El Supremo anula el Decreto de universidades y el Ministerio prepara otro para reemplazarlo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima un recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares «por falta de justificación de su tramitación urgente». El Ministerio de Universidades asegura que prepara otro decreto sobre las privadas que «restaure el anulado por el Supremo».
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado, por falta de justificación de su tramitación urgente, el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, sobre universidades, al estimar un recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
El tribunal concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado. Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido.
Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que trabaja en una nueva norma para aprobarla «lo antes posible» con el fin de «restaurar» el decreto que frenaba la creación de universidades privadas y que ha tumbado el Tribunal Supremo.
Fuentes del Ministerio han señalado que respetan la sentencia del Supremo que anula el decreto del Gobierno que endurecía los criterios para crear nuevas universidades y que pretendía evitar que proliferasen centros privados de enseñanza superior que no cumplieran con los estándares de excelencia, pero «no cambia nuestra convicción sobre la necesidad de contar con una regulación que ordene el crecimiento del sistema universitario y garantice su calidad». «No nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para poder aprobarlo lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas», añade el comunicado que incide en que el decreto «fue tramitado con todas las garantías» y contó con el aval del Consejo de Estado.
El Ministerio recuerda que el Consejo de Estado avaló expresamente la legalidad de la tramitación urgente y con ello poder prescindir del trámite de consulta previa, tras criticar que, según ha conocido por los medios de comunicación, el Supremo ha estimado un recurso de Baleares por falta de justificación de su tramitación urgente, lo que significa que no ha entrado a debatir el fondo del asunto. «No estamos hablando de una norma improvisada ni unilateral» justifica el departamento que dirige Diana Morant, al señalar que el real decreto fue informado por el Consejo de Universidades, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado y la Conferencia General de Política Universitaria, además de haber contado con un amplio trámite de audiencia a organizaciones y asociaciones representativas del sistema universitario.
«Y en la Conferencia General de Política Universitaria, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular fueron las únicas que se opusieron a la aprobación de la norma…lo que demuestra que el Gobierno no estaba actuando al margen de las comunidades autónomas ni de la comunidad universitaria», recalca.
Para el Gobierno, el problema que motivó esta regulación sigue existiendo y hay que garantizar que el crecimiento del número de universidades no se haga a costa de la calidad del sistema y crezca con garantías vinculadas a la investigación, profesorado, oferta académica y sostenibilidad. «España está muy cerca de tener tantas universidades privadas como públicas, el sistema cuenta ya con 50 universidades públicas frente a 49 privadas», recuerda.
Universidades también critica que «una información de estas características haya sido conocida primero a través de los medios de comunicación que por el propio Ministerio, lo que genera una situación de indefensión para la institución», y, añade, «máxime si tenemos en cuenta el periodo preelectoral en el que nos encontramos actualmente». La norma introduce, entre otras medidas, requisitos más exigentes en materia de investigación, profesorado, oferta académica, solvencia económica y alojamiento, así como un sistema de evaluación de la calidad más riguroso, con informes vinculantes de Aneca o de las agencias de calidad autonómicas para la autorización de nuevas universidades.
La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) recuerda que el Tribunal Supremo ha anulado el decreto de nuevas exigencias para la creación de universidades privadas por «una cuestión de forma, no de fondo» y añade que se debe mantener la calidad del sistema universitario. «Cualquier iniciativa normativa orientada a reforzar los mecanismos de aseguramiento de la calidad del sistema universitario es positiva, si contribuye a garantizar que todas las instituciones, con independencia de su titularidad, cumplan los mismos estándares de excelencia académica, investigación, transferencia de conocimiento y compromiso social», incide en un comunicado remitido a Efe.
En el documento, insiste en que esa calidad requiere que la autorización, verificación y seguimiento de las titulaciones se base en criterios exigentes, así como objetivos transparentes y supervisados por los organismos competentes de evaluación y acreditación. «La creación y el desarrollo de nuevas universidades y nuevos títulos deben estar vinculados a una planificación académica sólida, a la disponibilidad de profesorado cualificado, a una actividad investigadora contrastable, a recursos materiales adecuados y a una contribución efectiva a las necesidades formativas y científicas de la sociedad», recalca.
