La oposición pide "más recursos" y una ley "efectiva" contra el acoso escolar en Galicia

El debate se ha producido durante la comparecencia de la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, quien ha presentado las políticas de la Xunta en materia de convivencia e igualdad y ha situado el bienestar digital como «una nueva dimensión» de la convivencia escolar. Fernández ha defendido que la administración autonómica está dando respuesta a los cambios que ha provocado la expansión de la tecnología y como ejemplo ha puesto el contrato de vida digital, un documento «voluntario» que pretende establecer criterios compartidos entre alumnado, familias y centros sobre hábitos, límites, privacidad y uso responsable de la tecnología.

La responsable de la Xunta ha negado que implique «atribuir al profesorado funciones de control fuera del horario lectivo» y lo ha presentado como «una mano tendida a las familias» Fernández ha defendido también el proyecto de Lei de Educación Dixital de Galicia, que pretende regular aspectos como los derechos digitales, la privacidad, la seguridad y la inteligencia artificial; y ha añadido que el Plan de Bienestar Digital, con horizonte hasta 2030 y una inversión prevista de 7,4 millones de euros, contempla también actuaciones de educación afectivo-sexual.

Asimismo, ha anunciado que este curso se ha dotado a cincuenta y cuatro centros educativos de un segundo orientador para mejorar la convivencia en los centros. Sin embargo, su comparecencia ha desatado críticas, en la oposición, ya que tanto PSdeG como BNG han calificado la futura ley como «meramente enunciativa», que no aporta «derechos ni garantías» y que supone más «una declaración de intenciones» pero «vacía de contenido».

El diputado del PSdeG Aitor Bouza ha cuestionado que las numerosas medidas adoptadas por la Xunta hayan conseguido frenar el acoso escolar y ha reclamado una respuesta «con recursos y evaluación de sus resultados» y ha defendido además la creación de una comisión parlamentaria para estudiar las medidas de convivencia y ha advertido de la sobrecarga de los servicios de orientación. Bouza ha cuestionado asimismo el contrato de vida digital planteado por la Xunta, al considerar que puede acabar suponiendo nuevas funciones para el profesorado, y ha reclamado más profesionales para atender los conflictos en los centros.

También ha criticado a Fernández por comparecer como si se tratara «de una rueda de prensa de la Xunta» y «no respetar» la legalidad y el trámite parlamentario de una ley que la oposición ha enmendado y de la que ha pedido su devolución.

Por su parte, la diputada del BNG Cristina Fernández Davila ha incidido en que las actuaciones contra el acoso y la violencia «deben ser más continuadas» y ha reclamado una mayor presencia de la igualdad en el sistema educativo, incluida la educación afectivo-sexual integral. Fernández Davila ha defendido que los centros necesitan personal «con formación específica» y ha cuestionado la aplicación de la figura del coordinador de bienestar y convivencia, que, según ha señalado, «recae en profesorado del claustro» sin una dotación específica de formación y horario.

Ante las críticas sobre la elaboración de la ley, la directora xeral de la Xunta ha asegurado que el proceso de participación pública recibió 660 aportaciones y contó con la participación de docentes, familias, equipos directivos, inspectores, sindicatos, universidades y otros colectivos. «Nos llaman de otras comunidades autónomas para felicitarnos y consultarnos muchas cuestiones acerca del texto legal», ha defendido.

Asimismo, respecto al respaldo de la comunidad educativa, Fernández ha señalado que se ha escuchado a todo el mundo: «Que una propuesta no sea incorporada a un borrador no significa que no fuese escuchada», ha afirmado, antes de señalar que corresponde ahora al Parlamento continuar la tramitación y formular sus aportaciones.

Por su parte, la diputada del PPdeG Cecilia Vázquez ha respaldado la estrategia de la Xunta y ha defendido que la convivencia escolar debe incluir lo que sucede en el entorno digital, donde el alumnado puede sufrir acoso, discriminación o exposición de su intimidad. Vázquez ha apoyado el contrato de vida digital y ha defendido la corresponsabilidad de administración, centros, familias y alumnado, así como un modelo educativo que combine recursos digitales y analógicos.