Aragón denunciará ante la Policía las cuentas "curis" que humillen a alumnos y profesores
El Gobierno de Aragón establece un protocolo para detectar y denunciar los perfiles que ridiculicen a alumnos y docentes, mientras el Colegio Profesional de Educación Social de La Rioja reclama una reflexión colectiva sobre la viralización de contenidos humillantes.
El objetivo es poner coto a memes y stickers con contenido vejatorio que se difunden rápidamente por la comunidad educativa.
El Gobierno de Aragón ha remitido instrucciones a todos los centros educativos de la comunidad para que comuniquen la existencia de cuentas y perfiles en redes sociales utilizados para ridiculizar, humillar o acosar a alumnos y profesores. Cuando detecten estos casos, las direcciones deberán dar traslado inmediato de los hechos a la Policía Nacional o a la Guardia Civil.
La medida responde a la proliferación de cuentas anónimas conocidas como «curis», así como de perfiles similares en plataformas como TikTok e Instagram. Estas cuentas convierten situaciones escolares, imágenes o referencias al profesorado y al alumnado en memes y contenidos de carácter vejatorio, que pueden difundirse rápidamente entre la comunidad educativa.
El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades ha establecido un protocolo común compuesto por seis medidas para que los centros actúen de forma homogénea y ágil. La Administración autonómica advierte de que estas publicaciones pueden afectar al bienestar emocional de las víctimas y deteriorar la convivencia en los centros.
Las instrucciones deberán aplicarse siempre que exista una vinculación entre las publicaciones y un centro educativo. Esta relación podrá establecerse cuando las cuentas utilicen su nombre, sus siglas o sus imágenes, pero también cuando los contenidos hagan referencia directa a estudiantes o a miembros del profesorado.
El primer paso será recopilar y conservar de forma segura todas las pruebas disponibles, entre ellas los nombres de usuario, los enlaces y las capturas de pantalla. El material tendrá que custodiarse con acceso restringido y seguro para impedir que la intervención del centro contribuya a una difusión aún mayor de los contenidos.
A continuación, las direcciones deberán comunicar urgentemente los hechos al Departamento de Educación y a la Inspección Educativa correspondiente. Estos organismos darán traslado de las actuaciones a la Policía Nacional o a la Guardia Civil para que intervengan cuando resulte necesario.
El protocolo también contempla denunciar los perfiles ante las propias plataformas digitales y solicitar su retirada por acoso, hostigamiento o vulneración de la privacidad. Los centros tendrán que informar de manera individualizada, confidencial y directa a las familias de los menores afectados.
Además, deberán activar las medidas de apoyo y protección necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas. Cuando las circunstancias lo aconsejen, también podrán valorar la presentación de reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.
El Ejecutivo aragonés ha anunciado que adoptará todas las medidas permitidas por la legislación vigente para proteger a los centros, profesores, trabajadores y menores afectados. Asimismo, ha pedido a las familias que denuncien cualquier vulneración de los derechos de sus hijos para frenar nuevos perfiles anónimos de estas características.
El Colegio Profesional de Educación Social de La Rioja ha advertido, por su parte, de que «la humillación no es humor», aunque una publicación consiga mil «me gusta». La entidad considera que los «curis» obligan a preguntarse qué sociedad se está construyendo cuando la vergüenza ajena se convierte en entretenimiento y el sufrimiento de una persona pasa a ser contenido viral.
El colegio profesional ha precisado que no se trata de demonizar a la juventud ni de transformar cada broma en un conflicto. Sin embargo, considera que algo está fallando cuando, para provocar una carcajada, resulta necesario que otra persona pierda su dignidad.
También ha alertado de las consecuencias que puede tener la exposición pública. Cuando la vergüenza se convierte en humillación, puede erosionar la seguridad, la autoestima e incluso las ganas de acudir al lugar en el que alumnos y profesores deberían sentirse protegidos y acompañados.
A ello se suma el efecto de la viralización. Una situación que anteriormente podía finalizar al salir de clase ahora puede perseguir a la persona afectada hasta su propia habitación. La difusión digital incorpora así una crueldad especialmente persistente, porque multiplica la audiencia y prolonga en el tiempo la experiencia sufrida.
El Colegio de Educación Social ha apelado igualmente a la responsabilidad de quienes comparten, celebran o ayudan a difundir estas publicaciones sin pretender causar daño. Un clic puede parecer insignificante, pero para quien está al otro lado de la pantalla puede suponer que su peor momento se repita ante un número creciente de desconocidos.
Detrás de muchas de estas conductas existen necesidades de reconocimiento, pertenencia y aceptación, especialmente durante la adolescencia. Por ello, los educadores sociales defienden la necesidad de acompañar, escuchar y educar, sin renunciar al establecimiento de límites ante comportamientos que dañan a otras personas.
La entidad también ha señalado la contradicción de mostrar preocupación por las conductas digitales de los adolescentes mientras se normalizan espacios públicos en los que la descalificación, la ridiculización y el desprecio se han convertido en formas habituales de comunicación. A su juicio, no se puede pedir respeto en las aulas si fuera de ellas se premia la crueldad.
La educación en la convivencia requiere coherencia, referentes y una responsabilidad compartida. Para conseguirlo, reclama familias que conversen antes de juzgar, profesionales que acompañen, administraciones que garanticen recursos para la prevención y la intervención socioeducativa, y plataformas digitales más responsables ante los contenidos que amplifican la humillación.
Las instrucciones impulsadas en Aragón, coordinadas por la Secretaría General Técnica y la Dirección de la Inspección de Educación, unifican las actuaciones que hasta ahora se realizaban caso por caso. El objetivo es respaldar a los equipos directivos y ofrecer una respuesta coordinada y ágil que proteja los derechos de toda la comunidad educativa, especialmente de los menores.
El Colegio Profesional de Educación Social de La Rioja ha recordado finalmente que detrás de cada meme existe una persona. Por ello, ha pedido actuar con responsabilidad y cuidado ante unas publicaciones cuyo impacto sobre alumnos y docentes puede ser mucho mayor de lo que percibe quien las crea, comparte o celebra.