UGT denuncia ante la Alta Inspección Educativa la "policía del pensamiento" del Consell
UGT ha registradooles ante la Delegación del Gobierno de València el escrito de denuncia dirigido a la Alta Inspección de Educación del Estado en la Comunitat Valenciana, el órgano que tiene asignada la facultad y la función de velar por la observancia de los valores y derechos constitucionales en la educación, por la correcta aplicación del currículum y por los derechos educativos de la ciudadanía, ha informado el sindicato. En el escrito, el sindicato informa de los cambios introducidos en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat, en la que el gobierno ha introducido en la inspección educativa autonómica las funciones de velar por una supuesta neutralidad ideológica y luchar contra el adoctrinamiento, «en una clara vulneración de la normativa estatal y derechos constitucionales como la libertad de cátedra».
Explica que hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica de Educación estatal da funciones de supervisión y control a la inspección educativa, pero en razón de criterios educativos y pedagógicos, y no políticos o ideológicos. Para el sindicato, esta modificación «supone dar una orden directa a la inspección educativa de actuar por criterios y motivaciones políticas, de forma ambigua y oscura». «Abre la puerta a perseguir la libre expresión de pensamiento y sabotear la educación en valores democráticos, de tolerancia e igualdad de género y pensamiento crítico que consagra en currículum la legislación estatal», ha considerado.
Además, ha añadido, «supone un descrédito y sospecha pública contra el profesorado, sobre el que se pone el punto de mira de problemas inexistentes e irreales para incitar la denuncia y persecución de los sectores más intolerantes». UGT ha recordado que el ejercicio de la censura previa o la retirada y censura de libros y otros elementos ejercida por un funcionario público supone un delito sancionable según el artículo 538 del código penal, y un atentado a las libertades y derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
El sindicato solicita el amparo y la protección de la Alta Inspección del Estado y pide su intervención inmediata de oficio para exigir explicaciones a la Conselleria de Educación. «El Consell debe explicar qué fines persigue con esas funciones de policía política y desistir de cualquier acción que suponga censura y persecución a criterio de la opinión política de inspectores o altos cargos de Conselleria», ha concluido.