Canarias incorpora psicólogos a las aulas para escuchar al alumnado y actuar a tiempo

Hay alumnos que necesitan contar lo que les pasa y no encuentran a quién. José Manuel Cabrera, viceconsejero de Educación, se detiene en esa dificultad cuando explica la incorporación de psicólogos al ámbito escolar. Habla de chicos y chicas que se sienten solos, a veces también en casa. Que tengan alguien que les escuche y les ayude a afrontar sus dificultades es una de las tareas que quiere reforzar con estos profesionales.

La Consejería ha destinado 4,46 millones de euros al programa para el curso 2026-27. La previsión inicial de 39 plazas se amplió a 80 tras conseguir más fondos y recoger las aportaciones que aconsejaban una mayor dotación. Los psicólogos han comenzado a trabajar en los centros este curso.

La necesidad venía haciéndose notar desde hacía varios cursos. Los centros trasladaban a Educación que los problemas emocionales y de salud mental «tensionaban el funcionamiento de los centros educativos», recuerda Cabrera. También pesó la experiencia del protocolo de prevención de conductas suicidas: el elevado número de activaciones aconsejaba contar con más apoyo especializado.

La Consejería tomó como referencia la experiencia de Baleares y trabajó con los colegios de Psicología de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife para definir el modelo. Disponer de un profesional en cada centro no era viable, explica el viceconsejero, por lo que se optó por distribuirlos a través de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos (EOEP).

«El ámbito principal de trabajo es el de la prevención», insiste Cabrera. Aunque los psicólogos atenderán situaciones de malestar, buena parte de su labor consistirá en trabajar con el alumnado, el profesorado y las familias para anticiparse a los problemas. El objetivo es que los estudiantes dispongan de herramientas para afrontar las dificultades y sepan pedir ayuda.

El viceconsejero relaciona ese bienestar con la convivencia y con las condiciones para aprender. Espera que la presencia de los psicólogos permita detectar antes los problemas y facilite la intervención en situaciones como el acoso escolar, en colaboración con los orientadores. «Detectarlo y actuar inmediatamente», resume.

Para los docentes, la incorporación supone contar con asesoramiento especializado ante casos que pueden implicar también a los servicios sociales o sanitarios. Cabrera explica que mejorar la comunicación entre Educación y Sanidad ha sido una de las razones para exigir la habilitación en Psicología General Sanitaria a quienes acceden a las plazas. Se busca facilitar las derivaciones cuando sean necesarias y mejorar el intercambio de información para acompañar desde el centro al alumnado que recibe atención sanitaria.

Esa cualificación no convierte los centros en consultas. «Ellos nunca van a hacer terapia», precisa. Cuando un alumno necesite atención clínica especializada, corresponderá al sistema sanitario prestarla. La intervención escolar será preventiva, educativa y de acompañamiento psicológico.

También se han delimitado las funciones respecto de los orientadores y las personas coordinadoras de bienestar. Los acuerdos con los sindicatos establecen autonomía funcional para el nuevo personal, sin dependencia jerárquica de esos perfiles, y refuerzan la colaboración para evitar solapamientos. Los psicólogos estarán coordinados por el Equipo Alisio, especializado en prevención y acompañamiento ante conductas suicidas y procesos de duelo.

El despliegue abarca todo el archipiélago desde su primera fase. «En este caso, el recurso es para todas», subraya Cabrera. La distribución garantiza dos profesionales por cada uno de los 36 EOEP. Las ocho plazas adicionales refuerzan los equipos cuyos centros han registrado más activaciones del protocolo ante riesgo suicida. Según el viceconsejero, la mayoría de los psicólogos trabajará principalmente con cuatro o cinco centros.

Su actuación se dirigirá de manera preferente a Secundaria y a las enseñanzas postobligatorias con alumnado de esas edades, desde los once años. El límite inferior se modificó a propuesta sindical para incluir a quienes llegan a primero de la ESO sin haber cumplido los doce. Cabrera cita ese cambio como ejemplo de los ajustes que puede necesitar el programa al llevarlo a la práctica.

Para la cobertura de las plazas se ha recurrido a las listas de Orientación Educativa, con profesionales que reúnen los requisitos de habilitación sanitaria y colegiación. Los acuerdos permitieron eliminar la exigencia de competencia digital docente y acreditar la colegiación al tomar posesión. En el momento de la entrevista quedaban dos vacantes en La Palma, para las que Educación había recurrido al Servicio Canario de Empleo ante la dificultad para encontrar personal.

Cabrera destaca la disposición de los profesionales y la primera acogida en los centros, aunque reconoce que el programa está todavía en su fase inicial. «Lo que nos transmiten los centros es que es un recurso valioso», afirma.

La iniciativa comienza como experiencia piloto, una condición que permitirá modificar su funcionamiento durante el curso. «Nuestra intención es que esto se quede», dice el viceconsejero. Las plazas se financian con créditos estructurales y las instrucciones no se limitan al curso 2026-27. Los acuerdos contemplan que la figura pueda integrarse de manera estable con el desarrollo normativo correspondiente.

Educación quiere que la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa examine los resultados al terminar el curso. Esa evaluación servirá para decidir qué cambios necesita el programa y valorar si la dotación responde a las necesidades de los centros. «Es necesario evaluarlo para ver si son los recursos necesarios y se están utilizando de la mejor forma», sostiene Cabrera.