La propuesta de los interinos para transformar el acceso a la profesión docente
La Plataforma Nacional de Interinos Docentes plantea reforzar las prácticas del Máster de Secundaria, sustituir las pruebas tradicionales por exámenes objetivos y abrir una vía extraordinaria de estabilización cuando la temporalidad estructural supere el 8%.
El primer eje de la propuesta afecta al actual Máster de Formación del Profesorado de Secundaria. La PNID plantea mantener su duración en 60 créditos ECTS, pero reorganizar sus contenidos para eliminar solapamientos entre asignaturas y reforzar los aprendizajes directamente relacionados con el ejercicio profesional.
La Plataforma Nacional de Interinos Docentes (PNID) ha presentado una propuesta para acometer una reforma integral del acceso a la profesión docente. La iniciativa actúa sobre tres ámbitos: la formación inicial, el modelo de concurso-oposición y la reducción de la temporalidad. Su objetivo es vincular la incorporación al sistema educativo con un marco de competencias profesionales y establecer procedimientos que, según la organización, resulten más homogéneos, transparentes y ajustados a la realidad de las aulas.
El documento toma como referencia los resultados para España del informe TALIS 2024, elaborado por la OCDE. Según este estudio, el 60% de los docentes españoles que finalizaron su formación inicial en los cinco años anteriores a la encuesta considera que esta tuvo una calidad elevada. La media internacional alcanza el 75%, una diferencia que la plataforma utiliza para defender una preparación más práctica y conectada con las necesidades cotidianas de los centros.
El primer eje de la propuesta afecta al actual Máster de Formación del Profesorado de Secundaria. La PNID plantea mantener su duración en 60 créditos ECTS, pero reorganizar sus contenidos para eliminar solapamientos entre asignaturas y reforzar los aprendizajes directamente relacionados con el ejercicio profesional. La intención no sería ampliar el título, sino modificar la distribución de su carga lectiva y revisar el peso de cada bloque formativo.
En concreto, la plataforma propone destinar 24 créditos a prácticas externas en centros educativos, equivalentes al 40% del máster. Este periodo debería permitir al futuro profesor participar de manera progresiva en la planificación, la docencia, la evaluación y la convivencia escolar, siempre bajo supervisión. La medida pretende evitar que las prácticas queden reducidas a una observación puntual y favorecer un conocimiento más completo de la organización y el funcionamiento de los centros.
La reforma se completaría con la creación de la figura del docente novel, concebida como un periodo inicial de ejercicio profesional acompañado durante un curso académico. Quienes se incorporasen por primera vez contarían con seguimiento y orientación dentro del centro, con el propósito de facilitar su adaptación y consolidar las competencias adquiridas. Este acompañamiento podría incluir tutoría profesional, observación de clases y evaluación formativa, aunque la propuesta requeriría concretar posteriormente sus condiciones laborales y académicas.
El segundo eje mantiene el sistema de concurso-oposición, pero transforma el formato de la fase selectiva. La PNID propone sustituir las pruebas actuales por exámenes objetivos tipo test, de carácter no eliminatorio y divididos en tres módulos. Con ello busca reducir las diferencias de criterio entre tribunales y facilitar que los aspirantes puedan conocer y revisar de manera más precisa los resultados obtenidos.
El módulo de conocimientos de la especialidad representaría el 50% de la puntuación y evaluaría el dominio científico, técnico y curricular del aspirante. Un segundo bloque, dedicado a la legislación educativa estatal y autonómica, supondría el 20%. El 30% restante correspondería a la competencia pedagógica, valorada mediante preguntas y supuestos prácticos contextualizados en situaciones reales de aula.
La implantación de este sistema exigiría que el Ministerio de Educación elaborase y publicase temarios completos y actualizados, con contenidos delimitados para cada cuerpo y especialidad. La propuesta también incorpora mecanismos para impugnar o revisar preguntas, además de la publicación de las plantillas de corrección. La plataforma considera que estas garantías permitirían avanzar hacia procesos comparables entre comunidades autónomas, aunque la gestión de las convocatorias continuase correspondiendo a cada administración educativa.
El carácter no eliminatorio de las pruebas supondría otro cambio relevante respecto al modelo habitual. Todos los ejercicios contribuirían a la calificación final, de modo que un resultado insuficiente en uno de los módulos podría compensarse con el obtenido en los demás. La concreción del sistema tendría que fijar, no obstante, las puntuaciones mínimas, el peso de la experiencia y la relación entre las fases de oposición y concurso.
El tercer bloque de la reforma se dirige a combatir el uso prolongado de nombramientos temporales para atender necesidades que, en la práctica, tienen un carácter permanente. La PNID sitúa la temporalidad docente en España en el 31% y propone diferenciar el acceso ordinario de los procedimientos destinados a reducir las bolsas estructurales de interinidad.
La primera vía sería de libre concurrencia y permanecería abierta a todas las personas que cumpliesen los requisitos, incluidos los funcionarios interinos. El acceso se realizaría mediante el nuevo concurso-oposición con pruebas objetivas. Esta modalidad serviría para cubrir las plazas ordinarias y garantizaría que cualquier aspirante pudiera competir por ellas en condiciones comunes.
La segunda vía consistiría en concursos específicos de méritos, que se activarían cuando una administración superase el 8% de temporalidad estructural en un cuerpo o especialidad. Para evitar diferencias territoriales, la plataforma reclama una metodología común para calcular ese porcentaje. Los interinos aspirantes tendrían que haber aprobado al menos una oposición del mismo cuerpo y especialidad y acreditar tres años de servicios efectivos en la administración convocante.
Este mecanismo no se plantea como una convocatoria permanente, sino como una respuesta extraordinaria ante niveles de temporalidad superiores al umbral establecido. Su aplicación dependería, por tanto, de los datos correspondientes a cada administración, cuerpo y especialidad. La propuesta busca distinguir entre la reposición habitual de plazas y la regularización de puestos cubiertos de forma temporal durante periodos prolongados.
La PNID reconoce que el desarrollo de su planteamiento requeriría una revisión normativa amplia. Entre las disposiciones que deberían modificarse figuran la Ley Orgánica de Educación, el Estatuto Básico del Empleado Público y el Real Decreto 276/2007, que regula el ingreso, los accesos y la adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.
La propuesta abre así un debate que afecta a universidades, administraciones educativas, sindicatos, tribunales y aspirantes. Su puesta en marcha exigiría definir la financiación de las prácticas, el reconocimiento de los tutores, las garantías de los exámenes tipo test y el encaje jurídico de la doble vía. La plataforma defiende, en cualquier caso, que formación, selección y estabilidad deben abordarse mediante una estrategia conjunta, y no como problemas independientes.