un cambio normativo en la ley de Acompañamiento de 2025 que «cercenaba la libertad educativa de los profesores» en materias de coeducación y políticas LGTBi, que está suspendida de forma cautelar por parte del Tribual Constitucional. Ahora en 2026, ha apuntado, han hecho una aprobación «más genérica para sortear la norma y al Tribunal Constitucional, pero que busca lo mismo: sembrar el miedo entre los profesores y profesoras, que tienen como derecho fundamental de su profesión la libertad de cátedra».

También ha dicho que el Gobierno está estudiando varios aspectos de la ley de Acompañamiento por considerar que pueden colisionar con leyes orgánicas superiores estatales, y para ello convocará una comisión bilateral con la Generalitat, aunque no descarta recurrir directamente al Tribunal Constitucional algunos de ellos.

Desde STEPV, el coordinador de Acción Sindical, Marc Candela, ha celebrado que la Delegación del Gobierno y la Alta Inspección Educativa estén tomando medidas para defender al profesorado «ante los ataques por parte de la Generalitat, que ponen al profesorado bajo sospecha y crea una policía» ante la «falsa premisa de que nos dedicamos a adoctirnar». Candela ha avanzado que están preparando nuevas acciones en la calle que anunciarán próximamente y seguirán presionando para conseguir más mejoras en los temas que quedaron sobre la mesa en la huelga educativa y que se retire este artículo de la ley de Acompañamiento.

Kilian Cuerda, de UGT, ha considerado «muy constructiva» la reunión, pues han encontrado una postura «muy solvente y seria» por parte de la Delegación del Gobierno, frente a una Generalitat que, a su juicio, está actuando «de una forma infame, propia de regímenes autoritarios y fascistoides». «Pretende deliberadamente que el profesorado se autocensure y ponernos una diana encima para que cualquier intolerante pueda acosar al profesorado», ha denunciado, y ha advertido de que no van a consentir que el profesorado «dé clase con miedo».

Desde CCOO, Cristina Sánchez ha celebrado este encuentro, y ha asegurado que desde el sindicato van de defender los derechos de los trabajadores, en este caso de los docentes, y trabajarán para que la normativa no afecte a la autonomía de centro y la libertad de cátedra, así como a la calidad de la educación.