Elena Rodríguez Navarro: “La prioridad son las personas, no las fronteras”

En efecto, Ceuta ha sido este verano el espejo más visible de una discusión que lleva años instalada en la agenda pública: cómo responder a los flujos migratorios, cómo sostener la cohesión social y cómo evitar que el ruido político desdibuje el trabajo cotidiano de las administraciones y del tercer sector. Elena Rodríguez Navarro, secretaria general de Inclusión, mira ese debate desde una idea muy clara: poner a las personas en el centro y evaluar qué funciona de verdad.

La conversación arranca con el Ingreso Mínimo Vital, una prestación que Rodríguez Navarro defiende como suelo básico, nunca como solución milagrosa.

¿Cuál es la lógica de fondo del Ingreso Mínimo Vital?

—Nuestro origen está en el impulso del Ingreso Mínimo Vital en 2020. Es una prestación de último recurso para personas en pobreza severa. Pero siempre hemos dicho lo mismo: una prestación económica por sí sola no saca a nadie de la pobreza. Ayuda a paliar sus efectos, sí, pero lo que buscamos es llevar a la persona a una situación de inclusión social y laboral.

Para Navarro, el debate no debe centrarse solo en la cuantía de la ayuda, sino en el acompañamiento.

Hay quien habla de “paguitas” con desprecio. ¿Qué le dirías?

—Que normalmente quien habla así no conoce de verdad la situación de las personas que necesitan apoyo. Hay gente que vive sin un sitio donde dormir, sin recursos para comer o sin dinero para libros escolares. Esas personas necesitan dignidad. El Ingreso Mínimo Vital no es una solución milagro, pero sí una ayuda imprescindible para un colectivo muy vulnerable.

La secretaria general subraya además que el sistema se diseñó para corregir desigualdades territoriales.

¿Qué problema venía a resolver?

—Antes había mucha dispersión entre comunidades autónomas. Algunas rentas mínimas estaban mejor estructuradas y otras eran mucho más débiles. El IMV crea un suelo común para todo el territorio. Luego cada comunidad puede complementar esa base con más generosidad o con políticas de acompañamiento, que son absolutamente necesarias.

Uno de los grandes mitos que la secretaria general combate es el de que las ayudas públicas desincentivan el trabajo, especialmente en el caso de la población migrante.

¿El Ingreso Mínimo Vital desincentiva trabajar?

—No. El empleo está muy presente en el IMV. Dos de cada tres hogares que lo perciben también reciben ingresos por trabajo. La prestación se calcula como una renta garantizada: si tienes ingresos, se descuentan. Por eso necesitamos fomentar que más personas se acerquen al empleo y mejoren su empleabilidad.

¿Y qué pasa con la idea de que los migrantes vienen a cobrar ayudas?

—Eso es falso. Las personas en situación irregular no tienen derecho a prestaciones públicas estatales. Y en el caso de la regularización, también hay muchas falsedades circulando. Para acceder al IMV hace falta un año de residencia legal y continuada en España. Además, muchas de las personas regularizadas ya estaban trabajando: de hecho, ya se han producido más de 150.000 altas en la Seguridad Social asociadas a ese proceso.

¿Cómo ves el debate sobre la llamada “prioridad nacional”?

—Para mí la prioridad son las personas, no las fronteras. Hablar de prioridad nacional, además, es anticonstitucional. Las personas están por encima de ese tipo de categorías. Y quienes vienen a este país buscando más garantías de supervivencia no son un problema: son un activo para la sociedad.

La conversación da un giro y aterriza en el llamado Laboratorio de Políticas de Inclusión, una iniciativa que nació en 2021 con fondos del plan de recuperación. Rodríguez Navarro lo resume como un cambio de enfoque: pasar de la intuición a la evidencia. Y, sin embargo, más que nos pese, cuando hablamos de inclusión, saltar de evidencia empírica al barro ideológico se hace inevitable.

¿Qué es exactamente ese Laboratorio de Políticas de Inclusión?

—Es un proyecto que surge en 2021 con fondos del plan de recuperación. La Comisión Europea insistía en que debíamos evaluar las políticas sociales con metodología científica, como se hace en otros ámbitos. Por eso impulsamos 34 proyectos con más de 200 millones de euros, con una innovación doble: usar ensayos de control aleatorizado y, además, hacerlo en cogobernanza con todos los niveles de la administración y con el tercer sector.

La secretaria general insiste en que esa mezcla de rigor y cooperación fue decisiva. No solo hubo comunidades autónomas y ayuntamientos; también entidades sociales y un respaldo científico de primer nivel.

¿Con qué apoyo científico trabajasteis?

—Con referencias como los Nobel de Economía Abhijit Banerjee y Esther Duflo, además de equipos vinculados al Banco de España. Para nosotros era fundamental. No somos expertos en evaluación científica, así que necesitábamos ese acompañamiento para entender qué funcionaba y qué no.

El balance, asegura, fue amplio: 34 proyectos, un alcance de unas 180.000 personas de forma directa e indirecta y una línea de trabajo que ahora entra en una segunda fase.

¿Y ese laboratorio ha terminado o sigue vivo?

—Sigue abierto. Ahora estamos en un 2.0: lo que aprendimos en esos proyectos queremos llevarlo a la política pública real. Estamos trabajando, por ejemplo, con ayuntamientos de Doñana para incorporar evidencias que tienen que ver con la atención en servicios sociales, el triaje social y el trabajo de equipos multidisciplinares.

Uno de los puntos más interesantes de la entrevista es el repaso por los proyectos piloto que han permitido medir impacto real en colectivos muy distintos.

¿Qué ejemplos de resultados os han sorprendido más?

—Con Hogar Sí vimos que, acompañando a personas en situación de calle con organizaciones muy profesionalizadas, aumenta en más de un 70% la probabilidad de que salgan de la calle. Eso demuestra que la intervención funciona cuando hay políticas de acompañamiento serias.

¿Y en discapacidad?

—Con Plena Inclusión evaluamos la metodología de empleo personalizado. Se estudia el potencial de la persona, su entorno y el mercado laboral cercano para hacer un encaje real con la empresa. Con ese trabajo, la probabilidad de encontrar empleo aumenta en torno a un 45%.

Navarro explica el caso de Alejandro, un joven de Zaragoza con síndrome de Asperger, como ejemplo de lo que ocurre cuando se detecta talento donde antes solo había etiquetas.

¿Qué tiene de especial ese caso?

—Alejandro era un erudito en la historia de Aragón. La entidad detectó su talento, encontró una empresa de guías turísticos y acabó no solo contratado a tiempo completo, sino diseñando rutas nuevas. Es un caso precioso de cómo una buena metodología cambia una vida.

La parte más extensa de la conversación se detiene en la educación, un terreno donde Navarro insiste en la importancia de mirar más allá del alumno.

¿Qué pasa cuando el acompañamiento se hace en la primera infancia?

—Con Save the Children hicimos una intervención integral con familias vulnerables, muchas de ellas monoparentales, y niños de 0 a 3 años. Trabajamos con los menores en habilidades básicas y con los adultos en empleabilidad y orientación. El resultado fue mejor rendimiento escolar y también una mejora en los ingresos familiares, en torno a 200 euros más al mes.

¿Y con la población gitana?

—Ahí vimos algo muy potente: las expectativas familiares condicionan muchísimo el futuro educativo. Si en la familia se da por hecho que a los 16 años hay que dejar de estudiar para ponerse a trabajar, es muy difícil que un adolescente se vea a sí mismo en la universidad. Con Fundación Secretariado Gitano reforzamos esa franja y mejoramos el rendimiento educativo en torno a un 28%, además de elevar la expectativa familiar.

Navarro también cita las mentorías con jóvenes vulnerables de 16 a 18 años, un proyecto de Fundesplai en un tramo especialmente delicado.

¿Qué aprendisteis de esas mentorías?

—Que los jóvenes necesitan referentes. A veces no hace falta que sea alguien muy lejano o muy brillante; basta con una persona parecida a ellos, del barrio, que haya salido del mismo colegio y les demuestre que sí se puede llegar más lejos. Eso cambia muchísimo la manera de verse a sí mismos.

La secretaria general recuerda que esa lógica también funciona en la formación profesional o en la universidad.

¿Sirven los modelos de éxito cercanos?

—Muchísimo. Si un chico ve a alguien de su entorno que ha logrado estudiar, trabajar y progresar, piensa: “si él pudo, yo también”. Los referentes no siempre tienen que ser estrellas; a veces basta con alguien cotidiano y alcanzable.

La conversación termina en un terreno particularmente sensible: la diversidad en el aula y el equilibrio entre inclusión y gestión educativa.

¿Es difícil gestionar aulas tan diversas?

—Sí, es un debate endiablado. Yo he conocido los dos extremos y no me atrevería a ponerme en una posición rígida. Desde la perspectiva del profesor, gestionar la diversidad es muy complicado porque cada alumno tiene necesidades distintas. Y desde la de las familias, nadie quiere que su hijo sea excluido o acabe en un gueto.

¿Entonces cuál sería el camino?

—Lo deseable es que la diversidad conviva. Las aulas son un reflejo de la sociedad y deben gestionarse como tal. Pero eso exige recursos, apoyo y mucho trabajo docente. Me quito el sombrero ante el profesorado, porque hace un trabajo encomiable, muchas veces con pocos medios y mucha vocación.

Navarro cierra con una idea que atraviesa toda la entrevista: inclusión no como etiqueta sectorial, sino como forma de entender la vida.

¿Qué significa para ti la inclusión?

—No es solo una política para personas con discapacidad. La inclusión es casi una actitud vital. La quiero para todo el mundo, también para mí. En cada etapa de la vida necesitamos cosas distintas, y la sociedad debería entender eso.

En un momento de tensión pública marcado por Ceuta, la inmigración y la pobreza, Elena Navarro reivindica una administración que mida, evalúe y corrija. Pero, sobre todo, que no pierda de vista lo esencial: detrás de cada expediente hay una persona, y detrás de cada persona puede haber una oportunidad.