FENACEIN cifra en más de 100.000 euros el impacto de reducir las ratios en una escuela infantil

La reducción de las ratios en las aulas de 0 a 3 años ha reabierto uno de los debates más sensibles de la etapa: cómo mejorar la atención educativa sin poner en riesgo la viabilidad de los centros. La Federación Nacional de Centros Infantiles (FENACEIN) ha trasladado esa preocupación en un documento dirigido a partidos políticos, administraciones e instituciones, en el que pide financiación, planificación y un análisis por territorios antes de aprobar la reforma.

El punto de partida es la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que plantea una relación máxima de cuatro niños por profesional en el tramo de 0 a 1 años, seis en el de 1 a 2 y ocho en el de 2 a 3. Su aplicación sería progresiva a partir del curso 2027-28 y completa en 2029-30, según el borrador de real decreto fechado el 13 de septiembre.

FENACEIN no cuestiona el objetivo pedagógico de la medida. Su advertencia se centra en las condiciones para aplicarla: disponibilidad de educadores, adaptación de los edificios, diferencias normativas entre comunidades autónomas y un coste que, si no se compensa con fondos públicos, podría recaer sobre centros y familias.

Uno de los matices clave del documento es que el borrador ministerial fija una relación máxima entre alumnado y profesor, pero no determina de forma directa el número máximo de niños por aula. La capacidad final dependerá de la redacción definitiva de la norma, de los agrupamientos permitidos y de la dotación de personal exigida en cada tramo horario.

Para estimar el impacto, la federación trabaja con un escenario de “pareja educativa”, es decir, dos educadores por aula. Lo presenta como una hipótesis económica de máximo impacto, no como una obligación ya aprobada. Como referencia, toma la regulación de la Comunidad de Madrid, donde una escuela con una unidad de 0 a 1 años, otra de 1 a 2 y otra de 2 a 3 puede ofrecer 42 plazas en total.

Si se aplicaran las nuevas relaciones de cuatro, seis y ocho niños por profesional junto a dos educadores por aula, esas tres unidades podrían atender a ocho, 12 y 16 alumnos respectivamente. La capacidad total bajaría de 42 a 36 plazas, una reducción del 14,3%, con seis niños menos por centro. FENACEIN subraya que esta simulación no puede trasladarse automáticamente al conjunto de España, porque las ratios, precios y estructuras son distintos en cada comunidad.

El informe añade el efecto sobre el empleo. En Madrid, un centro de tres o más unidades debe contar, como referencia, con tantos profesionales como aulas, más uno. Una escuela de tres unidades tendría cuatro educadores. Con el supuesto de dos profesionales por aula, la plantilla pasaría a siete personas: un incremento del 75%.

El cálculo económico se apoya en las tablas del XIII Convenio colectivo de centros de asistencia y Educación Infantil, vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Con salario base, complementos y cargas empresariales estimadas en un 32,15%, FENACEIN sitúa el coste anual de cada educador en unos 24.096 euros. La federación aclara que esa cifra no incorpora sustituciones, absentismo, formación, selección, prevención de riesgos ni indemnizaciones.

Con tres contrataciones adicionales, una escuela privada de tres aulas asumiría 72.288 euros más al año. En un centro de seis unidades, el sobrecoste ascendería a 144.576 euros; y en uno de 12 aulas, a 289.152 euros anuales. Al mismo tiempo, la reducción de plazas rebaja los ingresos potenciales, por lo que la ecuación combina más gasto y menos capacidad para facturar.

Para dimensionar ese efecto, el informe utiliza como ejemplo una cuota de 500 euros mensuales durante 11 meses y una ocupación completa. FENACEIN insiste en que se trata de una referencia ilustrativa, no del precio medio del sector. Con la pérdida de seis plazas, el centro dejaría de ingresar potencialmente 33.000 euros al año. Sumado al aumento de costes laborales, el impacto total para una escuela privada de tres aulas alcanzaría 105.288 euros, y podría subir a 110.271 euros si se añaden determinadas necesidades del horario ampliado.

En una escuela de seis unidades, la combinación de menor facturación y más personal elevaría el impacto a 210.576 euros. El estudio aclara que no habla necesariamente de pérdidas contables finales, sino de la suma de mayores gastos y menores ingresos bajo el escenario analizado.

El documento tampoco incluye el posible coste de adaptar edificios. El borrador ministerial prevé un mínimo de tres unidades y requisitos como dos metros cuadrados por puesto escolar, una sala polivalente, patio y aseos. Las obras o ampliaciones necesarias para cumplirlos podrían añadir nuevas inversiones todavía sin cuantificar.

Las escuelas de titularidad pública gestionadas por empresas mediante contrato afrontan un escenario distinto. En estos centros, el XIII Convenio fija una tabla salarial específica: el educador infantil percibe 21.254,10 euros anuales desde septiembre de 2026, a lo que se añade el complemento correspondiente. Con las mismas cargas utilizadas en el estudio, el coste empresarial se aproxima a 28.500 euros por profesional.

La incorporación de tres trabajadores elevaría el coste laboral de un centro de gestión indirecta con tres aulas en 85.500 euros anuales. Si se suman los 33.000 euros asociados a las plazas que dejarían de ofertarse, el impacto se situaría en 118.500 euros y podría alcanzar 124.394 euros al incorporar las necesidades del horario ampliado.

FENACEIN advierte de que, si los pliegos no se revisan, algunos contratos podrían volverse deficitarios al asumir obligaciones no previstas cuando fueron adjudicados. Por ello reclama que cualquier cambio normativo vaya acompañado de la actualización de contratos y de recursos públicos específicos.

La organización también pone el foco en las franjas de aula matinal y de tarde. En la normativa autonómica de referencia pueden agruparse niños de distintas edades con límites concretos, pero el borrador estatal no aclara cómo deberán organizarse esos grupos temporales.

Si la ratio aplicable fuera siempre la del alumno de menor edad, un grupo con bebés podría requerir cuatro profesionales en lugar de dos. En un grupo mixto de niños de 1 a 2 y de 2 a 3 años, la plantilla podría pasar de dos a tres trabajadores. Más allá del coste, FENACEIN advierte de una dificultad organizativa diaria para mantener abiertos los centros durante todo el horario.

En una escuela de tres aulas, el gasto adicional en estas franjas podría oscilar entre cero y 4.983 euros anuales en un centro privado, dependiendo de cómo se autoricen los agrupamientos. En gestión indirecta, el máximo calculado subiría a 5.894 euros al año.

La principal inquietud de la federación es que, sin financiación compensatoria, parte del incremento termine trasladándose a las cuotas. Si el impacto de 105.288 euros de una escuela de tres aulas se repartiera entre las 36 plazas restantes y 11 mensualidades, equivaldría a unos 266 euros más por niño y mes. FENACEIN precisa que no propone esa subida, sino que muestra una distribución matemática del coste.

No todos los centros podrían repercutirlo. En zonas con menor demanda, rentas familiares más bajas o márgenes ya ajustados, la alternativa podría ser reducir servicios, renunciar a plazas o cerrar. El documento alerta así de un posible efecto sobre el empleo y la oferta educativa.

Entre sus propuestas, FENACEIN reclama una memoria económica previa por comunidad autónoma, financiación pública finalista, un periodo transitorio realista y participación de las patronales en la negociación técnica. También pide una evaluación anual que mida plazas creadas y perdidas, cierres de centros, evolución del empleo, listas de espera y coste por alumno.

La federación concluye que la mejora de la Educación Infantil no puede descansar solo sobre los balances de las escuelas ni sobre las cuotas familiares. Si las administraciones consideran necesaria una reducción estructural de ratios, deberán garantizar los recursos para aplicarla sin destruir plazas, empleo ni tejido empresarial.