La ley de autoridad docente sigue su tramitación al superar las enmiendas a la totalidad

El nuevo periodo de sesiones del Parlamento de Cantabria ha arrancado este lunes con el debate y votación de las enmiendas a la totalidad del proyecto de esta ley, sobre la que el consejero de Educación, Sergio Silva, ha asegurado que «no hay ningún problema ni complejo en reconocer la necesidad de reforzar autoridad profesorado».

Silva ha defendido la necesidad de una norma que permita reforzar la autoridad pedagógica del profesorado y mejorar la convivencia en los centros educativos. En su intervención, ha argumentado que la escuela afronta retos cada vez más complejos derivados de una mayor diversidad del alumnado, el impacto de las redes sociales, los problemas de salud mental o situaciones como el acoso escolar, y ha considerado que la ley pretende dar respuesta a ese contexto.

El consejero ha rechazado que el proyecto tenga un carácter autoritario y ha afirmado que busca reconocer institucionalmente la figura del docente como garante de la convivencia. Además, ha defendido que la norma incorpora medidas preventivas, correctoras y restaurativas, y ha recordado que el texto cuenta con el dictamen favorable del Consejo Escolar de Cantabria. A su juicio, las enmiendas a la totalidad suponen «quedarse como estamos y renunciar a avanzar en este ámbito».

Por su parte, el portavoz socialista en materia educativa, Jorge Gutiérrez, ha asegurado que su grupo comparte la necesidad de proteger y respaldar al profesorado pero ha cuestionado la utilidad práctica de la ley. Gutiérrez ha argumentado que el reconocimiento legal de la autoridad docente no resolverá por sí mismo los problemas de convivencia si no va acompañado de más recursos, apoyo especializado y refuerzo de las tutorías.

Desde el PRC, Teresa Noceda ha destacado que Cantabria necesita una norma «más ambiciosa» que combine el reconocimiento de la autoridad del profesorado con un sistema integral de garantías y medidas de prevención. La diputada regionalista ha defendido el texto alternativo presentado por su grupo al considerar que plantea un modelo más amplio de convivencia y corresponsabilidad de toda la comunidad educativa.

Mientras que el diputado de Vox, Armando Blanco, ha defendido el rechazo a las enmiendas de PSOE y PRC al entender que la norma responde a una demanda compartida por el profesorado y otros sectores de la comunidad educativa.

Además, en la sesión plenaria, la proposición no de ley de los socialistas, que ha contado con una enmienda de los regionalistas que ha sido aceptada, para solicitar una planificación de la bajada progresiva de ratios de alumnado por aula en todas las enseñanzas no universitarias y otros extremos ha sido rechazada por PP y Vox.

El PSOE ha defendido su iniciativa al considerar que el descenso de alumnado debe aprovecharse como una oportunidad para reforzar la educación pública mediante la reducción de ratios, una atención más individualizada y un mayor apoyo al profesorado. En la misma línea, los regionalistas han respaldado la propuesta y han pedido abrir un proceso de negociación «real» con la Junta de Personal Docente para abordar los compromisos pendientes y evitar nuevos conflictos en el ámbito educativo.

Por el contrario, el diputado del PP Álvaro Aguirre ha atribuido la propuesta a una estrategia política y sindical, al tiempo que ha reivindicado la gestión educativa del Ejecutivo autonómico. Mientras que Vox ha rechazado la iniciativa al acusar a PSOE y PRC de ofrecer una visión distorsionada de la situación educativa y ha defendido que el Gobierno ha mantenido plantillas que han permitido mejorar las ratios pese a la caída de alumnado.