María Pardo: "Queremos alumnos con conocimientos, pero también con comportamientos"

Es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación profesional desde que asumió la Consejería de Educación. María Pardo sitúa en el centro de su gestión los problemas de educación emocional y salud mental, y recuerda que Castilla y León es la única consejería que cuenta con una Dirección General de Educación Emocional, un área específica que quiere reforzar ante el aumento de los conflictos de convivencia y la presión sobre niños y adolescentes.

Usted llega a la Consejería de Educación en un momento en el que se habla mucho de resultados académicos, pero también de convivencia, salud mental y bienestar emocional. ¿Qué prioridad se marca?

— La prioridad es clara: la escuela no puede limitarse a enseñar contenidos. Tiene que formar personas capaces de convivir, de relacionarse, de afrontar dificultades y de responder a una sociedad cada vez más compleja. Nos hemos centrado mucho en los resultados de conocimiento y de competencias, pero en la educación está empezando a fallar la convivencia. Y eso no se arregla con fórmulas mágicas, sino trabajando de manera seria sobre el alumnado, el profesorado y las familias.

¿Cree que el sistema educativo ha descuidado esa parte más humana y relacional?

— Sí, en parte. Hemos puesto el foco en medir, en evaluar, en comparar resultados, y eso es importante, pero no basta. La educación también debe enseñar comportamientos, respeto, gestión del conflicto y capacidad de reacción. No queremos alumnos que solo sepan responder en un examen; queremos alumnos con conocimientos, pero también con comportamientos adecuados. Esa es una parte esencial de la formación.

Usted insiste mucho en que no se trata de buscar culpables. ¿A quién se refiere exactamente?

— A todos, y a ninguno en particular. A veces hay una costumbre de buscar culpables entre la familia, el profesorado o la administración, y creo que eso es perder el tiempo. La clave no es señalar, sino actuar. Si hay problemas de convivencia, de acoso, de ansiedad o de desmotivación, hay que abordarlos entre todos. La solución no está en enfrentar a unos con otros, sino en sumar responsabilidades.

¿Qué papel deben jugar las familias en ese cambio de enfoque?

— Un papel imprescindible. La educación no empieza y acaba en el centro educativo. La familia tiene que acompañar, poner límites, educar en hábitos y reforzar fuera del colegio lo que se trabaja dentro. No puede ser que toda la responsabilidad recaiga sobre el docente. Los hogares tienen que implicarse más, sobre todo en cuestiones que afectan al uso de pantallas, a los hábitos de estudio y a la convivencia cotidiana.

¿La escuela debe enseñar también a convivir con la frustración y el conflicto?

— Sin ninguna duda. A veces vivimos en una sociedad que dramatiza en exceso cualquier dificultad y eso no ayuda a los niños ni a los adolescentes. Hay que hacer gente recia, capaz de enfrentarse a las dificultades del día a día. La vida no es siempre fácil ni todo sale como uno espera. Si el sistema educativo no prepara para eso, estamos fallando en algo esencial.

Uno de los temas que más preocupa a las familias es el uso del móvil y de las pantallas. ¿Qué balance hace de la política educativa de Castilla y León en esta materia?

— Creo que hemos actuado con antelación y con sentido común. Lo que hemos hecho ha sido establecer una limitación más que una prohibición, combinada con tareas educativas. No se trata de demonizar la tecnología, porque forma parte de la vida de nuestros alumnos, sino de integrarla de manera útil y controlada. El objetivo es que aprendan a usarla bien, no que dependan de ella.

¿Cuál es el riesgo de dejar que niños y adolescentes convivan sin límites con redes sociales, móviles o inteligencia artificial?

— El riesgo existe y no es menor. Un uso razonable puede ser favorable, pero un uso desmedido puede provocar daños importantes, especialmente en etapas en las que se está formando la personalidad. No hablamos solo de rendimiento escolar, sino también de autoestima, atención, convivencia y salud emocional. Por eso hace falta educación digital, pero también prudencia y acompañamiento.

¿Cree que el colegio puede hacer todo ese trabajo por sí solo?

— No, y sería un error pensarlo. El trabajo del centro es fundamental, pero si en casa no hay continuidad, el esfuerzo pierde parte de su eficacia. Por eso queremos reforzar la formación a las familias, con herramientas online, guías prácticas y recursos para detectar conductas de riesgo, acoso o dependencia digital. La idea es que las familias no se sientan solas ni desbordadas.

¿Qué va a hacer la Consejería de forma concreta?

— Vamos a poner en marcha una estrategia de “escuelas que cuidan” y un centro de formación para familias. También estamos preparando una guía específica para la integración de la inteligencia artificial en el sistema educativo. La tecnología va a seguir avanzando, así que lo responsable no es mirar hacia otro lado, sino enseñar a utilizarla bien, con criterio y con límites.

Usted dice que el profesor es “el pilar del que depende todo”. ¿Por qué tanta insistencia en esa idea?

— Porque es así. El profesorado no solo transmite conocimientos; también influye en el clima del aula, en la formación del carácter, en el respeto y en la responsabilidad. Si el docente no está respaldado, formado y reconocido, todo el sistema se resiente. Por eso considero que el profesor es una pieza central, la base sobre la que se construye el resto.

¿Cómo valora el clima que se ha generado en torno al inicio de curso y las reivindicaciones sindicales?

— Entiendo las reivindicaciones del profesorado y entiendo que haya tensión, pero también creo que hay que poner en valor el trabajo que se ha hecho en Castilla y León durante años. Hemos avanzado en muchas materias: ratios más bajas, mejora retributiva, carrera profesional docente… No partimos de cero. Nuestra voluntad es dialogar, escuchar y cumplir lo firmado, pero también pedir responsabilidad y realismo.

Los sindicatos hablan de compromisos pendientes. ¿En qué punto está la negociación?

— Existe un compromiso firmado con los sindicatos docentes y quedan dos flecos importantes: las tutorías y la reducción del horario lectivo para mayores de 55 años. Nos dimos un tiempo porque el coste económico de cada una de esas medidas es abrumador, pero la negociación está avanzada. Nuestro objetivo es cerrarla en los próximos días y hacerlo con seriedad.

¿Le preocupa que el arranque de curso esté marcado por la conflictividad?

— Lo que no queremos es una consejería conflictiva. Queremos una consejería exigente con lo que le corresponde a Castilla y León, pero también dialogante. Hay que reconocer el esfuerzo del profesorado y seguir mejorando sus condiciones, sí, pero sin perder de vista que cualquier medida tiene un impacto presupuestario y que debemos gestionar con rigor.

¿Qué mensaje lanza a los docentes que se sienten sobrecargados?

— Que les escuchamos y que sabemos que la burocracia les resta tiempo para lo que de verdad importa: enseñar y acompañar al alumno. Por eso una de nuestras prioridades es reducir esa carga administrativa. Queremos revisar qué trámites se pueden eliminar y cómo podemos apoyarnos en herramientas tecnológicas para simplificar tareas que no forman parte de la labor docente directa.

Usted ha sido especialmente crítica con el Gobierno central. ¿Cuál es el principal reproche que le hace al Ministerio?

— El principal reproche es que van por libre. Proponen mejoras educativas sin capacidad financiera y sin escuchar suficientemente a las comunidades autónomas. En educación, como en tantas otras cosas, no basta con anunciar cambios: hay que financiarlos y tener en cuenta la realidad de cada territorio. Castilla y León no es igual que otras comunidades, y eso debe respetarse.

¿Qué ejemplo pondría de esa falta de ajuste a la realidad territorial?

— Un ejemplo claro es la posible modificación de las ratios en el primer ciclo de educación infantil. Si no se tiene en cuenta la dispersión geográfica de Castilla y León, se pone en riesgo la gratuidad de 0 a 3 años, que es una medida histórica y muy importante para nuestra comunidad. No se puede legislar desde un despacho en Madrid sin pensar en cómo se aplica sobre el terreno.

También ha criticado el traspaso de 309 millones de euros a Presidencia. ¿Por qué?

— Porque, según hemos visto, saldría del presupuesto educativo y nos parece bastante poco serio. El sistema educativo necesita estabilidad, inversión y previsión. Si se mueven fondos sin claridad o sin una explicación suficiente, se debilita la confianza. Nosotros pedimos rigor, diálogo y capacidad de escucha en las conferencias sectoriales.

¿Está dispuesta la Junta a ir a la confrontación si el Ministerio no rectifica?

— No buscamos la confrontación por la confrontación. Lo que queremos es defender lo que le corresponde a Castilla y León. Seremos exigentes cuando haga falta, pero siempre desde la responsabilidad. Nuestro objetivo no es generar ruido, sino asegurar que las decisiones educativas se adapten a nuestra realidad y cuenten con financiación suficiente.

La gratuidad de 0 a 3 años es una de las grandes apuestas de la Junta. ¿Por qué la considera tan importante?

— Porque no es solo una medida de conciliación, que ya sería importante, sino también una decisión con base educativa y neurocientífica. Hemos descubierto la importancia de esos primeros años en la escolarización posterior. La experiencia nos dice que la escolarización temprana mejora la evolución de los niños, especialmente en contextos vulnerables, y favorece su desarrollo futuro.

— En parte sí. Durante mucho tiempo no se le dio la relevancia que merece. Hoy sabemos que lo que ocurre en los primeros años marca mucho el resto de la trayectoria educativa. Por eso la Junta ha decidido hacer una apuesta muy fuerte por esta etapa, con una inversión muy importante. En Castilla y León cuesta 114 millones de euros al año, y creemos que es una inversión bien orientada.

¿Se plantea extender esa gratuidad al bachillerato concertado?

— En estos momentos no podemos asumirlo. Hay que ser prudentes y responsables. La prioridad ahora es consolidar lo que ya tenemos y garantizar que la gratuidad de 0 a 3 años se mantenga con calidad. No podemos abrir nuevos frentes sin asegurar la financiación y la viabilidad de lo que ya está en marcha.

¿Teme que los cambios que propone el Ministerio puedan comprometer ese modelo?

— Sí, y por eso insistimos tanto en que cualquier decisión debe tener en cuenta la dispersión territorial y el coste real de aplicarla. Si no, corremos el riesgo de desestabilizar un sistema que funciona y que ha sido muy útil para las familias y para el desarrollo educativo de los niños más pequeños.

La Formación Profesional privada ha estado en el centro del debate por posibles irregularidades en algunos centros online. ¿Cómo lo ve la Consejería?

— Ya advertimos de que podían aparecer riesgos en la elaboración normativa. Si se detecta falta de calidad educativa, habrá que intervenir. Pero no queremos convertir este debate en un ataque generalizado a la enseñanza privada. Si cumple los requisitos, tiene espacio y puede ser una opción válida para los alumnos. La administración debe garantizar rigor, no cerrar puertas por sistema.

¿Dónde pone el límite entre la libertad de oferta y el control de calidad?

— En el cumplimiento de los requisitos y en la calidad real de la enseñanza. Una autorización no es un cheque en blanco. Si un centro no ofrece la formación que promete, o si incumple las condiciones, la administración tiene que actuar. Pero si hace bien su trabajo, debe poder desarrollarse con normalidad. Esa es la lógica que defendemos.

Otra de sus metas es reducir la burocracia. ¿Qué diagnóstico hace de la situación actual?

— Que la carga administrativa es excesiva y acaba restando tiempo al profesorado. El docente debería estar centrado en enseñar, acompañar y evaluar, no en rellenar papeles sin fin. Vamos a hacer un análisis minucioso de los trámites para ver qué se puede eliminar y en qué tareas podemos apoyarnos en la inteligencia artificial, la robótica y otras herramientas.

¿La inteligencia artificial es una amenaza o una oportunidad para la educación?

— Es una oportunidad si se usa bien. Puede ayudar a simplificar procesos, a personalizar aprendizajes y a aliviar tareas repetitivas. Pero, como cualquier herramienta, necesita criterio. Por eso queremos guías claras y una integración responsable. No podemos ni negarla ni abrazarla sin condiciones. Hay que regularla y enseñarla.

Para terminar, Castilla y León ha defendido siempre sus programas bilingües. ¿Van a mantenerse a pesar del conflicto con el Ministerio por los auxiliares de conversación?

— Sí, van a mantenerse. Consideramos que son una seña de identidad y una herramienta clave para la competitividad futura de los alumnos. Queremos revisar lo que funciona y corregir lo que no, pero sin renunciar a aquello que ha demostrado utilidad. Nuestra línea es clara: una educación más exigente, más autónoma y mejor preparada para los retos del presente.