Una iniciativa internacional redefine el pluralismo más allá de la pública y la privada

Los resultados de PISA 2025 y el debate sobre las ratios, los recursos y las condiciones del profesorado han vuelto a situar en primer plano una cuestión de fondo: cómo organizar un sistema capaz de garantizar calidad e igualdad sin ignorar que las familias buscan proyectos educativos diferentes. En ese contexto avanza la elaboración de los Principios Rectores sobre Pluralismo Educativo, una iniciativa internacional en la que participan más de 25 expertos de distintos países, representantes de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. El comité está coordinado por Ashley Rogers Berner, directora del Instituto de Política Educativa de la Universidad Johns Hopkins, e Ignasi Grau, director de OIDEL.

La iniciativa parte de una concepción del pluralismo que no se limita a la posibilidad de escoger entre un centro público y uno privado. Sus impulsores plantean que la educación posee una dimensión social y cultural y que, por tanto, su organización debe reconocer tanto la responsabilidad del Estado como la participación de las familias y de la sociedad civil. El objetivo es definir un marco internacional que aclare cómo se relacionan el derecho a la educación, los derechos de los padres y la existencia de modelos pedagógicos diversos, siempre dentro del respeto a los derechos humanos.

Los promotores consideran que esta clarificación resulta especialmente necesaria ante las discusiones internacionales sobre el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, dedicado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. También conectan el proyecto con los debates de Naciones Unidas sobre una posible ampliación de las garantías educativas vinculadas a la Convención sobre los Derechos del Niño. En ambos ámbitos aparece una cuestión todavía sin resolver: qué papel deben desempeñar las familias, las entidades sociales y los centros no gestionados directamente por las administraciones.

El texto sigue abierto a modificaciones. Su elaboración comenzó con la reunión de una veintena de especialistas, entre ellos académicos, responsables políticos y representantes de organizaciones civiles. Después se celebraron dos consultas internacionales: una en Ginebra, con responsables de Naciones Unidas y otros actores implicados, y otra en la sede de la UNESCO en París, con la participación de nueve delegaciones nacionales. El calendario contempla nuevas sesiones en Argentina, Johannesburgo y Washington para incorporar perspectivas latinoamericanas, africanas y norteamericanas.

Aunque el documento no está cerrado, sus coordinadores identifican ya algunos puntos de consenso. El principal es que la diversidad de modelos puede formar parte del derecho universal a una educación de calidad. Esta idea exige repartir responsabilidades: las familias deben poder buscar una enseñanza coherente con sus valores y con las necesidades de sus hijos, mientras que el Estado debe asegurar el acceso, la equidad, la financiación suficiente y unos estándares académicos comunes.

Esta distribución de funciones no implica que la Administración tenga que gestionar directamente todos los centros, pero tampoco reduce la educación a una relación de mercado. Los principios pretenden diferenciar el pluralismo tanto del cheque escolar como de los procesos de privatización. Frente a una competencia sin controles, la propuesta combina libertad y rendición de cuentas, financiación pública, acceso para el alumnado desfavorecido y supervisión académica por parte de las autoridades educativas.

Uno de los principales interrogantes es el posible efecto de la diversidad sobre la segregación. Grau sostiene que la existencia de distintos proyectos no conduce automáticamente a una menor cohesión y señala los casos de Irlanda, Países Bajos y Bélgica, donde conviven sistemas educativos plurales. También advierte de que la desigualdad aparece cuando la capacidad de elegir depende de los recursos económicos de cada hogar. Por eso, el pluralismo defendido por la iniciativa requiere financiación y acceso equitativo, de modo que la elección no quede reservada a las familias con mayor renta.

Berner sitúa la cohesión social como una obligación permanente de cualquier política educativa, con independencia de que los alumnos sean asignados a un centro por su domicilio o puedan desplazarse a otro. Desde esta perspectiva, la convivencia no depende de que todas las escuelas sean iguales, sino de que compartan una base democrática común. Un currículo cívico sólido, unas expectativas académicas exigentes y el contacto entre alumnos de distintos orígenes serían los elementos que permitirían combinar identidad propia, movilidad social y pertenencia a una misma comunidad política.

El debate sobre el pluralismo coincide con la preocupación por los resultados académicos. Grau interpreta los datos de PISA 2025 como una señal de que el aumento de recursos, por sí solo, no garantiza una mejora del aprendizaje. También cuestiona que la reducción de las ratios pueda considerarse un factor decisivo si no va acompañada de buenas prácticas docentes, estabilidad de los equipos, currículos coherentes y una mayor implicación familiar.

En este escenario, los centros no gubernamentales podrían desempeñar un papel relevante para grupos minoritarios o para familias que no encuentran respuesta a sus convicciones y necesidades en un modelo uniforme. Sin embargo, los coordinadores insisten en que esa diversidad debe estar sometida a reglas transparentes y orientada al interés del alumnado. El reto consiste en evitar tanto el monopolio de un único proyecto como un mercado educativo fragmentado por la capacidad económica, el origen social o las creencias.

Los Principios Rectores sobre Pluralismo Educativo aspiran así a ofrecer una referencia útil para gobiernos, organismos internacionales, instituciones educativas y entidades sociales. El proceso continuará incorporando aportaciones antes de alcanzar una versión definitiva. Su propósito final es trasladar el debate desde la tradicional oposición entre escuela pública y privada hacia una pregunta más amplia: cómo articular una responsabilidad educativa compartida que proteja la libertad, garantice la equidad y mantenga una exigencia común de calidad para todo el alumnado.