Una monografía recupera la alternativa a la LOMLOE que el PP no llegó a presentar en 2020
Una nueva monografía recupera el proyecto educativo alternativo que el Grupo Parlamentario Popular preparó durante la tramitación de la LOMLOE y que finalmente no llegó al Congreso. El documento revisa aquella propuesta seis años después y plantea cambios sobre profesorado, evaluación, enseñanza básica, Formación Profesional, autonomía de los centros y currículo.
El texto pretende incorporar al debate público una reforma que no llegó a ser presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Popular. IMAGEN GENERADA POR IA
La monografía Una ley non nata para el sistema educativo español en tiempos de incertidumbre, publicada en abierto el 12 de octubre de 2026, recupera una propuesta legislativa elaborada en 2020 como alternativa a la reforma educativa que culminó en la aprobación de la LOMLOE. El texto pretende incorporar al debate público una reforma que no llegó a ser presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Popular.
El núcleo de la publicación es el proyecto de enmienda a la totalidad con texto alternativo preparado durante la tramitación de la actual ley educativa. A ese contenido se añaden una presentación y un capítulo final con propuestas de actualización, formuladas a partir de los cambios experimentados por la educación y su contexto durante los últimos seis años. La monografía completa puede consultarse en la página de publicaciones de Meet Us Education.
La recuperación del proyecto se produce en un escenario marcado por la preocupación por los resultados académicos, las desigualdades educativas, la situación del profesorado y la capacidad del sistema para responder a transformaciones sociales, económicas y tecnológicas. Sus promotores defienden la necesidad de abordar estos desafíos mediante políticas basadas en evidencias, la comparación internacional y una planificación que trascienda los ciclos políticos.
La propuesta mantiene la estructura propia de una ley orgánica y está formada por 203 artículos, 15 disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. Más allá de esta arquitectura normativa, el documento desarrolla siete grandes líneas de intervención que abarcan desde la formación integral del alumnado hasta la modernización curricular y la organización institucional de los centros.
El primer eje plantea fortalecer la adquisición de valores, actitudes y hábitos considerados necesarios para favorecer la equidad, mejorar los resultados escolares y facilitar la futura empleabilidad. Esta perspectiva vincula el rendimiento académico con aspectos como la responsabilidad, el esfuerzo, la perseverancia y la convivencia, y propone que su desarrollo forme parte explícita de la acción educativa.
El segundo ámbito sitúa al profesorado en el centro de la reforma. El proyecto propone revisar tanto los mecanismos de acceso a la profesión docente como los incentivos y oportunidades disponibles a lo largo de la vida laboral. Para ello, contempla un plan de carrera profesional que permita reconocer la experiencia, la formación, la innovación y la asunción de responsabilidades dentro de los centros.
La tercera línea apuesta por orientar el sistema hacia la mejora de los resultados mediante un modelo integrado de evaluación. El documento atribuye a las evidencias un papel relevante para identificar dificultades, valorar el impacto de las políticas y tomar decisiones informadas. La evaluación se presenta así como una herramienta para mejorar, y no únicamente como un mecanismo de calificación o clasificación del alumnado y los centros.
Una de las medidas de mayor alcance sería la extensión hasta los 18 años del concepto de enseñanza básica, obligatoria y gratuita, con fórmulas adaptadas a las distintas trayectorias de los estudiantes. La propuesta busca reforzar el sistema de oportunidades y reducir el abandono educativo, evitando que la ampliación de la escolarización implique necesariamente mantener a todo el alumnado en un itinerario académico uniforme.
Dentro de esta reorganización, la educación secundaria se dividiría en dos periodos de tres años. El planteamiento pretende facilitar una transición más gradual entre etapas y ofrecer respuestas diferenciadas conforme avanza la formación. La monografía no limita esta diversificación al Bachillerato, sino que la relaciona también con la Formación Profesional y con otros recorridos capaces de conducir a una titulación y mantener abiertas las posibilidades de continuidad educativa.
La Formación Profesional constituye, precisamente, otro de los pilares del texto. La propuesta plantea su homologación formal a un Bachillerato Profesional, una integración más estrecha con el empleo y una mejora de las vías de acceso a la educación superior. Con ello se busca superar la tradicional consideración de la FP como una opción secundaria y consolidarla como una trayectoria formativa de prestigio, conectada tanto con las necesidades productivas como con el desarrollo personal del alumnado.
El sexto eje se centra en el fortalecimiento institucional de los centros educativos. La monografía propone ampliar su autonomía para adaptar la organización, los recursos y las estrategias pedagógicas a las características de su alumnado. Esa mayor capacidad de decisión estaría vinculada a una rendición de cuentas efectiva, al análisis de los resultados y a la obligación de diseñar planes de mejora cuando se detecten dificultades.
Este enfoque incluye también una mayor profesionalización de la dirección escolar. El proyecto concede a los equipos directivos una función estratégica en la definición de objetivos, la coordinación docente y la evaluación de las actuaciones. La autonomía, por tanto, no se plantea como una desvinculación de la Administración, sino como un equilibrio entre libertad de gestión, responsabilidad institucional y apoyo a los centros para impulsar procesos sostenidos de mejora.
El último eje aborda la modernización de los contenidos curriculares. La propuesta defiende la prioridad de los aprendizajes profundos y del dominio de conocimientos que permitan comprender, relacionar y aplicar lo aprendido en situaciones diversas. Frente a la oposición entre conocimientos y competencias, el documento sostiene que una base sólida de saberes es necesaria para desarrollar capacidades de análisis, razonamiento y resolución de problemas.
La publicación presenta estas medidas como una aportación a un debate educativo condicionado por la complejidad, la rapidez de los cambios y la dificultad para anticipar sus consecuencias. Seis años después de su elaboración, el proyecto se ofrece no como una iniciativa parlamentaria en tramitación, sino como un material para contrastar diagnósticos y alternativas sobre el futuro del sistema. Su recuperación permite conocer una propuesta que quedó fuera del procedimiento legislativo y que ahora busca alimentar una deliberación educativa de fondo.
