El Gobierno aprueba financiar 2.000 alojamientos universitarios en siete ciudades españolas

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al real decreto por el que se verán beneficiadas la Universidad Autónoma de Madrid (13,36 millones), el Campus de Albacete de la UCLM (8,19 millones), la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (6,5 millones), la Universidad de Burgos (5,94 millones), la Jaume I de Castellón (4,45 millones), la Universidad de Jaén (3,56 millones) y el Ayuntamiento de Lleida (2,97 millones).

El objetivo es que a través de la colaboración público-privada se amplíe la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador con precios asequibles en un plazo de seis años, aunque la entidad beneficiaria podría solicitar una prórroga de hasta tres años adicionales, según el texto del decreto al que ha tenido acceso EFE. «Vamos a acompañar a las universidades y facilitar el acceso donde más hace falta y a quién mas hace falta, porque hemos detectado que especialmente los jóvenes universitarios han tenido que renunciar a las universidades donde querían cursar sus estudios por el precio del alojamiento», ha dicho la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha apuntado que este debe ser un plan «inspirador» para el resto de administraciones públicas.

El decreto incide en que facilitará la movilidad académica y reducirá la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias ante el incremento del número de estudiantes matriculados y de la internacionalización. «La disponibilidad y el coste del alojamiento pueden condicionar la movilidad académica, la elección de centro y titulación y la igualdad efectiva de oportunidades en el acceso y permanencia en la educación superior», resalta el decreto, que recuerda que la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE señala que 67 % de las personas de 16 años o más que han querido cambiar de vivienda no lo han podido hacer por el precio excesivo.

La norma llega al Consejo de Ministros tras cerrarse su trámite de audiencia pública el 9 de septiembre y no necesitará ser convalidada por las Cortes Generales. Se ha gestado tras un acuerdo en 2024 entre los Ministerios de Vivienda, de Economía y de Universidades y la selección de los proyectos se ha hecho en colaboración con la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), ha señalado la ministra.

La mayor parte de las actuaciones se ubican en suelos públicos o universitarios ya disponibles y urbanísticamente consolidados y se han seleccionado los proyectos más avanzados, ha apuntado Rodríguez que ha recalcado que la «crisis de la vivienda está torpedeando» un derecho plasmado en la Constitución.

Según el decreto las promociones deberán mantener su finalidad pública y unas condiciones de precio asequible, que serán fijadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en las correspondientes resoluciones o convenios. En este precio máximo se incluirán servicios como la electricidad, el agua y la conexión wifi, entre otros.

«La creación de estas nuevas plazas para estudiantes, docentes e investigadores permitirá mejorar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad, especialmente para estudiantes desplazados o con menor capacidad económica y, por otro lado, contribuirá a reducir la presión sobre el mercado residencial ordinario de alquiler», incide la norma que recuerda que el número de estudiantes matriculados en las universidades españolas ronda casi los 2 millones de alumnos.