OCRE presenta una queja ante el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo sobre la normativa de neutralidad ideológica
La Secretaria Autonòmica d’Educació de la Generalitat Valenciana ha respondido al escrito presentado por OCRE reconociendo que no puede derogar por vía administrativa una norma con rango de ley, pero sin pronunciarse sobre la afectación a la libertad de cátedra y a la seguridad jurídica del profesorado que la organización había planteado. El Observatori Crític de la Realitat Educativa (OCRE) ha recibido respuesta de la Conselleria al escrito que presentó el 15 de agosto de 2026 solicitando la derogación de los preceptos introducidos por la llei d’acompanyament als pressupostos autonòmics de 2026 en el Decret 80/2017, regulador de la inspección educativa, y en el Decret 193/2025, de convivencia en el sistema educativo valenciano.
En su respuesta, fechada el 3 de septiembre de 2026 y firmada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, la Conselleria acusa recibo del escrito y agradece el interés de la organización, pero no entra a valorar el fondo de las consideraciones expuestas, según esta asociación. «El documento se limita a señalar que la modificación o derogación de una disposición con rango legal no puede ser atendida mediante una actuación administrativa ordinaria, al corresponder esa decisión a Les Corts Valencianes a través del procedimiento legislativo», señala un comunicado de OCRE.
Para OCRE, esta respuesta «confirma que la vía administrativa ordinaria no ofrece cauce para resolver el problema de fondo, y no aporta ninguna garantía sobre los derechos del profesorado que la organización considera afectados por la nueva normativa: la libertad de cátedra, reconocida en el artículo 20.1.c) de la Constitución, y la libertad ideológica, reconocida en el artículo 16». «Un docente bajo sospecha permanente no es un docente neutral, es un docente contenido. La neutralidad no se impone vigilando al que enseña, se impone confiando en que sabe hacer su trabajo», ha señalado Ángel Vallejo, profesor de Filosofía, portavoz de OCRE y colaborador de la Junta directiva de la asociación.
Sobre la respuesta recibida, Vallejo ha añadido que «la Conselleria nos dice que no puede tocar la ley. No le pedíamos que la tocara, le pedíamos que reconociera el problema. No lo ha hecho». Ante esta situación, OCRE ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges de la Comunitat, adjuntando la respuesta recibida como prueba de las gestiones ya realizadas ante la Administración, y ha dirigido en paralelo un escrito al Defensor del Pueblo estatal. La organización pide a ambas instituciones que «estudien la afectación de los preceptos a los derechos del profesorado, y que, en el caso del Defensor del Pueblo, valore la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, dado que el Síndic no ostenta esa legitimación de forma directa».
La reclamación de OCRE se suma a las múltiples reacciones ya manifestadas por sindicatos docentes, diferentes asociaciones de inspectores, de directores, de familias y por grupos de la oposición en las Corts Valencianes desde la publicación de la norma.